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Bruselas presentará cargos contra Google por su sistema Android

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Un ciclista pasa frente a la sede de Google en California. FOTO: GETTY | VÍDEO: EL PAÍS-QUALITY

  • Competencia prevé aprobar este miércoles la segunda ofensiva al gigante tecnológico

Bruselas carga por segunda vez contra Google. Un año después de lanzar la primera ofensiva por supuesta vulneración de la competencia en su buscador de compras, la Comisión Europea prevé aprobar mañana un pliego de cargos por Android, el sistema operativo para móviles del gigante estadounidense. Competencia acusa a la firma de obligar a los fabricantes que optan por Android a incorporar en sus teléfonos algunas de las aplicaciones de Google, sin que el consumidor las haya elegido. La decisión se comunicará mañana al colegio de comisarios, según ha adelantado el diario Financial Times y han confirmado a EL PAÍS fuentes comunitarias y del sector tecnológico.

El pliego de cargos representa la primera fase en el proceso de infracción que se abre a una compañía por presuntas prácticas anticompetitivas. A partir de ese momento, la entidad puede realizar alegaciones y, si en última instancia no convence a la Comisión Europea de la legalidad de su comportamiento, se arriesga a multas de hasta el 10% de su facturación. En el caso de Google, esa cantidad rondaría los 6.500 millones, aunque Bruselas nunca ha impuesto una sanción de esa magnitud.

Los servicios europeos de Competencia llevan un año recabando información para determinar si los protocolos de Android transgreden el libre mercado. “Nuestra preocupación es que, al exigir a los fabricantes de los teléfonos y a los operadores que incorporen una serie de aplicaciones de Google, en lugar de dejarles decidir por sí mismos, Google puede haber interrumpido una de las mayores vías por las que los consumidores pueden acceder a nuevas aplicaciones”, desgranó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en un discurso pronunciado el lunes en Ámsterdam.

El sistema Android, con sus correspondientes aplicaciones, está instalado en el 83% de los móviles, según datos de la consultora de telecomunicaciones IDC relativos a 2015. Tres años antes, la cuota de mercado rozaba el 70%. Bruselas trata de indagar si, valiéndose de esa posición privilegiada, Google favorece sus propias aplicaciones (mapas, correo electrónico…) y, por tanto, desplaza a otros competidores. Más allá de la dimensión técnica, el caso encierra fuertes connotaciones políticas. La ofensiva de la Comisión ha creado malestar en Estados Unidos, que considera que la UE está castigando la innovación norteamericana. 

Similar a Microsoft

El Ejecutivo comunitario detecta en el gigante de California un comportamiento muy similar al que en su día sancionó en Microsoft, que recibió casi 1.700 millones de multa por incorporar en su oferta para PC el navegador de la compañía, Internet Explorer. El comportamiento de Android ha merecido la denuncia formal de cuatro asociaciones (la primera, Fair Search) que se ven perjudicadas por estas prácticas. El 50% de todas las búsquedas en Internet se hacen ya desde un dispositivo móvil, según datos de esta organización, que engloba a empresas como Nokia o Tripadvisor. Google obtiene enormes beneficios de vincular en un mismo aparato distintas –y valiosas- fuentes de datos del usuario.

Algunos expertos consideran que este segundo pliego de cargos puede suponer mayor amenaza que el primero para el todopoderoso Google. Primero, por incidir en los móviles, que canalizan cada vez más el negocio de Internet. Segundo, porque puede ser más fácil demostrar la violación de la competencia en este terreno, al consistir simplemente en instar a los fabricantes a incluir este paquete de aplicaciones si quieren acceder, por ejemplo, a las actualizaciones por parte de Google.

La compañía niega tajantemente las acusaciones. “Cualquiera puede usar Android, con o sin las aplicaciones de Google. Los fabricantes y los operadores pueden decidir cómo hacerlo y los consumidores tienen la última palabra sobre qué aplicaciones quieren utilizar en sus dispositivos”, asegura un portavoz en respuesta a la argumentación de este caso, avanzada por Vestager en Ámsterdam. La firma ofrece a los fabricantes de teléfonos una opción, denominada Proyecto de Fuente Abierta de Android, sin requerimientos de aplicaciones predeterminadas, pero es muy minoritaria y no garantiza las actualizaciones, alegan fuentes de los demandantes de Google.

Con Android, la Comisión Europea abre una nueva vía dentro de un dossier, el de Google, que amenaza con prolongarse. Tras cinco años de investigaciones e intentos de acuerdos, Competencia lanzó hace un año los cargos relativos al buscador de compras, que presuntamente favorece los servicios de la compañía en detrimento de sus rivales cuando el usuario trata de comparar precios. Pero la firma tecnológica recurrió, pidió aplazamientos y el caso está lejos de ser resuelto. Además, la comisaria mantiene vivas investigaciones similares sobre diferentes servicios especializados de Google (mapas, viajes…), así como otras relativas a sus prácticas publicitarias y al trato de favor otorgado a Youtube.

Un amplio paquete de investigaciones

La de Android no es la primera ni la única investigación abierta por la Comisión Europea contra Google. Estos son otros casos:

  • Buscadores. En 2010, el entonces comisario Joaquín Almunia lanzó la primera investigación que incluía casi todos los elementos ahora sobre la mesa. La principal acusación aludía al trato de favor que Google otorga a sus propios productos en una serie de búsquedas (mapas, viajes, compras...) sin informar al usuario de que pertenecen a la misma empresa y en detrimento de los competidores. Los primeros cargos formales se confirmaron en abril de 2015, relativos al servicio comparativo de precios de Google. 
  • Publicidad. En el paquete inicial de 2010 había dos objeciones sobre publicidad que siguen vivas, aunque retrasadas respecto al resto. Bruselas reprocha la exclusividad que exige el buscador a ciertos anunciantes y la prohibición de llevarse sus campañas a otras plataformas. 
  • Youtube. El Ejecutivo comunitario investiga si el gigante estadounidense privilegia el material de Youtube en las búsquedas de vídeo, como alegan algunos denunciantes. 
  • Impuestos. Aunque la Comisión no le ha abierto ningún caso directo, sí persigue prácticas de ingeniería fiscal que reducen el pago de impuestos por beneficios a las multinacionales en general. Google pactó recientemente con Reino Unido el pago de 172 millones por tributos no abonados.
FUENTE: El País. 

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Europa autoriza a las empresas a leer mensajes privados de WhatsApp de trabajadores

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whatsapp validez legal despido

David Valero. 13 enero, 2016 a las 4:45 pm

Una nueva resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) vuelve a sentar un polémico precedente en material laboral. Los mensajes privados recibidos por un trabajador en apps de chat como WhatsApp, WeChat o Yahoo Messenger podrán ser leídos por los empresarios si han sido consultados durante el horario laboral, según ha reconocido el tribunal de Estrasburgo. Los empleados tendrán que aceptar de este modo que esta clase de mensajes puedan ser leídos por el jefe en el trabajo.
 
Las aplicaciones móviles de chat instantáneo como WhatsApp o Facebook Messenger, se han convertido en una potente herramienta para comunicarnos de manera inmediata con personas que estén al otro lado del país o en la otra punta del planeta. No obstante, el tiempo que le dedicamos al uso del móvil para leer conversaciones, enviar chistes, saludos o cualquier mensaje puede ser en ocasiones excesivo y para una empresa lo es aún más si supone que el trabajador cae demasiado en estas distracciones.

Por ello ahora el TEDH ha afirmado que los empresarios tendrán derecho a leer mensajes privados que hayan sido enviados a través de las aplicaciones móviles de comunicación instantánea a los trabajadores y que hayan sido consultados por los mismos dentro de la jornada laboral, algo que es cada día más fácil gracias a plataformas web o clientes para ordenador. La resolución llega debido a un caso ocurrido en Rumanía, donde un empleado fue despedido de su trabajo porque su jefe leyó los mensajes recibidos en Yahoo Messenger constatando que no hacía un uso exclusivamente profesional de la aplicación y sí que la usaba para contactos privados.

¿Puede aplicarse esta medida en España?

La medida tomada por Estrasburgo está argumentada en que el empresario actúo en aquel caso amparado en la autoridad disciplinaria, justificando el acceso del empresario al chat del trabajador por pensar que era debido a motivos laborales. No obstante, el tribunal cierra contradictoriamente la polémica resolución enfatizando que el espionaje no autorizado debe ser perseguido por la legislación.

Esta resolución afecta a todos los territorios que han ratificado la Convención Europa de Derechos Humanos, con lo que España también estaría sujeta (lo hizo en 1979) y aunque las causas laborales deben ser arbitradas por los tribunales territoriales, en última instancia los casos que lleguen hasta el Tribunal Supremo pueden dar pie a que esta cámara pueda acogerse a la jurisprudencia europea.

FUENTE: ADSLZONE.

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La Unión Europea se prepara para el mercado único digital

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El comisario del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, (izquierda), y el de Economía Digital, Gunther Oettinger / EMMANUEL DUNAND (AFP)
 
  • Bruselas desvela su estrategia para simplificar el comercio 'online' en el territorio comunitario y hacer frente a la pujanza de EE UU, líder del sector

Belén Domínguez Cebrián Bruselas 10 MAY 2015 - 19:36 CEST

La Unión Europea avanza, poco a poco, hacia unas reglas únicas para el comercio online. Bruselas desveló esta semana su estrategia para unir el mercado digital y hacer frente así a la pujanza de EE UU, que tiene el 54% de la cuota del sector virtual. El Ejecutivo de la UE propone 16 estrategias que abarcan desde normas comunes de contratación a un sistema de nube europeo. El objetivo es que sea una realidad en 2016, pero para lograrlo, la propuesta deberá superar un largo camino a través de las instituciones europeas.

La reforma que prepara Bruselas para que unas normas conjuntas rijan en todo el comercio electrónico de la UE debe pasar su primera prueba de fuego: superar la aprobación del Consejo de los Estados miembros que se celebra entre el 25 y 26 de junio. Si tiene éxito, pasará al Parlamento Europeo. Y después, de vuelta al Consejo. En total, su suerte debería quedar decidida a finales de 2016. Por el camino puede sufrir cambios y ajustes, antes de que los Estados la asuman si tiene éxito.

“Deseo ver una red de comunicación paneuropea con servicios digitales que crucen fronteras y que fomenten la aparición de pequeñas y medianas empresas digitales”, aseguró el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la semana pasada. Las 16 propuestas que deben facilitar la existencia de ese mercado único digital incluyen un intento para armonizar el IVA para el comercio digital o un copyright europeo. La Comisión Juncker ha dejado claros los objetivos sobre los que girará el debate hasta el próximo año, aunque no aún cómo se trasladarían a las legislaciones de los países.

  • Los mismos contratos. La Comisión quiere armonizar las normas de contratación entre empresas y consumidores online. Se trata tanto de bienes físicos como de consumo: un libro electrónico, por ejemplo, o una aplicación. Con esta medida, Bruselas pretende aumentar la confianza de los consumidores, ya que solo el 38% de los europeos se fía a la hora de comprar por Internet en otro país.
  • Facilitar la distribución. El 62% de las compañías europeas afirma que existen demasiadas barreras para poder distribuir en otros países de la UE. La Comisión quiere eliminar trabas y rebajar el precio de distribución, porque cree que así se reducirá también el precio final del producto para el consumidor.
  • Eliminar fronteras. El Ejecutivo comunitario quiere eliminar las fronteras digitales injustificadas a la hora de consumir contenido de un país a otro. Por ejemplo, para que los ciudadanos europeos no tengan restringido el acceso a tiendas virtuales de ningún Estado miembro.
  • Competencia electrónica. En su afán por hacer un mercado más competitivo donde las pequeñas y medianas empresas puedan operar, la Comisión investigará el sector del comercio electrónico en búsqueda de posibles prácticas anticompetitivas o de abuso de poder. Además, en relación con los buscadores, aplicaciones y medios de comunicación, también se ha fijado como objetivo prioritario determinar y regular la relación entre las plataformas digitales y sus proveedores, y quiere controlar si la promoción de sus propios contenidos pone en desventaja a sus competidores. La Comisión Europea acusó el pasado mes al gigante estadounidense Google de llevar a cabo prácticas anticompetitivas. Según el documento, Bruselas estudiará a partir de ahora fórmulas legales en Internet para evitar posibles abusos similares.
  • Un ‘copyright’ europeo. La hoja de ruta incluye también crear un copyright a nivel europeo para finales de 2015 y para ello facilitará la expedición de licencias de derechos. El objetivo es que los consumidores tengan más y mejor acceso a todos los contenidos generados en la UE y luchar contra la piratería.
  • Un IVA unificado. Este es probablemente uno de los puntos más delicados de la propuesta, porque atañe a un tema fiscal sobre el que existe mucha disparidad en la UE: el IVA. El objetivo es lograr armonizarlo para el comercio digital. La Comisión hace hincapié incluso en su intención de minimizar este IVA para impulsar que las pequeñas y medianas empresas entren en el comercio electrónico. La UE propone también simplificar la gestión de este impuesto a las empresas, reduciendo sus trámites administrativos.
  • Intercambio de datos. Bruselas quiere reforzar el intercambio de datos en el territorio digital comunitario, un asunto cuya directiva debería estar lista a finales de año. El tema es espinoso y ha recibido muchas críticas. Por eso la Comisión, en esta estrategia de mercado único digital, dice que se asegurará de que se respeta la privacidad con más ciberseguridad en la red. En la propuesta se incluye, además, la posibilidad de lanzar “una nube europea”, es decir, un espacio digital europeo a través del que los usuarios puedan acceder a sus contenidos.
  • Más digitalización. Bruselas, más allá del comercio digital, quiere animar a otros sectores de la economía a entrar en el mundo digital, en especial la sanidad, la energía o el transporte. La Comisión considera a los tres sectores son “críticos” para dar alas al desarrollo digital de la UE.

¿Cómo afectan los cambios a los implicados en el comercio digital?

El objetivo básico de la hoja de ruta de Bruselas es lograr un mercado digital con menos fronteras y los mismos derechos y deberes en todo el territorio de la UE. A cada uno de los implicados, cree Bruselas, le aportará beneficios distintos.
  • Consumidores. La comisión cree que, tras la aplicación de las medidas anteriores, los consumidores estarán más protegidos a la hora de comprar por Internet y tendrán u abanico más amplio en las ofertas al haber entrado al mercado más compañías. Se bajarán los precios de distribución y entrega para las empresas lo que repercutirá en el bolsillo del destinatario final.

  • Pymes y 'start-ups'. Con medidas como la eliminación del bloqueo geográfico, la Comisión pretender facilitar la entrada en el sector a pequeñas empresas. La propuesta de rebajar el IVA beneficiará a los pequeños negocios, pues el precio final del producto será más atractivo para el comprador.

  • El sector creativo. Con la unión digital, el mercado no solo se amplía y diversifica sino que se facilita la compraventa entre los 28 países de la UE. Habrá, según Bruselas, unas reglas más justas para todas las partes, incluyendo las intermediarias, mediante el control de la protección del copyright en todo el territorio comunitario. De esta forma también se combatirá la piratería.

  • Industria. Tendrán ahora un camino más regulado a la hora de operar sin incurrir en ilegalidades y existirá más competencia. Habrá inversión pública para desarrollar un programa de ciberseguridad del que se beneficiaría la industria digital. Y, por último, la Comisión opina que se elevarán los estándares en cuanto a la interoperabilidad, la velocidad y la innovación digital.

FUENTE: El País.
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Europa pasa a la ofensiva contra Google

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Logo de Google en las oficinas del gigante estadounidense en Berlín. / Bloomberg

  • Bruselas presenta este miércoles un pliego de cargos contra el gigante estadounidense y abre una dura batalla política y comercial

Claudi Pérez / Lucía Abellán Bruselas 15 ABR 2015 - 08:57 CEST


Europa da un sensacional golpe de efecto en el caso Google. La comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, pasará este miércoles al ataque contra el gigante estadounidense: Bruselas abrirá un pliego de cargos, el primer paso de un proceso que puede acabar en una multa millonaria, por vulnerar las leyes europeas de competencia; básicamente, por abusar de su poderío para discriminar a sus competidores en el continente. La Unión se embarca así en un conflicto con una fuerte carga política. Arremete contra la compañía de bandera del potente sector tecnológico estadounidense, obligada a un cambio en el modelo de negocio si quiere evitar una sanción que, en el peor de los casos, podría ascender a 6.600 millones de dólares (el 10% de su facturación), aunque es probable que el importe definitivo sea muy inferior a esa cifra.

La comisaria Vestager anunciará este miércoles en Bruselas la decisión, que fue comunicada anoche a la compañía norteamericana. En un gesto de arrojo, Vestager viajará después a Estados Unidos y allí expondrá a partir de mañana los argumentos del brazo Ejecutivo de la Unión contra el gigante online por vulnerar las leyes europeas de competencia. Se reunirá con representantes del sector y se verá forzada a justificar su decisión en un entorno hostil, con el Gobierno estadounidense dispuesto a defender los intereses de su industria. El caso entraña una carga política de gran profundidad: afecta a una de las grandes empresas norteamericanas, contra la que litigan editores, agencias de viajes por Internet y otros muchos sectores europeos.

El caso se ha calentado en las últimas semanas, pero se precipita al fin tras una larga investigación, que se ha extendido durante casi cinco años. En Bruselas se vaticinaba desde hacía meses este resultado final. Alguna pista ofreció ya el lunes el comisario de Agenda Digital, Günther Oettinger, que aventuró una decisión sobre Google “en los próximos días”. Oettinger, que manifiesta los recelos alemanes respecto al poderío de la firma estadounidense, avisó en Hanóver: “Tenemos que forzar a los motores de búsqueda a seguir nuestras reglas en Europa”.

El movimiento amenaza con desatar una tormenta política y comercial entre Europa y Estados Unidos. Las crecientes objeciones de la Unión Europea al poder de Google —por el presunto abuso de posición dominante, el control de datos personales y las prácticas fiscales que le permiten eludir buena parte de su tributación en Europa— han molestado a Washington. El propio Barack Obama acusó hace dos meses a la UE de actuar por motivos comerciales en sus procedimientos contra compañías tecnológicas estadounidenses. Y un grupo de congresistas y senadores estadounidenses mandaron cartas de queja al Parlamento Europeo cuando este aprobó un texto en el que pedía desgajamiento de la compañía.

El pliego de cargos no excluye un acuerdo que evite sanciones, pero obliga a Bruselas a afinar su argumentario. La principal objeción (y la que tiene más posibilidades de convertirse en un pliego de cargos inmediato, según las fuentes consultadas) consiste en la presentación que hace la firma de otros competidores en las búsquedas. Cuando un usuario busca un hotel o un restaurante, Google presenta en un lugar destacado sus propios servicios sin advertir de que lo son. El pliego de cargos constituye una etapa fundamental en los procedimientos de competencia, pero no es definitivo. A partir de ahí, la compañía dispone de dos meses para contestar, informarse sobre las objeciones y realizar alegaciones. Si finalmente las autoridades europeas consideran que ha habido infracción, pueden emitir prohibiciones y multar a la compañía con hasta un 10% de su facturación.

Aunque oficialmente la Comisión no ha querido desvelar sus intenciones, los testimonios de algunos de los denunciantes respaldan esa tesis del paso a la ofensiva. “La Comisión pidió a algunos versiones no confidenciales de los documentos que se habían presentado para entregárselos a Google, que puede alegar no haber tenido acceso a suficiente información en este proceso”, ha explicado este martes David Wood, de Iniciative for a Competitive Online Marketplace, asociación que representa a varios demandantes del caso, entre ellos a Microsoft. Este experto cree que el caso podría quedar resuelto para finales de año.

FUENTE: El País.

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El ‘derecho al olvido’ enreda a Google

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El logotipo de la compañía Google en su sede alemana de Berlín, el pasado mes de agosto / Adam Berry (getty )

  • El buscador sondea qué criterios seguir para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

Andrea Nogueira Calvar Madrid 7 SEP 2014

A Gregory Sim, un hombre de negocios de Richmond, lo pillaron manteniendo relaciones sexuales en un tren camino a Londres. Los pasajeros alarmados avisaron a la policía, quien se lo llevó detenido. La historia la recogió el Daily Mail hace seis años. Sim, que debe ser un hombre de los que no olvida una humillación, este verano solicitó a Google que su desliz dejara de aparecer en el buscador. Y lo consiguió. Ejerció el derecho al olvido en Internet que el pasado mayo otorgó a cualquier europeo una sentencia lograda por otro ciudadano de a pie: Mario Costeja. Este español, cansado de aparecer en Google como moroso cuando tecleaba su nombre, reclamó al buscador que hiciera borrón y cuenta nueva. Cinco años después —el pasado mayo—, el Tribunal Europeo le concedía su deseo.

Hace tres meses que se puede pedir al gigante de Internet que olvide un nombre y a sus buzones ya han llegado más de 90.000 peticiones. La mitad han recibido un sí por respuesta, lo que supone que unos 328.000 enlaces no sean localizables con un simple tecleo. Pero el buscador ha tenido que dar marcha atrás en algunos casos tras las protestas de los medios afectados. Para intentar fijar unos criterios de cancelación, la empresa ha creado un comité. El próximo martes arrancan en Madrid una serie de encuentros en diferentes ciudades europeas en las que los expertos debatirán qué arrinconará la web y qué no. En paralelo, han surgido voces contrarias, entre ellas la de la fundación en pro de la libre información Wikimedia, que luchan por su particular derecho al no olvido: dos webs recogen las noticias que están siendo eliminadas.

Telegraph, The Independent o The Guardian han visto cómo algunas de sus noticias se diluyen en el mundo virtual. Pero Google no tiene claro qué criterios seguir a la hora de desindexar las búsquedas. “Se trata de decisiones difíciles”, confiesa en su web. José Luis Piñar, titular de la cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro del nuevo comité del buscador, confirma la dificultad ya que deben “fijar los criterios para evaluar y ponderar los derechos al olvido para miles de casos”. El experto apuesta por definir una serie de “categorías” en las que se puedan encajar las peticiones y que podrían estar listas a principios del próximo año.

“Que no se encuentre en Google no quiere decir que desaparezca”, explica Didac Sánchez, director de Eliminalia, una web especializada en limpiar biografías en Internet. Google cancela de sus resultados de búsqueda los enlaces que llevan a las páginas, pero la información no desaparece de la web de origen. “La sentencia solo habla del buscador, no del editor; hay que diferenciar los actantes”, explica Piñar.

Para evitar caer en el pozo del olvido, Wikimedia anunció el pasado agosto el lanzamiento de una página donde recogería los links que Google les había comunicado que serían desindexados. Son cerca de 50 pero aumentan cada semana. Entre ellos están las páginas de Wikipedia dedicadas a la Banda della Comasina, un grupo criminal activo durante los años setenta en Milán, y a su líder, Renato Vallanzasca. Otro que ha querido desaparecer es Gerry Hutch, conocido como El Monje, acusado de cometer los mayores robos a mano armada de Irlanda.

“Es un grave problema porque atenta contra el derecho de buscar y acceder a información libremente”, opina Jorge Sierra, presidente de Wikimedia en España. Para la organización existe una amenaza contra el conocimiento libre que puede provocar lo que llaman “agujeros de memoria”, que impiden un “acceso completo a una información veraz, neutral y exhaustiva”.

Antes de Wikimedia, un programador estadounidense, Afaq Tariq, fue el primero en crear una página con los enlaces cancelados: Hidden from Google. “Me pareció que ayudaría a entender qué tipo de solicitudes se están haciendo y por quién”, explica en su web. Son los propios usuarios los que envían los links cancelados. La semana pasada, a los 20 ya existentes se sumaban 10 más que conciernen a la cadena BBC. Las noticias son tan dispares que van desde el juicio a tres hombres que poseían material para fabricar bombas (Dublín, 2001), hasta una disputa entre dos familias por Wellie, un fox terrier de pelo duro de Denver en 2002.

Tras la decisión del Tribunal, los internautas dirigieron su mirada hacia los políticos y empresarios envueltos en escándalos de corrupción que podían aprovechar la sentencia. Falta de razón no tenían los acusadores, el primer link en sufrir la guadaña de la censura —obviando el implicado en el fallo— fue el análisis de la BBC sobre el papel del exjefe de Merrill Lynch, Stan O'Neal, en el colapso financiero. El Mundo se sumó a los diarios afectados con una noticia de 2008 relacionada con la promotora Riviera y un posible caso de fraude. El periódico informaba de la prisión bajo fianza para dos de los jefes de esta empresa y de cómo se había producido la detención: a punto de montar en un avión destino a Marruecos. La empresa Eliminalia hizo público que más de 200 políticos habían recurrido a ellos con la esperanza de blanquear su reputación virtual nada más conocerse la sentencia. “El número sigue aumentando”, confiesa su director.

Google no informa de quién solicita hacer uso de su derecho, pero uno de los requisitos es que incluya su nombre. El gigante de Internet reconoce en su web que es posible que no se encuentren “en una posición adecuada para decidir”. Piñar muestran su preocupación por la posición de poder que han ganado los buscadores: “Google sale fortalecido de la sentencia. Antes no era más que une espejo donde se reflejaba la información, ahora se le atribuye un poder de decisión que antes no tenía”.

La gran cuestión latente bajo el debate de criterios es la necesidad de contar con un mecanismo ordenador. ¿Deben ser los buscadores quienes decidan? Piñar considera que es indispensable “analizar este mundo global en el que un enlace cancelado aparece en otra ubicación que no está en Europa. Hace falta un instrumento normativo adecuado al siglo XXI, que intente regular tecnología y privacidad”.
 
Fuente: El País. 

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La UE planta cara a Amazon y Google con una plataforma propia de ‘apps’

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Comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes. YVES HERMAN (REUTERS)

  • Subvencionará con 100 millones a pymes que creen negocios en su proyecto FI-Ware

La Comisión Europea no quiere quedarse atrás en la tercera ola de Internet que llega –tras el 2.0 que supuso las redes sociales– con el Internet de las cosas o con las conocidas como ciudades inteligentes. Por eso ha estado trabajando en la plataforma FI-Ware, que da soporte a la multitud de datos y aplicaciones que se van a generar. Ayer, en Sevilla, los responsables del proyecto anunciaron que las pymes interesadas ya pueden comenzar a desarrollar sus apps basadas en FI-Ware, para lo que contarán con 100 millones de euros en subvenciones.

La plataforma (que contiene en su nombre las siglas FI, de Future of Internet) comenzó a planificarse en 2011 y se pretende que esté a pleno rendimiento en 2016. Para ello, la Comisión Europa invertirá 300 millones de euros. Desde Bruselas se ha querido contar con la participación del sector privado, que codesarrolla la parte técnica y que invertirá hasta otros 300 millones de euros. Entre las empresas participantes se encuentran Telefónica (que además ejerce como coordinadora a través del directivo Juan José Hierro), SAP, Thales, IBM, Ericsson, Atos, Alcatel-Lucent, Orange, Siemens o Intel.

“La UE se ha planteado cuál es su posicionamiento estratégico para el futuro de internet, igual que lo hace en temas clave como energía o materias primas”, señaló durante la presentación Ignacio Ochoa, director de empresas del territorio sur de Telefónica. “Es muy importante el control de las plataformas para los contenidos digitales. La vieja Europa no puede partir con desventaja por una falta de liderazgo”, añadió el directivo.

Actualmente hay dos grandes plataformas que compiten con FI-Ware. Por un lado, está Amazon Web Services y, por otro, Google. Ambas son privadas. El concepto con el que nace la versión europea es el de un entorno abierto a cualquier desarrollador en cualquier lugar del mundo. “FI-Ware es una gran noticia. Es una gran aportación de Europa, con estándares abiertos y con la participación de las empresas”, según Ochoa.

Los desarrolladores, pymes y start-ups podrán crear aplicaciones gracias a un conjunto de servicios en la nube, públicos y por los que no hay que pagar royalties. La UE intenta con este servicio que el internet del futuro no se quede en manos de unos pocos actores. Todavía falta por saber si las empresas acogerán como suyo el proyecto y si lo utilizarán frente a la competencia privada.

Lo que FI-Ware también aporta de nuevo es que las Administraciones públicas podrán volcar sus datos en la plataforma para que las compañías desarrollen aplicaciones en el campo de las ciudades inteligentes o de la salud electrónica. De hecho, Neelie Kroes, comisaria europea de Telecomunicaciones, hizo en septiembre del año pasado un llamamiento a las ciudades a publicar datos en este servicio.

Los expertos señalan que la red volverá a sufrir una revolución con conceptos como el internet de las cosas, es decir, que cualquier objeto tenga sensores que estén conectados a la red y ofrezcan información. También habrá un sinfín de aplicaciones que funcionarán en la nube, permitiendo extraer datos gracias al análisis de lo que se conoce como big data. De ahí surgirán multitud de nuevos negocios.

Empresas pioneras

Los 100 millones de euros en subvenciones para las primeras pymes que desarrollen aplicaciones estarán listos en el mes de septiembre. Se espera que se puedan beneficiar más de 1.000 empresas, mediante ayudas que irán desde los 50.000 a 100.000 euros a fondo perdido. La Unión Europea pretende, con esta inyección de dinero público, que haya unas empresas pioneras que desarrollen las primeras aplicaciones y ejerzan como catalizadoras de otras nuevas propuestas.

Además se han elegido a 16 socios (empresas, universidades, escuelas de negocio…) que ejercerán como aceleradores de los proyectos, que distribuyan el capital y den asesoramiento a las planes de negocio de las pymes. Los sectores empresariales que se pueden beneficiar son variados: logística, salud, ciudades inteligentes o agroalimentación.

Fuente: Cinco días.

El abogado de la UE pide cambiar la directiva de conservación de datos

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  • La norma que obliga a guardar información dos años es una “injerencia” en la vida privada
  • Cruz Villalón cree que entraña “riesgos”

Esperanza Escribano Claramunt Bruselas 12 DIC 2013 - 22:23 CET


La directiva europea sobre conservación de datos es “incompatible” con la Carta de Derechos Fundamentales, según el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón. Es decir, la ley marco que obliga a las compañías telefónicas a recabar y conservar datos sobre las llamadas de los ciudadanos y el uso de Internet durante dos años constituye “una injerencia” en el derecho de los ciudadanos a la vida privada, según Villalón.

El abogado general cree que si los datos de los que disponen estas empresas —a qué número se llama, cuándo, con cuánta frecuencia y duración— se explotaran se podría hacer un “retrato completo y preciso” de la vida privada del cliente. Aunque las empresas no pueden acceder al contenido de las llamadas ni de los mensajes, Villalón alerta sobre el “riesgo” de que los datos que se conservan se utilicen con fines ilícitos, porque no los guardan las autoridades, sino los proveedores. Además, ni siquiera tienen que archivarse obligatoriamente en cada Estado, sino que pueden acumularse “en lugares indeterminados del ciberespacio”, aumentando el peligro de que se filtren a terceros con objetivos “fraudulentos o malintencionados”.

La directiva para la retención de los datos fue aprobada en 2006 —cuando no existían los smartphones (teléfonos inteligentes)—, tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y de julio de 2005 en Londres. En ese momento Reino Unido presionó para que los operadores retuvieran durante dos años los datos de las comunicaciones, por cuestiones de seguridad. Los operadores se quejaron entonces de los costes que representaba para ellos guardar los metadatos —no el contenido— de todas las llamadas que realizan sus clientes. La revisión de la polémica directiva que la Comisión hizo en 2011 también apuntó que la norma tenía algunos fallos y, como ha admitido de nuevo el portavoz de Interior, que debía mejorarse.

Fuentes de la Agencia Protección de Datos de España aseguran que se trata de una directiva “controvertida desde el primer momento por su incidencia en la esfera de la vida privada sobre la que las autoridades de protección de datos han manifestado una opinión crítica en un dictamen del Grupo del Artículo 29”. Añaden sin embargo que “es necesario esperar al pronunciamiento del tribunal, para conocer cómo queda la situación normativa”.

El abogado de la UE se ha pronunciado tras las dudas planteadas por tribunales austriacos e irlandeses. Y es que la directiva de conservación ya había sido denunciada por una sociedad irlandesa de protección de los derechos humanos en el ámbito digital, y por más de 11.000 ciudadanos austríacos, por cómo se aplicaba en ambos países. Alegaron que los datos de sus comunicaciones se trataron y conservaron ilegalmente. La opinión del abogado general no es vinculante, pero los jueces del Tribunal la tendrán en cuenta cuando dicten su sentencia sobre el caso, algo que la Comisión espera que suceda el próximo año.

Villalón propone que Bruselas apruebe una nueva directiva “en un plazo razonable” y suspender mientras los efectos de la declaración de invalidez, para no crear un vacío legal. Aunque estima que bastaría con que los operadores conservaran los datos durante un año, valora que los países de la UE han ejercido sus competencias “con moderación” al establecer períodos de almacenamiento de dos años. Además, reconoce que el objetivo de la directiva es legítimo, porque los Estados deben garantizar que los datos electrónicos están disponibles en caso de que se necesite investigar delitos graves.

La conservación de los datos de las comunicaciones formaría parte de un marco mayor, el de la protección de datos. La presión del lobby estadounidense y los casos de espionaje desvelados por el exanalista de la NSA, Edward Snowden, han ido retrasando la aprobación de una directiva que la Comisión acordó en enero de 2012, y que todavía no tiene visos de ser ratificada definitivamente por la Eurocámara y el Consejo.

Esa ley marco habría tenido que definir, antes de ponerse en marcha, los principios fundamentales imprescindibles para garantizar la protección de la intimidad de los millones de ciudadanos que cada día utilizan un teléfono móvil. Sin embargo, la directiva de 2006 deja esta regulación en manos de los Estados miembros. Lo que el abogado general concluye es que la directiva no es proporcional porque exige a los Estados miembros que los datos se conserven durante dos años, en vez de durante uno.

La reacción de la Comisión sobre el texto del abogado de la UE ha sido prudente. El portavoz de Interior recordó que la evaluación de la directiva de 2011 ya detectó la necesidad de “regular mejor algunos aspectos”. Entre ellos, el propósito con el que se usan los datos, el acceso a ellos por parte de las autoridades y el tiempo que se guardan. El porqué no se han hecho modificaciones dos años después de detectar fallos es una cuestión técnica; según el portavoz, revisar la directiva de conservación de datos no tendría sentido si no se revisara también toda la ley marco de protección de datos.

Fuente: El País.

125 rivales de Google opinarán sobre los cambios del buscador

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  • La Comisión Europea les da cuatro semanas para que envíen sus informes

Reuters Bruselas 29 OCT 2013 - 08:58 CET

La Comisión Europea ha solicitado a 125 rivales de Google informes sobre las nuevas medidas que ha ofrecido el buscador para evitar una multa de 5.000 millones de euros por obstaculizar a la competencia. Tienen cuatro semanas para probar y enviar sus opioniones.

La propuesta inicial de Google en abril fue rechazada por sus competidores, pues dijeron que los cambios solo reforzaban la posición dominante del buscador. Eso llevó a la autoridad antimonopolio de la UE, Joaquín Almunia, a exigir nuevas concesiones de la compañía de EE.UU, que presentó en septiembre, pero que, en un primer momento los denunciantes señalaron que en poco diferían de las iniciales.

Google ofrece mostrar los logos de la competencia en las búsquedas y destacar sus enlaces. En las zonas de anuncios de búsquedas de compras, Google recortará de 10 a 3 centavos las ofertas mínimas que aceptará de los anunciantes. También flexibiliza las condiciones que impiden que los anunciantes muevan sus campañas para otras plataformas, como Yahoo! o Bing de Microsoft .

Los rivales de Google también tendrá un mayor control sobre lo que la empresa puede copiar de sus sitios web. Google propone ahora que sus rivales, que se habían quejado anteriormente de que Google copiaba el contenido de sus páginas sin permiso, decidirá cuáles de sus datos puede copiar Google.

"Hemos hecho cambios importantes para hacer frente a las preocupaciones de la CE, lo que aumenta en gran medida la visibilidad de los servicios rivales y abordar otras cuestiones específicas", dijo el portavoz de Google, Al Verney. "Desafortunadamente, nuestros competidores parecen menos interesados que nosotros en la solución de un conflicto sin fin".

El grupo FairSearch, cuyos miembros incluyen a denunciantes como Microsoft, Expedia, Tripadvisor o el sitio de comparación de precios Foundem, expresó sus dudas sobre la eficacia de la propuesta de Google. "Parece que no hay cambios significativos sobre la propuesta inicial, así que es difícil creer que el nuevo paquete de medidas pueda lleva a un compromiso de todas las partes, como pretende Joaquín Almunia", señaló el abogado de Fairch Serach, Thomas Vinje.

Otro grupo, ICOMP, no cree en los cambios. "Google todavía no parece haber ofrecido algo que pueda evitar que preferencien sistemáticamente sus propios servicios y la manipulación de los resultados, un claro fracaso de la oferta inicial ", dijo el abogado de ICOMP, David Wood.

Fuente: El País.

Eurodiputados piden mayor protección de los datos 'online'

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La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a una normativa de protección de datos más estricta con la información personal de los ciudadanos europeos, que deberán acatar tanto las administraciones como las empresas, así como las redes sociales.

El paquete legislativo propuesto aprobado por los eurodiputados incluye precisamente el derecho a la supresión de información personal en Internet, un punto contra el que han hecho fuerte presión redes sociales como Facebook, que alegan la imposibilidad técnica de borrar todos los datos cedidos previamente a servidores de Internet.

Los eurodiputados abogan por poner al día la normativa europea en este ámbito, que fue aprobada en 1995, antes del auge de Internet, las redes sociales y las compras 'online'.

El paquete legislativo, elaborado a partir de una propuesta de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, incluye la obligación de disponer de autorización explícita para utilizar datos personales, una línea roja para la Eurocámara tras el escándalo del espionaje de la administración de EEUU a ciudadanos e instituciones europeas.

Además, se incentiva el uso de datos "bajo pseudónimo", encriptados, para tratar con información personal sensible de los ciudadanos.

Por otro lado, los europarlamentarios reclaman que las personas que emprendan acciones contra una empresa en defensa de sus datos puedan hacerlo ante sus propias instancias nacionales, aunque la empresa en cuestión tenga sede en otro país de la UE.

Actualmente y por la fiscalidad societaria beneficiosa, la mayoría de grandes compañías de Internet, de Google a Facebook, tienen su sede en Irlanda.

Para el caso de incumplimiento por las empresas, se prevén multas de hasta 400 millones de dólares (292,2 millones de euros) o el 5% del volumen de negocio de las compañías.

Tras el visto bueno de la comisión parlamentaria, será necesario para su aprobación formal la luz verde del pleno de la Eurocámara así como de los gobiernos de los Veintiocho.

Tanto la Eurocámara como la CE buscan aprobar la normativa antes del fin de esta legislatura, en abril de 2014, un mes antes de las elecciones europeas, para que no se posponga de nuevo la actualización de la protección de datos personales de los europeos.

Tras el voto, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, señaló que el voto "significa un momento cumbre para la democracia europea".

Reding afirmó que el apoyo de la Eurocámara a la nueva protección de datos personales "conseguirá no solo proteger más a los ciudadanos, sino también recortar costes a las empresas".

Precisamente, el coste económico y burocrático de las obligaciones para las compañías que prevé la normativa, que incluye que las grandes empresas tengan una nueva figura de supervisión de datos, es el principal motivo de oposición de algunos socios europeos a la hora de respaldar la propuesta.

Fuente: El Mundo.

El móvil es caro en España aunque las estadísticas de la UE exageren

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 Un usuario sostiene su smartphone. / ANDREW GOMBERT (EFE)

  • Las tarifas 'low cost' de la francesa Free o la británica GiffGaff están a años luz de las españolas.
  • Las compañías se quejan de la falta de rigor de la Comisión Europea en sus datos.
 
Ramón Muñoz Madrid.


Llamar por el móvil en España es carísimo. Al menos más caro que en 22 de los 27 miembros de la Unión Europea, según ha señalado la Comisión Europea esta semana. Una afirmación que rebaten hasta desgañitarse las compañías que operan en el país porque dicen que esa carestía solo está en las estadísticas chapuceras de Bruselas, y en su metodología equivocada. Así que la cuestión a resolver ahora es precisamente esta: ¿es caro el móvil o son falsas las estadísticas comunitarias?

Ambos asertos son verdades, pero verdades a medias. Y es que si bien los datos que maneja la Comisión van siempre con años de retraso y no recogen verazmente la realidad del mercado (no tienen en cuenta los paquetes ni las promociones), pero lo cierto es que planes de tarifas de las nuevas compañías low cost como la francesa Free o la británica GiffGaff son mucho más baratas que las de compañías españolas.

El debate se ha reproducido al hacer público esta semana la Comisión Europea un informe (en realidad, una página) en el que se concluye que llamar en España (y en Malta) desde un móvil es solo más barato que hacerlo en Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Cuesta 13 céntimos por minuto, cuatro más que la media de la UE.

Antes que nada, como bien apuntan los operadores, habría que emplear el tiempo en pretérito porque esas estadísticas se refieren a 2011, y desde entonces han pasado muchas cosas en la telefonía móvil. La más relevante es que los precios de las llamadas nacionales de móviles han bajado oficialmente un 20%, según las cifras de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. En efecto, según el último informe trimestral del regulador, el precio medio por minuto a cierre de marzo de este año es de 9,80 céntimos, frente a los 12,28 céntimos de finales de 2011. El dato refleja más fidedignamente la situación del mercado ya que, a diferencia de las cifras de Bruselas, recoge tarifas planas.

Otro indicador que maneja la CMT, el llamado índice de precios, compuesto por una cesta con distintos servicios de telefonía móvil, también arroja un descenso de 13,8 puntos porcentuales desde finales de 2011 a marzo de este año.

Precisamente, una de las críticas que se le hacen a Bruselas es que no tiene en consideración la importante reducción de precios que se ha producido por la comercialización de los servicios empaquetados (fijo, móvil e Internet) como Fusión (Telefónica), Red (Vodafone), tarifas animales (Orange) o los que comercializan Jazztel, Ono y los cableros (R, Euskaltel y Telecable). Las compañías estiman que gracias a estos servicios convergentes las llamadas por móvil se han abaratado hasta un 40%. Además, el peso de los usuarios del móvil que contratan estos paquetes se ha acelerado. Los de fija, móvil e Internet casi alcanzan los tres millones, y representan aproximadamente la mitad de las líneas que se contratan actualmente.



Mayor discrepancia aún plantean las llamadas internacionales, en las que España también aparece como el cuarto país más caro en la clasificación de la Comisión. Para ello ha elegido una tarifa de Movistar (65 céntimos por minuto) de 2011, que resulta casi el triple que el precio medio de las llamadas internacionales que ofrecía la CMT para el último trimestre de 2011 (21,47 céntimos). Desde entonces, han bajado un 12%.

Pero que los cálculos de la UE no sean exactos no quiere decir que las tarifas de móvil españolas sean asequibles. Los nuevos operadores que nada tiene que ver con los exmonopolios están arrasando en Europa, ofreciendo un servicio a un precio que está a años luz de las compañías españolas.

En Francia, Free se ha hecho en el año y medio que lleva operando con más de 6 millones de abonados y el 10% del mercado francés, desplazando a sus tres rivales, Orange, SFR y Bouygues Télécom. La causa está en sus tarifas agresivas. Por 19,99 euros al mes (más IVA) ofrece llamadas ilimitadas de móvil a Francia y Estados Unidos, a fijos de Europa, SMS gratis, y 3 gigas de datos. Además, acaba de sacar una tarifa de llamadas a España a 0,23 céntimos por minuto.

En el Reino Unido, GiffGaff está también arrasando con sus precios competitivos. Por 15 libras al mes, da 400 minutos de llamadas, Internet ilimitados y SMS ilimitados además de llamadas gratis también sin límite (de una hora de duración a lo sumo) entre números GiffGaff. Frente a esos precios hasta las mejores tarifas planas de las compañías españolas palidecen.

En crisis pero a la moda

La crisis golpeó con retraso al móvil. Pero lo hizo con fuerza. En 2012, el primer año negro, la telefónica celular perdió un total de 2,76 millones de líneas, a las que se ha sumado otro millón en los seis primeros meses de este año. Las estrecheces de familias y empresas han llevado a estas a prescindir de las segundas líneas, de ahí que la pérdida sea especialmente sangrante en el segmento de prepago.

Pero en contraste con esa caída, el número de smartphones, los terminales capaces de navegar por Internet y, por tanto, los más caros, se han multiplicado casi por dos en el último año: en 2012 pasaron de 13,9 a 22,4 millones. Esa demanda ha provocado una explosión de la banda ancha móvil, que alcanzó las 54 líneas por cada 100 habitantes, 16,5 puntos mas que un año antes, frente al crecimiento casi nulo de la banda ancha fija (apenas 0,7 puntos respecto a 2011).

De hecho, España es el país entre lo grandes de la UE que mayor proporción de smartphones. Un 63,2% de los usuarios de móvil tiene uno de este tipo, como el iPhone de Apple o la gama Galaxy de Samsung. Esa tasa supera la de Reino Unido (62,3%), Francia (51,4%), Italia (51,2%) y Alemania (48,4%), según la Fundación Telefónica.

Fuente: El País.

La UE refuerza la investigación sobre búsquedas de Google

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Imagen del logo de Google en Nueva York. 
 Imagen del logo de Google en Nueva York. | Afp

Reuters | Bruselas

Los reguladores antimonopolio de la UE reforzaron su escrutinio sobre cómo clasifica Google sus resultados de búsqueda, al preguntar a empresas rivales si aparecer más abajo en la lista afectaba al número de visitas a sus páginas, según un cuestionario de la Comisión Europea.

El documento de dos páginas llega después que la autoridad de competencia de la UE exigiera más concesiones del motor de búsquedas más popular del mundo para calmar los temores de que bloquea los resultados de otros motores de búsqueda.

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, dijo que la oferta hecha por Google a principios de este año de etiquetar sus propios productos en los resultados de búsqueda, proporcionar enlaces a al menos tres sitios rivales y facilitar a los anunciantes irse a plataformas rivales no bastaba.

Sus comentarios están en línea con la opinión de los rivales como el sitio británico de comparación de precios Foundem, de un grupo editorial alemán y del sitio de viajes Expedia, que dijeron que las concesiones podrían reforzar el dominio de Google.
 
Seis nuevas preguntas a los competidores

En cuestionario de seis preguntas se centra en los últimos dos años y medio, pues los reguladores de la UE buscan pruebas de cualquier relación entre la aparición de los demandantes más abajo en la lista en los resultados de búsqueda de Google y un menor tráfico en sus sitios.

"En el período de enero de 2011 a junio de 2013, ¿han percibido un descenso en el número de usuarios que llegan a sus sitios de búsqueda vertical a través de la búsqueda natural de Google que no pueda ser explicado por un cambio en su sitio web?", dice una de las preguntas.

"¿Coincidió con un cambio significativo en la clasificación de las páginas de su sitio web en los resultados de búsqueda natural de Google?", dice otra.

Los receptores tienen hasta el 16 de agosto para responder al cuestionario. La empresa estadounidense podría enfrentarse con una multa de hasta 5.000 millones de dólares si no resuelve este asunto.

Fuente: El Mundo.

La UE rebaja el proyecto de protección de datos para no dañar a las empresas

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  • Bruselas exigirá mañana a Washington explicaciones por su espionaje

Lucía Abellán Bruselas 22 JUL 2013 - 19:34 CET

La comisaria de Justicia, Viviane Reding, el pasado 17 de julio. / T. CHARLIER (AFP)

Europa quiere proteger los datos personales de sus ciudadanos, pero teme que la propuesta de Bruselas para salvaguardarlos dañe a las empresas. Los Estados miembros discuten cómo modificar la iniciativa de la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, con una intención clara de suavizar las exigencias para la industria. El movimiento de las capitales coincide en buena medida con las inquietudes estadounidenses expresadas respecto a esta norma. Tanto el Gobierno como los gigantes del sector llevan casi dos años ejerciendo enormes presiones sobre Bruselas para frenarla, según las informaciones publicadas ayer por este diario, con más de 20 fuentes consultadas.

Cada empresa, organismo público o entidad que maneje datos de usuarios deberá contar con un gestor que garantice el cumplimiento de las reglas comunitarias. Los países temen que, si ese aspecto del reglamento de Reding se aplica como está, los costes para las pequeñas empresas sean insoportables. Y abogan por ceñir esta obligación solo a los casos en los que la información manejada sea sensible, un concepto aún por definir.

No es la única inquietud respecto al impacto en las empresas de la norma de protección de datos, que Europa tramita desde hace año y medio. La industria se había alarmado por la propuesta de la Comisión de que el almacenamiento y la utilización de datos personales requiriesen un consentimiento explícito del usuario en la Red. Pretenden evitar que la navegación se vea interrumpida por preguntas constantes sobre si admite el tratamiento de sus datos. Esa inquietud figura también en las dos cartas reservadas que el Gobierno estadounidense hizo circular en la cúpula de la Comisión Europea para intentar influir en la regulación, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Y se reflejó en las respuestas internas que emitieron los diferentes departamentos comunitarios.

Las grandes firmas del sector (Amazon, Microsoft, Google, Apple…) han orquestado, de la mano de las autoridades estadounidenses, la mayor campaña de lobby que se recuerda en Bruselas. Fuentes europeas confirman que el mensaje ha llegado a todas las instituciones comunitarias, incluidas las embajadas de los Estados miembros, a las que la industria les ha comunicado sus cuitas. Más allá de la preocupación que la salud de las empresas suscita en una Europa sumida en la recesión, las discusiones que mantienen los expertos del Consejo Europeo para rebajar algunas obligaciones empresariales demuestra el éxito de las grandes firmas. “El lobby se está practicando al estilo estadounidense y Europa no sabe cómo reaccionar”, apunta Joe McNamee, director de European Digital Rights, una organización que defiende a los consumidores en la web.

Las empresas ya se atribuyeron algunos logros antes incluso de que la propuesta de la Comisión viera la luz. La Asociación de Marketing Directo consideró una victoria que el texto definitivo de Reding, presentado a finales de enero, no incluyera la intención inicial de que solo se mostrara publicidad directa a los usuarios que hubieran aceptado previamente recibirla. Las empresas del sector temían que ese marketing directo, el principal negocio de Internet, quedase reducido a la mínima expresión si solo se dirigía a voluntarios.

Más allá de las maniobras de los Estados para pactar un texto común, Bruselas acogió ayer la primera reunión de contenido entre la UE y EE UU para discutir sobre el espionaje estadounidense. Un grupo de expertos que representan a todas las instituciones europeas discute desde ayer, y hasta hoy por la mañana, cómo ha afectado esa vigilancia a los europeos. Los representantes de la UE esperan respuestas, aunque el encuentro tiene un perfil más técnico que político.

Fuente: El País.

Competencia registra las sedes de Telefónica, Orange y Deutsche Telekom

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  • Bruselas investiga si frenan servicios de Internet como WhatsApp o Skype

El País Bruselas / Madrid 11 JUL 2013 - 12:47 CET

Las autoridades de Competencia europeas han lanzado esta semana registros en las sedes de grandes compañías de telecomunicaciones europeas, según anunció este jueves la Comisión Europea. Aunque Bruselas no dio nombres de compañías, la española Telefónica, la alemana Deutsche Telekom y la francesa Orange admitieron que están entre las investigadas. Bruselas investiga si esas compañías han abusado de su posición dominante para prestar deliberadamente un mal servicio de conectividad en Internet a algunos proveedores mayoristas como una forma de poner trabas a compañías que ofrecen servicios intensivos en datos como WhatsApp, Skype o webs de descargas.

Las tres grandes operadoras mostraron este jueves su disposición a colaborar con la investigación, pero entre sus directivos había gran irritación. “Este mercado lo dominan los grandes proveedores estadounidenses, por lo que las sospechas no deben dirigirse a nosotros”, señaló Deutsche Telekom, que puso voz al enfado general. Las empresas critican que las autoridades europeas carguen contra ellas cuando se sienten en inferioridad de condiciones con las estadounidenses.

Entre las empresas europeas hay la sensación de que existe un gran desequilibrio entre los servicios de interconexión de datos que se prestan mutuamente (sin facturar por ellos) y consideran que no deben cargar con ese coste extra en beneficio de las firmas de Internet. Aunque ha habido algún acercamiento con algunas de esas compañías, el conflicto sigue abierto. En ese contexto, la empresa estadounidense Cogent, que permite a proveedores de contenidos dar sus servicios a mayor velocidad, denunció en 2011 a Orange por cargos excesivos y mal servicio en el acceso a su red, pero las autoridades francesas de la Competencia rechazaron su denuncia.

La Comisión Europea toma ahora el relevo. Bruselas recordó este jueves que las “inspecciones sorpresa” son un paso preliminar cuando sospecha que se han cometido “prácticas anticompetitivas”, y dejó claro que el hecho de que las haya realizado “no significa que las compañías sean culpables” ni “prejuzga el resultado de la investigación”.

El Ejecutivo comunitario afirmó que los operadores de Internet se conectan entre sí a través de una combinación de servicios mayoristas a fin de cubrir todas las terminaciones posibles. En ese contexto, la conexión a Internet permite a los diferentes actores en el mercado (como por ejemplo los proveedores de contenidos en línea) ofrecer sus productos o servicios a nivel minorista.

Según la Comisión Europea, los registros se realizaron el martes, pero Orange informó de que la inspección de sus oficinas aún continuaba este jueves y podría prolongarse por varios días. Varias decenas de funcionarios europeos accedieron a las sedes de las compañías francesa y alemana, mientras que en el caso español hubo en torno a una docena de inspectores. La filial de Telefónica que presta servicios mayoristas es Telefónica Global Solutions.

Fuente: El País.

El abogado general de la UE da la razón a Google, que no tiene que borrar contenidos de su índice

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Logo de Google 

  • Dice que la actividad de Google implica 'tratar' datos personales.
  • No obstante, restringe de forma importante el llamado 'derecho al olvido'.
  • El dictamen no tiene carácter vinculante, aunque los jueces suelen seguirlo.

J. Gallego | P. Romero | Bruselas | Madrid

El Abogado general del Tribunal de Justicia de la UE cree que Google está sujeta a la legislación de la UE sobre privacidad pero no está obligado a borrar la información sensible de su índice de búsqueda. De esta forma, da la razón al buscador en un caso que enfrenta a España, y en concreto a la Agencia de Protección de Datos, con el gigante informático estadounidense sobre el 'derecho al olvido' en Internet.

El dictamen preliminar no tiene carácter vinculante, aunque los jueces suelen seguir estas recomendaciones en la mayoría de los casos. La sentencia final se publicará dentro de unos meses.

Niilo Jääskinen, Abogado general del Tribunal Europeo de Justicia, afirma que las empresas que operan en la UE deben cumplir con la legislación de protección de datos de cada país, pero que no se puede obligar a eliminar contenidos producidos por otros.

Jääskinen recuerda que Google, en su actividad de búsqueda de información y puesta a disposición de los internautas de la misma, "trata" datos personales, pero afirma que "no se puede considerar al proveedor de servicios 'responsable del tratamiento' de tales datos personales [...] siempre que el proveedor del servicio no indexe o archive datos personales en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la página web".

El abogado sugiere en sus conclusiones que "los derechos de cancelación y bloqueo de datos [recogidos en la directiva correspondiente, la 95/46/CE] no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un proveedor de servicios de motor de búsqueda para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, publicada legalmente en páginas web de terceros, invocando su deseo de que los usuarios de Internet no conozcan tal información si considera que le es perjudicial o desea que se condene al olvido".

Sin 'derecho al olvido' generalizado

Jääskinen considera que "una autoridad nacional de protección de datos no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet que retire información de su índice, salvo en los supuestos en que el proveedor de servicios no ha respetado los códigos de exclusión".

También sostiene que la actual Directiva no establece ningún 'derecho al olvido' generalizado. Por tanto, no puede invocarse tal derecho frente a proveedores de servicios de motor de búsqueda sobre la base de la Directiva, aun cuando ésta se interpreta con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, En particular, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos personales , frente a la libertad de expresión e información y la libertad de empresa.

Precisamente la Unión Europea está negociando ahora una nueva directiva que sí incluirá el 'derecho al olvido' para las personas cuyos datos hayan sido tratados y registrados por empresas tecnológicas como Google o Facebook.

El Abogado general del TJUE sí da la razón a la Agencia Española de Protección de Datos cuando se trata de medir el ámbito de aplicación de las normas que recoge la regulación nacional y la directiva europea. Así, señala que "la normativa nacional de protección de datos es de aplicación cuando establecen en un Estado miembro, a fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado, aunque el tratamiento técnico de los datos se realice en otro lugar".

Google celebra la opinión

Fuentes de Google España celebraron la publicación de la opinión del abogado y resaltaron que da la razón a la compañía en tanto que la actividad que realiza como buscador es de mera indexación, no de 'apropiación' de los datos.

Según la compañía, habrá que esperar a la resolución del TJUE, que se espera para después del verano o finales de este año. Asimismo, destaca que esta visión podría ser una buena fuente de inspiración para la futura directiva de protección de datos, sobre la que aún se discute.

En un breve comunicado, la compañía afirma que "es una buena opinión para la libre expresión". "Estamos contentos de ver que apoya nuestra visión de que la exigencia de los motores de búsqueda para suprimir 'información legítima y legal' equivaldría a censura", concluye.

Origen de las cuestiones

El caso se remonta a 1998, cuando un periódico español de gran tirada insertó dos anuncios de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social. Dicho anuncio, que posteriormente fue colgado en la edición 'online' del periódico, se mencionaba un nombre como propietario de estos inmuebles.

En 2009 esta persona contactó con la editorial del periódico para quejarse porque, cuando introducía su nombre y apellidos en Google, aparecía la referencia a dichos anuncios, a pesar de que el embargo estaba solucionado y resuelto desde hacía años. La editorial alegó que no procedía la eliminación de esos datos puesto que el anuncio se había puesto por requerimiento del Ministerio de Trabajo e instó al usuario a contactar con Google para que eliminara esas referencias a su nombre.

Tras contactar con la empresa estadounidense, el usuario solicitó el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien finalmente reclamó a Google que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. Google interpuso posteriormente un recurso ante la Audiencia Nacional en los que solicitaban la nulidad de la resolución de la AEPD. El tribunal español, a su vez, remitió una serie de cuestiones jurídicas al Tribunal Europeo que ahora han sido resueltas con este dictamen.

Google ha recurrido la decisión, y otros casos similares (más de 180) alegando que corresponde a la fuente original de la información corregirla si es incorrecta y que obligarle a suprimirla del resultado de sus búsquedas constituye un atentando contra la libertad de expresión.

Las cuestiones de la Audiencia
La Audiencia Nacional planteó al Tribunal de Justicia una serie de preguntas para resolver el caso (PDF), cuyas primeras respuestas se conocerán este martes.

En particular, el tribunal español preguntaba si el afectado tiene 'derecho al olvido', es decir a dirigirse a buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona publicada en páginas web de terceros, amparándose en su voluntad de que no sea conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por terceros.

La Audiencia Nacional deseaba saber además si es posible aplicar la directiva de la UE sobre protección de datos para tutelar el derecho a la protección de los datos de un nacional español y que tiene su residencia en España, frente a la empresa Google, que tiene su domicilio fuera de la UE, en Estados Unidos.

Fuente: El Mundo.