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Cómo borrarse de Internet sin dejar ni rastro

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Cómo ejercer el 'derecho al olvido' en internet 
Borrarse de internet es difícil pero no posible.


No nos engañemos: eliminar por completo nuestro rastro de Internet es “harto complicado”, tal y como afirma Joaquín Muñoz, el abogado y socio de Abanlex que ganó el caso por el que se reconoció el llamado “derecho al olvido” digital. Pero no es imposible.

Muñoz nos recuerda que no se puede solicitar directamente el borrado de toda la información relativa a una persona, sino que este proceso requiere identificar uno por uno el contenido que queremos suprimir e iniciar los trámites más adecuados para eliminarlos con una petición individual para cada uno de ellos.

Aun así, en los últimos años, aquellos que se han propuesto ser invisibles en la Red o, por lo menos, hacer desaparecer aquellos datos que les perjudicaban, han visto cómo la jurisprudencia ha ampliado sus derechos hasta permitirles si no un control absoluto sobre la información publicada sobre ellos, sí la capacidad de limitar el acceso a la misma.

A partir de nuestra charla con Joaquín Muñoz, hemos resumido los pasos que debemos dar si queremos impedir la difusión de información personal a través de Internet, así como los requisitos necesarios para lograr ese objetivo. Toma nota.

Reflexiona antes de compartir


El primer paso es el más obvio y el que siempre recomiendan los especialistas en derecho digital: ser consecuentes con nuestras acciones y usar el sentido común a la hora de compartir en la Red nuestros datos, fotos, vídeos o cualquier otro documento que contenga información sobre nosotros.

Muñoz recuerda que hay que ser conscientes de que en el momento en que subimos cualquier contenido a Internet perdemos el control sobre el mismo, ya que puede ser descargado o compartido sin nuestro conocimiento. Por ello, es necesario siempre hacer una reflexión previa acerca de qué queremos compartir en Internet y qué alcance queremos que tenga.

Contacta con el editor
Si la eliminación de la información no está en nuestras manos porque no se ofrece esa opción o porque no hemos sido los que la hemos compartido, debemos contactar con el editor del sitio web en el que están esos contenidos. En los últimos años, la mayoría de páginas web y redes sociales han tenido que habilitar medios de reporte de contenidos ilícitos o que pueden vulnerar algún derecho de los usuarios, como la protección de sus datos, su honor o su propia imagen.

Como veíamos al principio, es necesario identificar los enlaces en los que aparece cada contenido que queremos borrar y pedir la eliminación individual de cada uno de ellos a sus respectivos editores. Sin embargo, Muñoz afirma que en este punto podemos encontrarnos con dos escollos: “La principal barrera suele ser la falta de colaboración de los titulares de las páginas web o redes sociales donde se encuentra la información, porque a pesar de que en la mayoría de ellos existen mecanismos de denuncia de contenidos, la burocracia y plazos que se manejan dejan mucho que desear en la práctica, a menos que estemos hablando de casos graves donde sí actúan con celeridad”. Por otro lado, el hecho de que casi todos los servicios y redes sociales estén ubicados fuera de Europa es también una barrera para los usuarios a la hora de plantear cualquier tipo de reclamación.

Existen varias formas de ponerse en contacto con los propietarios de un sitio, como recoge Google en este enlace.

Ejerce el ‘derecho al olvido’

Si con el anterior punto no conseguimos nuestro objetivo porque el sitio web no hace nada al respecto o no nos concede el borrado, nos queda otra opción: limitar el acceso a esos contenidos que no han sido eliminados. ¿Cómo? Pidiendo a los buscadores que no los indexen. Aquí es donde entra en juego la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 13 de mayo de 2014, por la que se reconoce el llamado “derecho al olvido” y que establece que los buscadores deben ofrecer a los usuarios la posibilidad de reportar aquellos enlaces a páginas web en las que son mencionados y cuyo contenido les perjudica.

A través de esta vía, la información no se borra del site en el que está publicada, pero será menos accesible porque no aparecerá entre los resultados si alguien busca el nombre y apellidos del solicitante. Eso sí, para que se pueda aplicar el derecho al olvido, la reclamación debe cumplir con estos requisitos:
  • Que la información cause un perjuicio al solicitante. 
  • Que la información sea inexacta o falsa, no sea relevante para la opinión pública (puede que lo fuese en el momento de la publicación, pero ya no lo es) o bien esté desactualizada u obsoleta.
  • Que no exista un interés público en conocer la información por la propia importancia de la información o por la persona a la que hace referencia (un político, un famoso, un empresario…). Es decir, si es un hecho noticiable para la opinión pública o hace referencia, por ejemplo, a un terrorista o a un político, no se aplicaría el derecho al olvido.
  • Que no haya otros derechos en juego (derecho a la información o a la libertad de expresión, por ejemplo).
Cada solicitud es evaluada individualmente para buscar el equilibrio entre los derechos en disputa. Una vez que el buscador toma una decisión, el solicitante es informado sobre la misma y, en el caso de que no se vaya a retirar la información, se le explican los motivos.

El derecho al olvido puede ejercerse desde formularios disponibles en los distintos buscadores:
 
Recurre a la vía administrativa o judicial

Si el usuario ya ha agotado todas las vías anteriores y no está conforme con las decisiones adoptadas por los responsables de los sites o los buscadores, puede acudir a una autoridad local con competencia en protección de datos para que revise las respuestas que ha obtenido a partir de sus reclamaciones.

Además, Muñoz puntualiza que si ese contenido publicado puede ser constitutivo de delito (vídeos o fotos íntimas, amenazas o extorsión, por ejemplo) lo que debemos hacer es ponerlo en conocimiento de la Policía o Guardia Civil, que tienen departamentos especializados en la persecución de este tipo de delitos cometidos por vía telemática.

FUENTE:
El País. 

FORMACIÓN RELACIONADA: 

¿Qué hacen con nuestros datos en internet?

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  • La información personal se ha convertido en un producto más de compraventa. Deambular por los mundos real y virtual tiene cada vez menos de anónimo

Gemma Galdon Clavell 12 JUN 2015 - 00:00 CEST

Todos hemos oído alguna vez decir que cuando un producto es aparentemente gratuito, es probable que en realidad lo estemos pagando con datos. Ocurre con las redes sociales, las tarjetas de fidelización de tiendas o supermercados o con un sinfín de aplicaciones que nos ofrecen servicios más o menos relevantes a cambio, solamente, de nuestros detalles personales.

Pero más allá de intuir que nosotros somos el producto, en realidad desconocemos qué se hace exactamente con nuestra información, o en qué consiste y cómo funciona ese pago con datos. En realidad, no es una cuestión sencilla, y cada aplicación cuenta con sus propios procedimientos y lógicas. En el caso de la navegación por Internet, por ejemplo, las empresas y prestadores de servicios nos ofrecen de forma gratuita sus motores de búsqueda, páginas webs y servicios asociados, para leer la prensa, consultar la previsión meteorológica, o estar en contacto con otras personas a través de redes sociales o foros. No obstante, cada vez que entramos en una web estamos descargando automáticamente una serie de microprogramas conocidos como cookies que recaban información de nuestra actividad online y hacen llegar al propietario de la web visitada información sobre nuestra IP, MAC o IMEI (la matrícula de nuestro dispositivo), el tiempo y forma en que utilizamos un sitio concreto u otros sitios que estén abiertos en el mismo momento, identifica si somos visitantes habituales y qué uso hacemos de la página de Internet, en qué secuencia y cómo accedemos a otros sitios, etcétera. Además, es habitual que diferentes empresas paguen al sitio que visitamos para poder instalarnos sus propias cookies, como también lo es que la empresa utilice los datos no solo para sus estudios internos, sino que los venda a terceros.

En realidad, cada vez que visitamos una página con el ordenador, el teléfono móvil o la tableta, recibimos decenas de peticiones de instalación de cookies. Somos, pues, el producto porque a cambio de la información que obtenemos proporcionamos detalles sobre nuestra actividad online y, a menudo, datos personales como nuestro nombre y ubicación, hábitos, tarjeta de crédito, etcétera, de los que no tenemos forma de controlar dónde acaban. Ante esto, el único recurso de autoprotección es o no aceptar cookies y renunciar al servicio, o borrarlas sistemáticamente de nuestro ordenador, algo tan engorroso como limitadamente útil.

Facebook,
una red social utilizada por más de mil millones de personas al mes, dispone de los datos que el usuario deposita voluntariamente en ella, pero también hace inferencias en base a nuestras interacciones con personas e información, las comparte con terceros y elabora un perfil único que le permite determinar qué aparece en nuestro muro, tanto por parte de nuestros amigos como de anunciantes. Todo me gusta o registro a través de Facebook genera información que es analizada y clasificada por algoritmos con el fin tanto de conocernos individualmente como consumidores, como de elaborar perfiles sociales destinados a agencias de publicidad. El registro continúa incluso si hemos cerrado la página: a no ser que salgamos manualmente, las cookies de Facebook continuaran espiando todo lo que hacemos online.

Si, además, hemos instalado Facebook en nuestro teléfono móvil, junto con su aplicación de mensajería, el sistema podrá activar remotamente nuestra cámara o micro, acceder a nuestras fotografías y mensajes, etcétera, y así ir perfeccionando nuestro perfil.

El ejemplo de la navegación web es el más habitual, pero ya no el único protagonista. El mismo despliegue de conexiones no aparentes y de compraventa de datos se produce también cuando utilizamos una tarjeta de fidelización de cliente, que relaciona nuestro patrón de consumo con un nombre, dirección, a menudo unos datos bancarios y las respuestas al cuestionario que habitualmente acompañan la solicitud.

Otro ámbito en el que la recogida de datos es cada vez más relevante es el espacio público. Nuestro incauto deambular por las calles tiene cada vez menos de anónimo, y los sensores que leen los identificadores únicos y la geolocalización de nuestros dispositivos, las cámaras termales y de video vigilancia, las redes wifi, las farolas inteligentes o los sensores de lectura automática de matrículas nos incorporan de forma rutinaria a bases de datos públicas y privadas que en algún lugar le sirven a alguien para obtener un beneficio que ni conocemos ni controlamos.

El ámbito doméstico es quizás el espacio dónde esa monitorización de nuestros movimientos y rutinas para elaborar patrones vendibles aumenta de forma más preocupante: todos los electrodomésticos inteligentes, del contador de la luz al televisor, pasando por la nevera, construyen una red de extracción de datos que quiere perfeccionar la imagen de quiénes somos, qué queremos o qué podemos querer. El reto es ser capaz de adelantarse a nuestras necesidades para tentarnos a adquirir productos o servicios que aún no sabemos que deseamos. Pagamos, pues, dos veces: cuando adquirimos el electrodoméstico o abonamos el recibo de la luz, en euros, y cada vez que le proporcionamos información, con datos personales.

Hay empresas que han empezado a explorar la posibilidad de convertirse en data brokers de los ciudadanos, una especie de corredores de datos que gestionarían nuestra información devolviéndonos una parte del beneficio generado por ella. Que nadie espere hacerse rico: de momento las empresas que intentan abrirse camino en este turbio mundo no dan más que unos cuantos euros al mes a cambio de información tan sensible como datos médicos o bancarios. De momento, el verdadero dinero no se encuentra en la relación entre ciudadanos y servicios que recogen datos. La economía de los datos es aún poco más que una promesa, de la que hasta ahora se benefician muy pocos actores (Facebook o Tuenti, Google, Foursquare, YouTube, etc.), y más por la fiebre inversora que por la cuenta de resultados. Al albor de esta promesa de negocio, eso sí, proliferan los corredores de datos dedicados al cruce de diferentes bases para aumentar el precio de venta de los perfiles generados a partir del cruce de información de actividad online y offline: los informes médicos, por ejemplo, pueden añadir mucho valor a un historial de búsqueda en Internet.

A algunos este escenario no les genera ninguna inquietud. Pagar con información propia abre también la puerta a la promesa de servicios personalizados y atención individualizada. Sin embargo, los corredores de datos no se limitan a cruzar detalles de lo que compramos, con quién interactuamos y qué nos gusta. Este comercio incluye también, y cada vez más, historiales médicos, datos fiscales y de renta o datos bancarios. El tipo de información que puede determinar si se nos concede un crédito, si se nos ofrece un seguro médico más o menos caro o si conseguimos un trabajo. De repente, el precio pagado con información personal emerge como algo totalmente desproporcionado e incontrolable.

Al aceptar nos convertirnos en el producto, pues conviene no olvidar que aceptamos también que se nos pueda acabar apartando del juego, escondidos o ignorados porque nuestro perfil no aporta la solvencia, salud u obediencia esperada.

Gemma Galdon Clavell, doctora en políticas públicas y directora de investigación en Eticas Research and Consulting.


Una vida vigilada


Tecnología y dispositivos que producen o almacenan datos de nuestra actividad cotidiana:

1/6/14. Videovigilancia: las imágenes pueden ser interceptadas.
2. Contadores de luz y termostatos: dan información de hábitos.
3 /4. Televisores inteligentes y consolas: incorporan cámaras y micrófonos.
5. Controles biométricos de entrada y salida.
7. Monitorización remota en el trabajo: capturas de pantalla del trabajador para medir la productividad.
8. Bases de datos personales: pueden contener datos fiscales y de salud de los clientes.
9. Sensores de conteo de personas: monitarizan el flujo de compradores y los tiempos de compra.
10. Tarjetas de fidelización: a cambio de descuentos, crean perfiles del comprador.
11. Ibeacons: envían ofertas a móviles cercanos.
12. Wifi gratuito: se puede ofrecer a cambio de acceso al perfil de Facebook.
13. Abonos de transporte público: tarjetas recargables que producen datos de desplazamientos.
14. Redes de bicicletas públicas: registro de trayectos.
15. Coches: hay sistemas para registrar las matrículas.
16. Telefonía móvil: permite geolocalizar.
17. Cámaras térmicas y sensores sonoros: miden flujo de peatones y niveles de ruido.
18. Mobiliario urbano que detecta presencia de peatones.
19. Sistemas de párking: el pago con tarjeta de plazas azules y verdes genera datos del usuario.

FUENTE: El País.
FORMACIÓN RELACIONADA:

PRIVACIDAD DE FACEBOOK





Fuente: Taringa.com

 Con motivo de las últimas noticias sobre Facebook (http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/06/30/actualidad/1404108700_038585.html), que analizó 689.000 perfiles en inglés sin aviso o consentimiento para analizar su comportamiento alterando el algoritmo que selecciona las noticias que se ven de los amigos, explicamos las notas características de la privacidad de Facebook para nuestro conocimiento:

-Facebook mantendrá siempre nuestros datos, aunque borremos nuestro perfil: se puede salir de la red social, pero la única manera de que desaparezcan todos nuestros datos es borrar uno por uno cada uno de los vídeos, fotos o comentarios que hemos compartido en nuestro perfil desde que empezamos a usar Facebook.

-Facebook sigue nuestros movimientos en toda la Red: Al iniciar sesión desde un ordenador, ‘tablet’ o smartphone, Facebook puede tener acceso a la información de dicho dispositivo (tipo de navegación, ubicación y dirección IP) y a las páginas que se visiten desde éste.

-Si permitimos que «todos» en Facebook nos vean, corremos ciertos riesgos: Si configuramos nuestra privacidad para que "«todos" puedan acceder a nuestra información es como si abrieramos las puertas de nuestra casa a cualquiera que quisiera entrar. Amigos, desconocidos, personas no registradas en Facebook y motores de búsqueda podrán ver nuestros datos.

-Pueden convertir nuestras preferencias en un anuncio para nuestros amigos: Si ‘nos gusta’ una página autorizamos automáticamente a Facebook a mostrar nuestro nombre y foto al lado de un anuncio de dicha página para que lo vean nuestros amigos. Es lo que se llaman «historias patrocinadas», anuncios que se convierten en ‘recomendaciones personales’ que hacemos a nuestros contactos.

-Hay datos que nunca podremos ocultar y otros que no sabemos que Facebook tiene: nuestro nombre, foto de perfil, amigos, paginas a las que hemos dado «me gusta», nuestro sexo y las redes a las que pertenecemos son públicas, por lo que cualquiera puede ver esa información esté o no registrado en la red social y no podremos evitarlo. Lo único que podemos controlar es que esa información no aparezca en los motores de búsqueda a través de nuestra configuración de privacidad.

-Puede que no lo sepamos, pero estamos dando nuestro consentimiento: Cuando solicitamos a través de Facebook muestras gratuitas de un producto estamos dando nuestro consentimiento para que nuestros datos personales lleguen a las empresas que se anuncian en la red social.

-Aunque no estemos o hayamos estado en Facebook, Zuckerberg puede saber cosas de nosotros: Quizás no nos hayamos registrado en Facebook, pero ellos pueden tener información nuestra, aunque sea mínima. Si un usuario proporciona nuestra dirección de correo para invitarnos a formar parte de la mayor red social del mundo, nuestro email quedará grabado en la base de datos de la compañía, aunque podremos hacer que lo eliminen desde la página de ayuda del sitio web.

Fuente: Expansión, El País.


FORMACIÓN RELACIONADA

-Máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS

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Fuente: gesprodat.com


El derecho fundamental a la protección de datos reconoce al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.

La Constitución Española en su artículo 10 reconoce el derecho a la dignidad de la persona. Por su parte, el artículo 18.4 dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

En desarrollo del citado artículo 18.4, fue aprobada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

Tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

La LOPD garantiza una serie de derechos a las personas físicas, titulares de los datos, tales como el derecho a ser informado de cuándo y porqué se tratan sus datos personales, el derecho a acceder a los datos y, en caso necesario, el derecho a la modificación o supresión de los datos o el derecho a la oposición al tratamiento de los mismos.

FUENTE: Agencia Española de Protección de Datos.

 
FORMACIÓN RELACIONADA

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http://www.campus-stellae.com/web/index.php/formacion/derecho-Internet/masters/master-en-derecho-de-Internet-y-de-las-tic

GOOGLE, RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS

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Fuente: Marketinet. com.

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que el buscador Google está obligado a retirar de sus resultados de búsqueda, previa solicitud del ciudadano afectado, todas aquellas páginas que contengan datos personales del solicitante, incluso si la página web de origen no elimina dicha información o ésta información es lícita.

Esta decisión respalda el llamado Derecho al Olvido, por el cual un ciudadano tiene la posibilidad de borrar sus datos personales y su 'rastro' en la Red.

La decisión del Tribunal de Luxemburgo contesta en su sentencia a varias preguntas planteadas por la Audiencia Nacional, a raíz de un recurso de Google contra una decisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que se resumen en tres puntos:

1.- El usuario puede dirigirse directamente a Google para solicitar la modificación o cancelación de datos indexados por su buscador, ya que Google es considerado en parte responsable de dichos datos.

2.- Google realiza un tratamiento de datos, ya que "recoge" tales datos, posteriormente los "extrae", "registra" y "organiza" en el marco de sus programas de indexación, los "conserva" en sus servidores y, en su caso, los "comunica" y "facilita el acceso" a sus usuarios en forma de listas de resultados.

3.- En este caso debe aplicarse la normativa europea de protección de datos, ya que Google trata datos personales y las filiales de Google en Europa son consideradas "establecimientos" en el sentido de la Directiva 95/46, y aunque la actividad de búsqueda no realiza tratamiento de datos personales en España el Tribunal considera sí se realizan "en el marco de las actividades" de dicho "establecimiento".


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Facebook cambia sus normas de privacidad

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 Mark Zuckerberg anuncia cambios en la privacidad de Facebook. / EFE

  • Los usuarios podrán decidir qué información comparten con las aplicaciones que se descarguen

El País San Francisco 1 MAY 2014 - 10:38 CET


Facebook dejará que sus usuarios decidan qué información de su cuenta comparten con las aplicaciones que se descarguen desde la Red. El importante cambio, anunciado el miércoles por Mark Zuckerberg durante la conferencia de desarrolladores F8 que se celebra en San Francisco (EE UU), otorga más poder al internauta para proteger su privacidad.

En los últimos años, Facebook ha facilitado que los desarrolladores de aplicaciones pudieran abrir sesión con la identidad del usuario en la red social o con su cuenta de correo. De esa forma, sus datos los conocían automáticamente no solo la red social, sino también las numerosas aplicaciones que se descargaba. No había posible elección.

Zuckerberg anunció el miércoles el “registro anónimo”, con el que decidir —”línea a línea”— qué tipo de información propia desean que conozca la aplicación descargada. “Al dar a la gente más poder y control, van a confiar más en las aplicaciones. Eso es positivo para todos”, razonó Zuckerberg, tras reconocer que había detectado cierto miedo en el uso del actual sistema de registro por las consecuencias que tiene.

El internauta decidirá si facilita a la aplicación su correo electrónico, la fecha de cumpleaños, o el histórico de los me gusta. El nombre del usuarios y el sexo seguirán siendo visibles a cualquier aplicación. El avance, de todos formas, no llegará antes de unos meses.

Pero a efectos de su negocio, el principal anuncio de Zuckerberg se centró en un servicio que permitirá a los desarrolladores de aplicaciones a insertar publicidad dentro de su software, compartiendo ingresos con Facebook. “Es realmente la primera vez que les vamos a ayudar a obtener ingresos económicos en el móvil”, reconoció el fundador de la primera red social.

En ese terreno, Facebook compite directamente con el servicio AdMob de Google, que ya permite distribuir anuncios en las aplicaciones móviles, y con el MoPub de Twitter.

Facebook genera el grueso de sus ingresos con la publicidad que aparece en las cuentas de sus usuarios, bien en página web o en la aplicación móvil. Mediante la distribución de anuncios a través de una constelación de aplicaciones móviles independientes, Facebook expande de manera efectiva sus espacios publicitarios.

En dos años, Facebook le ha ido recortando a Google el pastel publicitario, especialmente en el móvil. Hace un año, el 30% de sus ingresos provenían del móvil, hoy es el 60%. En un año ha conseguido que la mayoría de sus 1.280 millones de usuarios se conecte desde el teléfono.

Empresas de juegos móviles, como Zynga o King, dependen de su éxito en Facebook. Según Oliver Clark, director europeo de Fiksu, empresa de marketing móvil, no hay mejor lugar de promoción que Facebook. “No es el más barato, pero sí el más efectivo. Su ratio de conversión es 11 veces mayor que el resto”.

Clark destaca la segmentación de públicos por producto. En la campaña internacional de un juego, Fiksu identificó 3,6 millones de variantes, segmentadas por sexo, edad, intereses, geografía y aparatos.
 
Fuente: El País.

Protección de Datos sanciona a Google por "vulnerar gravemente" los derechos de los usuarios

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EFE

  • Impone al buscador una multa de 900.000 euros en España por cometer tres infracciones y declara ilegales los tratamientos de datos personales de su nueva política de privacidad


PÚBLICO Madrid 19/12/2013 11:55 Actualizado: 19/12/2013 15:39

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción a Google por "vulnerar gravemente" los derechos de los ciudadanos.

La resolución, remitida a los medios a través de una nota de prensa, declara la existencia de tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) e impone a Google una sanción de 300.000 euros por cada una de ellas -900.000 euros en total-. También requiere a la compañía para que adopte sin dilación las medidas necesarias para cumplir con las exigencias legales.

Protección de datos ha constatado que Google no da a los usuarios información suficiente sobre qué datos recoge y para qué fines los utiliza, combina los obtenidos a través de distintos servicios, los conserva durante un tiempo indefinido y obstaculiza el ejercicio de los derechos ARCO.

Esta acción forma parte de la actuación coordinada iniciada junto a las Autoridades de Protección de Datos de Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido tras la falta de reacción de Google a los requerimientos previos.

Desde el gigante de las búsquedas han respondido con una escueta nota: "Hemos estado totalmente involucrados con la Agencia Española de Protección de Datos a lo largo de este proceso para explicar nuestra política de privacidad y cómo esta nos permite crear servicios más sencillos y efectivos, algo que continuaremos haciendo. Leeremos con atención su informe y tomaremos una decisión en cuanto a los siguientes pasos a dar".

Trato "ilegítimo" de la información personal
En el marco de la investigación realizada, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha constatado que Google recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros "usuarios pasivos" que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo.

Como consecuencia de ello, la Agencia considera que Google vulnera gravemente el derecho a la protección de los datos personales reconocido a todos los ciudadanos por el artículo 18 de la Constitución Española y regulado en la LOPD.

Las actuaciones de inspección han permitido comprobar que Google recopila información personal a través de casi un centenar de servicios y productos que ofrece en España, sin proporcionar en muchos casos una información adecuada sobre qué datos se recogen, para qué fines se utilizan y sin obtener un consentimiento válido de sus titulares.

En su resolución explica que por ejemplo no se informa con claridad a los usuarios de Gmail de que se realiza un filtrado del contenido del correo y de los ficheros anexos para insertar publicidad. Cuando se informa, se utiliza una terminología imprecisa, con expresiones genéricas y poco claras que impiden a los usuarios conocer el significado real de lo que se plantea. Es demostrativo que en ocho páginas Google emplea hasta en 30 ocasiones términos como "podremos", "podrá", "podrán" o "es posible". Todo ello, sumado a otras expresiones sumamente ambiguas como "mejorar la experiencia del usuario", da lugar a una política de privacidad indeterminada y poco clara.

Por otra parte, Google combina la información personal obtenida a través de los diversos servicios o productos para utilizarla con múltiples finalidades que no se determinan con claridad, vulnerando con ello la prohibición de utilizar los datos para fines distintos de aquellos para los que han sido recabados.

Avisos previos

La AEPD explica que en marzo de 2012 Google modificó la política de privacidad y las condiciones de uso de la mayoría de sus servicios, creando un modelo de tratamiento de datos basado en la transversalidad, posibilitando que la información que una persona facilita para un servicio pueda combinarse con la de otros y utilizarse con cualquier finalidad "generando un uso de los datos personales que excede ampliamente las expectativas que un usuario podría esperar de la utilización de un servicio".

El Grupo de Autoridades Europeas de Protección de Datos (GT29) acordó entonces iniciar una investigación conjunta coordinada por la Autoridad Francesa, la CNIL, que concluyó constatando la incompatibilidad de la nueva política de privacidad con la legislación europea de protección de datos. En octubre de 2012, las Autoridades de todos los Estados de la Unión Europea enviaron una carta a Google en la que se relacionaban los principales problemas y se hacían recomendaciones para cumplir con el derecho europeo, requiriendo que se adoptaran medidas en un plazo razonable. Ante la falta de reacción de Google, el Grupo de Autoridades acordó que las autoridades de los Estados iniciarían acciones coercitivas para garantizar el respeto del derecho a la protección de datos.

Fuente: Público.

Facebook sabe lo que nos callamos

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  • La red social estudia los mensajes que se escriben, pero que no se llegan a enviar

Rosa Jiménez Cano Madrid 19 DIC 2013 - 08:45 CET

Teclear, releer, pero, en el último instante, el arrepentimiento o la duda y el mensaje no se envía. Una rutina muy común para cualquier internauta, pero que en la red social Facebook tiene su eco, aunque sea internamente. La autocensura es el último objeto de análisis por parte del invento de Mark Zuckerberg. Las cosas que no decimos, pero que se piensan primero y se teclean después en la caja dedicada a cambiar el estado, también se registran en Facebook.

Durante el verano de 2012 Facebook guardó todos los ‘estados fallidos’ de 3,9 millones de usuarios. Facebook no oculta, por ejemplo, que recopile muchos otros datos, como las peticiones de amistad que nunca se aceptan. La intención de la red social es conocer mejor a su público, aunque esto signifique registrar lo que nunca se publica, y entre ello se incluye tratar como "error del servicio" que sus usuarios se autocensuren.

Adam Kramer, científico de datos de Facebook, y Sauvik Das, becario durante el verano de 2012, son los autores de un análisis de 15 páginas en el que arrojan algunas conclusiones interesantes. Para empezar, consideraron “autocensura” cualquier actualización de más de cinco caracteres que no se publicó una vez pasados 10 minutos. En el documento insisten en que se puso el foco en el lenguaje HTML y en las interacciones con el formularios, pero no en las palabras clave o en la clase de contenido que nunca salió a la luz. Es decir, no leyeron los mensajes inexistentes.

Durante los 17 días que duró la fase de toma de datos, el 71% de los usuarios estudiados escribieron al menos un estado, un comentario o ambos, y no lo publicaron. De media, 4,52 estados y 3,2 comentarios. Entre los motivos para pensárselo dos veces y no darle al clic, los investigadores encontraron motivos políticos, bien por no encontrar afinidad en la audiencia potencial, o por cuestiones relacionadas con el género.

Descubrieron que las posibilidades para autocensurarse son menores si se trata de un comentario al estado de un amigo, pero mucho más probable si se comienza una conversación en el perfil propio. ¿El motivo? Según los investigadores reside en que se dan respuestas más sucintas y con más conocimiento de la audiencia potencial. Al mismo tiempo, observaron que el nivel de censura era mucho menor en el caso de los grupos de participación restringida, más acotados y con más afinidad entre participantes.

Este estudio es una versión del conocido “abandono del carrito de la compra” en las web de comercio electrónico y ha servido, por ejemplo, para que el servicio de Menlo Park mejore su forma de presentar las noticias. La guerra de la atención y, en consecuencia, la de la interacción, es primordial para el desarrollo de Facebook. "Nuestros resultados indican que el 71% de los usuarios tiene algún nivel de autocensura en el último minuto", señalan los investigadores, que lo achacan a la teoría de la "audiencia percibida" por el que va a enviar su post o comentario. "Las personas con más fronteras en sus temas se censura más; los hombres se censuran más que las mujeres; así como la gente que ejerce mayor control sobre su audiencia, frente a los que tienen una red de contactos más diversa en edad e ideas políticas, que se censura menos". También concluyen que cuanto más jóvenes, menos censura y a más amigos del sexo opuesto, más autocensura.

Fuente: El País.

El abogado de la UE pide cambiar la directiva de conservación de datos

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  • La norma que obliga a guardar información dos años es una “injerencia” en la vida privada
  • Cruz Villalón cree que entraña “riesgos”

Esperanza Escribano Claramunt Bruselas 12 DIC 2013 - 22:23 CET


La directiva europea sobre conservación de datos es “incompatible” con la Carta de Derechos Fundamentales, según el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón. Es decir, la ley marco que obliga a las compañías telefónicas a recabar y conservar datos sobre las llamadas de los ciudadanos y el uso de Internet durante dos años constituye “una injerencia” en el derecho de los ciudadanos a la vida privada, según Villalón.

El abogado general cree que si los datos de los que disponen estas empresas —a qué número se llama, cuándo, con cuánta frecuencia y duración— se explotaran se podría hacer un “retrato completo y preciso” de la vida privada del cliente. Aunque las empresas no pueden acceder al contenido de las llamadas ni de los mensajes, Villalón alerta sobre el “riesgo” de que los datos que se conservan se utilicen con fines ilícitos, porque no los guardan las autoridades, sino los proveedores. Además, ni siquiera tienen que archivarse obligatoriamente en cada Estado, sino que pueden acumularse “en lugares indeterminados del ciberespacio”, aumentando el peligro de que se filtren a terceros con objetivos “fraudulentos o malintencionados”.

La directiva para la retención de los datos fue aprobada en 2006 —cuando no existían los smartphones (teléfonos inteligentes)—, tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y de julio de 2005 en Londres. En ese momento Reino Unido presionó para que los operadores retuvieran durante dos años los datos de las comunicaciones, por cuestiones de seguridad. Los operadores se quejaron entonces de los costes que representaba para ellos guardar los metadatos —no el contenido— de todas las llamadas que realizan sus clientes. La revisión de la polémica directiva que la Comisión hizo en 2011 también apuntó que la norma tenía algunos fallos y, como ha admitido de nuevo el portavoz de Interior, que debía mejorarse.

Fuentes de la Agencia Protección de Datos de España aseguran que se trata de una directiva “controvertida desde el primer momento por su incidencia en la esfera de la vida privada sobre la que las autoridades de protección de datos han manifestado una opinión crítica en un dictamen del Grupo del Artículo 29”. Añaden sin embargo que “es necesario esperar al pronunciamiento del tribunal, para conocer cómo queda la situación normativa”.

El abogado de la UE se ha pronunciado tras las dudas planteadas por tribunales austriacos e irlandeses. Y es que la directiva de conservación ya había sido denunciada por una sociedad irlandesa de protección de los derechos humanos en el ámbito digital, y por más de 11.000 ciudadanos austríacos, por cómo se aplicaba en ambos países. Alegaron que los datos de sus comunicaciones se trataron y conservaron ilegalmente. La opinión del abogado general no es vinculante, pero los jueces del Tribunal la tendrán en cuenta cuando dicten su sentencia sobre el caso, algo que la Comisión espera que suceda el próximo año.

Villalón propone que Bruselas apruebe una nueva directiva “en un plazo razonable” y suspender mientras los efectos de la declaración de invalidez, para no crear un vacío legal. Aunque estima que bastaría con que los operadores conservaran los datos durante un año, valora que los países de la UE han ejercido sus competencias “con moderación” al establecer períodos de almacenamiento de dos años. Además, reconoce que el objetivo de la directiva es legítimo, porque los Estados deben garantizar que los datos electrónicos están disponibles en caso de que se necesite investigar delitos graves.

La conservación de los datos de las comunicaciones formaría parte de un marco mayor, el de la protección de datos. La presión del lobby estadounidense y los casos de espionaje desvelados por el exanalista de la NSA, Edward Snowden, han ido retrasando la aprobación de una directiva que la Comisión acordó en enero de 2012, y que todavía no tiene visos de ser ratificada definitivamente por la Eurocámara y el Consejo.

Esa ley marco habría tenido que definir, antes de ponerse en marcha, los principios fundamentales imprescindibles para garantizar la protección de la intimidad de los millones de ciudadanos que cada día utilizan un teléfono móvil. Sin embargo, la directiva de 2006 deja esta regulación en manos de los Estados miembros. Lo que el abogado general concluye es que la directiva no es proporcional porque exige a los Estados miembros que los datos se conserven durante dos años, en vez de durante uno.

La reacción de la Comisión sobre el texto del abogado de la UE ha sido prudente. El portavoz de Interior recordó que la evaluación de la directiva de 2011 ya detectó la necesidad de “regular mejor algunos aspectos”. Entre ellos, el propósito con el que se usan los datos, el acceso a ellos por parte de las autoridades y el tiempo que se guardan. El porqué no se han hecho modificaciones dos años después de detectar fallos es una cuestión técnica; según el portavoz, revisar la directiva de conservación de datos no tendría sentido si no se revisara también toda la ley marco de protección de datos.

Fuente: El País.

La iniciativa sobre Internet de Dilma Rousseff enfrenta a industria y usuarios

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Dilma Rousseff y Barack Obama. / SERGEI KARPUKHIN (REUTERS)

  • Los especialistas advierten sobre el posible 'efecto boomerang' en el sector de la informática y en la privacidad de los internautas brasileños

Cecilia Ballesteros / Frederico Rosas São Paulo 4 DIC 2013 - 05:20 CET


Tras el escándalo de las revelaciones del espionaje de EEUU a sus aliados desatado por el caso Snowden, Brasil ha enarbolado la bandera del cibernacionalismo para garantizar la protección de datos y la transparencia en Internet. Además de las desavenencias públicas con Barack Obama después de conocerse que Washington espió las comunicaciones de la presidenta y a empresas como Petrobras, el Gobierno de Dilma Rousseff desempolvó con urgencia un viejo proyecto de ley - el llamado Marco Civil -, una especie de Constitución de Internet para intentar salvar a Brasil del radar estadounidense o de los tentáculos de Google o Microsoft, algunas de las compañías que colaboraron con la NSA.

El aspecto más polémico de la ley, cuya idea surgió hace seis años y que se debate estos días en el Congreso brasileño, es el que podría obligar a los grandes proveedores de internet que operan en el país a nacionalizar sus bases de datos y a guardar los registros al menos durante un año. Un miembro del Gobierno hizo público, además, un plan para crear un cable submarino alternativo que evitaría el territorio de Estados Unidos, pero que enlazaría el país con Europa, Asia y África. E incluso Rousseff anunció en su Twitter la creación de un correo electrónico encriptado, dependiente de una red local que no atravesara suelo estadounidense.

La polémica ha estallado porque estos pasos apuntan de lleno a lo que será, según los especialistas, la próxima batalla de la Red: libertad o control, gobiernos o ciudadanos, sobreexposición o derecho al olvido digital. De hecho, varios gigantes de la informática y algunos medios de comunicación anglosajones han acusado a Rousseff de querer aislar a su país. La han llegado a comparar con los dirigentes chinos e iraníes y han alertado sobre los efectos indeseados de la ley como ahuyentar la inversión extranjera en este sector y condenar a los internautas brasileños a la segregación digital, pese a que en algunos países europeos existe una legislación parecida que protege cierta información sensible.

“Me preocupa más la balcanización de la Red que el caso Snowden”, llegó a decir el presidente de Google, Eric Schmidt. La iniciativa también ha dividido a los proveedores brasileños. ABRINT (siglas de la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet) ha mostrado su apoyo al Marco Civil y apuesta por la neutralidad de la Red, mientras otra asociación del sector, ABRANET, se ha mostrado en contra de las algunas modificaciones que, según ellos, ponen en riesgo la libertad de expresión.

“Tiene muchos aspectos positivos, pero puntos negativos”, dice Ronaldo Lemos, uno de los abogados que redactó el primer borrador del proyecto de ley que era, en sus orígenes, mucho menos controvertido, según sus palabras. “La obligación de instalar los centros de procesamiento de datos en Brasil puede disuadir a las empresas extranjeras de ofrecer sus servicios, ante el temor de aumentar sus costes, y ser un obstáculo para las compañías brasileñas que pretendan instalarse en el mercado local o global”, asegura.

“Y además”, añade Lemos, “paradójicamente podría conseguirse el efecto contrario al que dice perseguir el Gobierno: que los internautas queden desprotegidos y sus datos salgan a la luz pública. El texto original establecía que, para proteger la privacidad, el almacenamiento de los registros sería facultativo y no obligatorio (aunque podía ser requerido de forma oficial). Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que esos dispositivos puedan alterarse y los datos de acceso de todos los brasileños tengan que ser obligatoriamente almacenados lo que sería negativo para su privacidad, que es lo que se debería proteger˜.

Lemos no es el único especialista que piensa así. Otros ven en esta medida un componente económico y proteccionista, continuación de la llamada reserva informática (las restricciones impuestas por Brasilia a este sector entre durante 20 años, hasta 1992) que pretendía crear una industria nacional con la ayuda de un férreo sistema impositivo. Instalar un centro de almacenamiento cuesta en Brasil unos 60,9 millones de dólares, comparados con los 48,7 que cuesta en México y los 43 en Estados Unidos, y según un informe de la consultora Cushman & Wakefield en 2012, Brasil está clasificado en el último lugar de 30 países analizados con respecto a la seguridad digital, debido a las altas tarifas eléctricas, al bajo nivel educativo y a la dificultad para crear un negocio, pese a que la población es muy activa en las redes sociales y hay más de cien millones de internautas.

“Se trata de una operación complicada tecnológicamente”, dice Carlos Eduardo Lins da Silva, periodista y analista del Wilson Center Institute de Brasil, que también subraya los teóricos perjuicios para el consumidor, mientras que para Joanna Varon, de la Fundación Getulio Vargas, hay infraestructuras mucho más importantes, costosas y a largo plazo que sí diversificarían las rutas de tránsito de datos y que “no empezarían por ahí y mucho menos en una carta de principios como el Marco Civil”.

Según los expertos, tampoco parece que estas medidas logren disuadir a la NSA a dejar de controlar las redes brasileñas, uno de los más importantes nudos de comunicaciones del planeta como mostró un reciente reportaje de la revista New Yorker. La mayoría del tráfico de Internet en Sudamérica y América Central pasa por un edificio, situado en Miami, llamado Network Access Point of the Americas, y la construcción de un cable alternativo costaría miles de millones de dólares y no impediría que Washington siguiera teniendo la facultad de obligar a Google o a Facebook a suministrarles los datos almacenados en Brasil. “De hecho, por la arquitectura actual de la Red, gran parte del trasiego de datos en Internet pasa por Estados Unidos, o sea, siguen sujetos a espionaje. Por eso, en el escenario al que nos enfrentamos ahora muestra como es cada vez más importante tener otras rutas”, dice Varon, para quien lo urgente es que se apruebe el proyecto de ley de protección de datos personales.

Mientras, los esfuerzos brasileños, escenificados en un alegato de Dilma Rousseff en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que se pronunció a favor de la neutralidad y la gobernanza de la Red para evitar lo que llamó “una guerra virtual” han sido muy bien recibidos por la población, en especial por la izquierda, que recuerda la aquiescencia de Washington hacia la dictadura militar entre 1964 y 1985. “Si no hubiera sido por la NSA, este asunto se hubiera postergado hasta 2014. Sin embargo, el tema tiene ahora un gran impacto electoral y se ve con simpatía esa posición de desafío con respecto a Estados Unidos”, asegura Carlos Eduardo Linz da Silva. “Al contrario que sus predecesores, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, Dilma Rousseff no tiene las banderas internacionales que tenían ellos. Así que la presidenta aprovechó bien la oportunidad que le brindó el asunto del espionaje. Al contrario que Angela Merkel, congeló o paralizó la relación con Estados Unidos, y eso no es bueno para Brasil”, concluye.

“Rousseff ha tenido el valor de liderar el debate internacional sobre la privacidad en la Red”, asegura, por su parte, Camille François, investigadora de la Universidad de Harvard (EE UU) que ha trabajado, entre otros, para Google y la Agencia estadounidense de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, en sus siglas en ingles). “Es lo que dijo ante la ONU y lo que podemos leer en el borrador presentado por Alemania y Brasil. Parece dispuesta a buscar un debate internacional constructivo sobre lo que los países pueden esperar y acordar para proteger la libertad individual en la era digital, no un escenario en el que cada uno se refugie en su jardín vallado. Es una conversación abierta en la que han participado expertos, abogados y empresas de Internet, no una serie de anuncios inesperados que no se sabe de dónde salen”.

Controlar la información es una obsesión de todos los Gobiernos y más en el siglo XXI, en el que el avance de las comunicaciones hace casi ingobernable el tráfico de datos, cuyos fines pueden ser o no benéficos. La iniciativa de Dilma Rousseff parece necesaria para regular fenómenos impensables hasta hace poco, pero también es un intento de poner puertas al campo que podría volverse contra ella.

Fuente: El País.

Google llegó a recoger contenidos de conversaciones con 'Street View'

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Imagen de un coche de Google Street View en Madrid.
Imagen de un coche de Google Street View en Madrid. David Castro

  • Una reciente resolución amplía la información proporcionada por Google a la AEPD.
  • Aparecen en la resolución fragmentos de una conversación de usuarios de Messenger.
  • También salen nombres de pila a partir de los nombres de SSID.

DAVID GONZÁLEZ CALLEJA (*) Valladolid PABLO ROMERO Madrid

Una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recoge más detalles acerca de las responsabilidades de Google respecto de la polémica recogida de datos con sus coches para el servicio 'Street View'. En el documento, al que tuvo acceso el Navegante, queda constancia que la compañía recogió ciertos datos sensibles, incluidos nombres de pila y hasta una brevísima conversación de un servicio de mensajería instantánea.

Google afirma que debido a un error humano, no le había hecho llegar a la Agencia varios discos con 277 MB de información captada por los coches de Google en el año 2009 y 2010, entre los que se encontraban 942 SSID, nombres de pila, nombres de empresas como el 'HotelPalace', correos electrónicos, valores de 'cookies' descargadas, dos conversaciones muy breves de Messenger, [sic] "2 años", "m levo de puta madre" y "vale avísame", una cookie de la red social Tuenti, y el nombre de un usuario y su ID de una red social de Eslovaquia.

La compañía, eso sí, se vuelve a disculpar -y así queda reflejado en la resolución- por no haber facilitado inicialmente a la Agencia toda la información que se le había requerido.

De hecho, desde Google han subrayado al Navegante que, en cualquier caso, son sólo tres fragmentos no identificables de conversaciones que se captaron por error. "Trabajamos duro para garantizar derecho a la privacidad en Google pero en este caso no lo hicimos, por lo que rápidamente ajustamos nuestros sistemas para tratar el tema", afirma la compañía en un comunicado. "Los responsables del proyecto no queríamos estos datos y no los hemos usado, ni siquiera los hemos mirado. Cooperamos plenamente con la AEPD en su investigación", asegura.

Desde la AEPD confirman que se trata de una resolución de septiembre que incorpora estos nuevos datos al procedimiento sancionador que se sigue contra la compañía, así como que ha trasladado dicha información al juzgado que sigue la causa contra Google por 'Street View'.
Parte de un largo proceso

A mediados de 2010, tanto Protección de Datos como el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid abrieron distintos procedimientos dirigidos a determinar la posible existencia de infracciones de la normativa de protección de datos y delitos informáticos de descubrimiento y revelación de secretos, respectivamente.

En agosto de 2010, el juzgado citó como imputado al representante legal de Google en España para que aclarase qué información de usuarios de redes WiFi captó durante la toma de datos de Street View. Entonces, la AEPD suspendió la tramitación de su expediente sacionador hasta la resolución del procedimiento judicial.

Se acusaba a la compañía de utilizar sus coches en España para recopilar datos de localización de las redes WiFi, datos SSID -identificadores de redes inalámbricas-, direcciones MAC -los números que identifican la dirección física de los dispositivos de red, como las tarjetas de red- y datos de tráfico asociados a las redes WiFi (datos transferidos mediante redes abiertas).

Ya hace tres años, la propia agencia comunicaba que había "verificado la captación de datos de localización de redes WiFi con identificación de sus titulares, y de datos personales de diversa naturaleza del contenido de las comunicaciones como: direcciones de correo electrónico -con nombre y apellidos-, mensajes asociados a dichas cuentas y servicios de mensajería, o códigos de usuario y contraseñas, entre otros". Asimismo, también se verificó "la transferencia internacional" de dichos datos.

Para la AEPD, la captación de señales de redes inalámbricas podría suponer la infracción de los artículos 6, 7 y 33 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que conllevaría la imposición de multas por valor de hasta 600.000 euros.

No es descabellado imaginarlo; en EEUU, el pasado mes de marzo, Google llegó a un acuerdo con 38 estados para pagar únicamente siete millones de dólares de multa por recopilar datos a través de redes inalámbricas durante el servicio de fotografiado de calles.

(*) David González Calleja es abogado especialista en Nuevas Tecnologías y Protección de Datos y responsable de Delere.es, despacho dedicado a la protección de la reputación en Internet.
Fuente: El Mundo.

Buscando un guardián para la nube

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El espionaje masivo e internacional de la agencia estadounidense NSA ha evidenciado la inseguridad en las comunicaciones. / GETTY

  • Para el ciudadano medio, el problema no es tanto quién le espía sino a quién cede datos voluntariamente. Hay dudas sobre quién y cómo debe gestionar nuestra información privada

Javier Martín Madrid 14 NOV 2013 - 00:17 CET


Espías los ha habido siempre, y cajas fuertes en casa, también; lo novedoso es confiar todos nuestros datos, nuestras claves, nuestras fotos y las de amigos y familiares a alguien que no conocemos ni sabemos dónde está. Es la nube, el cloud computing, un ente como de Star Trek, pero que no es tan anónimo ni tan inmaculado como se creía. Alguien tiene acceso a todos esos contenidos, y no es, precisamente, su propietario.

El espionaje masivo e internacional de la agencia norteamericana NSA ha sacado a la luz la inseguridad de las comunicaciones de los ciudadanos —entre ellos, algunos destacados gobernantes—, pero también la inseguridad de las grandes empresas de Internet, de Microsoft a Google, de las redes sociales, como Facebook o Twitter, y de sitios comerciales, como Amazon o Apple Store.

“Hace 27 años usábamos otras redes. En España, RedIris. En 1994 la web comenzó a llegar a empresas y particulares. Fue entonces cuando percibimos que Internet no tenía fronteras”, rememora Víctor Castelo, responsable de Comunicaciones y Seguridad de la Secretaría General Adjunta de Informática del CSIC.

Castelo, con Juan Antonio Orgaz, Andreu Veà y David Hernández, participó el martes en Madrid en el V Foro de Industrias Culturales organizado por la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas, en un debate dedicado a Cloud computing, ¿Apocalípticos o integrados digitales?

“La nube es todo, pero hay niveles”, dice Castelo. “Hay que intentar que las plataformas donde se desarrollan las aplicaciones, como Gmail o Skype, sean lo más abiertas e interoperables posible, que funcionen en diferentes aparatos y evitar que se conviertan en monopolios”. A diferencia de otros productos de los mercados físicos, los negocios de Internet, quizás por el carácter misterioso que da la intangibilidad, cuando triunfan tienden a convertirse en monopolios. “Hay que intentar que (estos productos y servicios) se abran, que haya alternativas, que no seamos esclavos de los servicios de éxito”, pide Castelo.

Según el estudio de Cisco sobre Tráfico en la Nube 2012-17, en ese tiempo las personas multiplicarán por 10 el almacenamiento en la nube de su música, fotos o vídeos, impulsadas por la proliferación de los aparatos móviles y la facilidad y el bajo precio del almacén.

El tráfico en la nube es una explosión, con crecimientos anuales del 35%. En cuatro años será casi cinco veces mayor que el actual, según las proyecciones de Cisco, empresa dedicada a las infraestructuras de Internet. El tráfico en la nube será ya dos tercios del total de Internet en 2017, y afectará tanto al consumo individual (crecimientos anuales del 36%) como a las empresas (crecimientos del 31%).

“La nube abarca un gran número de servicios, desde el correo de Gmail a un servidor deslocalizado en cualquier lugar del mundo”, explica Juan Antonio Orgaz, asesor jurídico de Canal+ . “La nube es el acceso a cualquier servicio digital de manera flexible, con recursos compartidos, de rápida elasticidad y demanda ajustable. Se puede alquilar o subcontratar”.

“Gmail es una nube abierta”, explica Orgaz. “Si hay un ciberataque no discrimina. Si hay un cuello de botella, tampoco. Es un servicio cuyos términos no se leen casi nunca, pero se le está dando permiso para leer el contenido a cambio de incluir publicidad”.

La rápida adopción del tráfico en la nube se debe al poder de sus promotores (de Amazon a Microsoft), a la adopción y migración de las arquitecturas informáticas y a la capacidad de los centros de datos en la nube para manejar cargas de tráfico significativamente mayores. Centros de datos en la nube apoyan el aumento de virtualización, estandarización y automatización. Estos factores conducen a una mayor eficiencia.

“En investigación se va hacia las nubes federadas; es un modelo híbrido pero con cifrado”, explica Castelo, del CSIC. “Si alguien te quiere fastidiar, en la nube, hay riesgo. Así que siempre hay que tener la documentación en al menos dos sitios”.

La consultora Gartner también prevé que esa doble característica de la nube —su facilidad de acceso, pero, a la vez, la complejidad del sistema— abone una rápida externalización del servicio de las Administraciones o servicios públicos a servidores ajenos en detrimento de los propios. Y por tal no se entiende el álbum de boda, sino tu historial clínico. La nube es el último eslabón para el análisis de datos, el big data.

“El genuino poseedor de la llave tendría que ser público”, aboga David Hernández Montesinos, consultor de desarrollo cultural y comunicación. “No todo el mundo se puede permitir una nube personal, pero debería ser la línea a seguir. Pronto habrá servicios asequibles que ofrezcan cierta seguridad”.

Directivos de Microsoft, Facebook y Google negaron con su máxima rotundidad haber colaborado con labores de espionaje ante una escéptica Eurocámara. Juraron una y otra vez que ellos no dejan espiar a los Gobiernos para acceder a datos personales de sus clientes a través de sus servidores por la puerta de atrás.

Las empresas tecnológicas reclaman más transparencia a las Administraciones para poder publicar las peticiones de datos personales, pues se sienten tan víctimas como sus propios clientes. No se enteran cuando les espían, como han demostrado las revelaciones de Snowden.

“No hay puerta de atrás. Punto final”, aseguró la vicepresidenta de Microsoft responsable de Asuntos Legales y Corporativos para Europa, Dorothee Belz, durante su comparecencia ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior de la Eurocámara.

En los últimos seis meses, Microsoft recibió entre 6.000 y 7.000 órdenes y citaciones de las autoridades estadounidenses para recabar datos de sus clientes, según Belz. En el primer semestre de 2013 han rechazado 911 solicitudes por falta de base jurídica. “En casi el 20% de las solicitudes no entregamos nada”, aseguró.

No menos firme fue su colega de Google, Nicklas Lundblad: “No damos acceso ni directo ni indirecto ni sin control. Solo hay requisitos legales de Gobiernos que son examinados y escrutados caso por caso”, recalcó el ejecutivo de Google antes de pronunciar un casi patético: “Os estamos diciendo la verdad”.

Cada seis meses Google, Apple y Microsoft publican su llamado Informe de Transparencia, donde dan cuenta de las solicitudes que les hacen jueces y policías sobre datos de usuarios. Sin embargo, están obligados a callar, por imperativo de la Ley Patriot, si hay solicitudes de los servicios de inteligencia de EE UU. Así que la transparencia es relativa.

En la misma Eurocámara, Richard Allan, de Facebook, recordó que solo el 1% de los dueños de cuentas fueron objeto de “algún tipo de requerimientos por los Gobiernos” el año pasado.

Estas empresas encabezan una petición al Congreso de los Estados Unidos para que haya un control parlamentario de las solicitudes de las agencias de inteligencia y para que solo se puedan requerir “en base a una autorización judicial”.

No mienten como bellacos, simplemente son tan víctimas del espionaje como cualquiera. Gracias a Snowden se ha sabido que la NSA les cogía datos sin que ellas se enterasen; pero eso no sirve de consuelo, sino que aún preocupa más a unos ciudadanos que han confiado claves y recuerdos o la declaración de la renta a las nubes de Google, Apple o Microsoft.

Jimmy Wales, promotor de Wikipedia, la enciclopedia creada por los internautas, ve las peligrosas consecuencias derivadas del espionaje masivo, global y hasta compulsivo. “La gente va a tener miedo de poner los datos en empresas de Estados Unidos, pero también es devastadora para el tipo de trabajo que hago”, ha declarado recientemente. “Si usted es BMW, probablemente no va a confiar más en colocar sus datos en los EE UU”.

Y, una vez más, Estados Unidos se quedará sin argumentos para exigir a otros respeto a las libertades civiles. “Dan a los chinos excusas para ser tan malos como lo han sido ellos... Es realmente vergonzoso”, explicaba la semana pasada, en Noruega, un consternado Wales. “Es un problema enorme, un enorme peligro”.

La alarma de Wales es la de mucha gente y, sobre todo, de algunos gobernantes, que pueden hacer algo por evitar ser espiados. Es el caso de India, Rusia y, principalmente, Brasil, que en estos días tramita la Ley del Marco Civil de Internet.

No se trata de vigilar a los malos, sino de descubrir negocios, inventos, acuerdos, y copiarlos o torpedearlos. Más espionaje industrial que criminal, de lo contrario no se entendería el espionaje de las comunicaciones de la alemana Angela Merkel o de la presidenta de Brasil.

Dilma Rousseff, además de reaccionar con desplante al mismo Obama, promueve la nube local, el almacenamiento en servidores nacionales de todos los datos de ciudadanos brasileños, estén en empresas locales o internacionales, es decir, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter…

La propuesta tiene que ser aprobada en el Parlamento brasileño, aunque ya se han levantado voces en contra, advirtiendo del gasto “inasumible” que les supondría a las multinacionales de Internet. Pero Brasil —o India o Rusia o China, que promueven iniciativas similares— es tan fuerte que deberán adaptarse a la legislación, como lo ha hecho Microsoft en China (aunque no Google, que prefirió llevar las oficinas a Hong Kong) o BlackBerry en India. Brasil es, tras Estados Unidos, el segundo país por número de abonados a Facebook y a Twitter.

Glenn Greenwald, el periodista que publicó las revelaciones de Snowden, reside ahora en ese país y no le sorprende la reacción de la presidenta ante las actividades de la NSA: “Creo que muchos países comenzarán a tomar medidas para no ser tan dependientes de la infraestructura norteamericana”, en una entrevista a The Guardian, donde trabajó hasta hace un mes.

“La Administración también tiene su responsabilidad”, apuntaba Orgaz en el debate Apocalípticos o integrados digitales. “¿Por qué Europa no puede competir con servicios como los que se tienen en EE UU? Al menos, que sirvan para garantizar servicios a empresas. No puede ser que no seamos capaces de reaccionar ante el espionaje gubernamental. Hay que ejercer la ciudadanía”.

Fuente: El País.

España, tercer país que más datos pide a Apple

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 Solo le superan Estados Unidos y Reino Unido, según el informe de la compañía

6 NOV 2013 - 08:22 CET

España es el tercer país del mundo que solicita a Apple más datos e informaciones de sus usuarios, según el informe de Transparencia que ha publicado Apple. Solo es superado por Estados Unidos y Gran Bretaña.

Google comenzó hace unos años a divulgar los llamados informes de transparencia, que significa el número de peticiones que las autoridades gubernamentales, principalmente juzgados y policías, han solicitado sobre usuarios de sus servicios, sus cuentas y sus datos. Posteriormente otras empresas como Microsoft y Facebook fueron dando esa misma información. Apple también comenzó, a raíz de las revelaciones de que todos ellos habían colaborado -a la fuerza por ley- en proporcionar datos a las agencias de seguridad de Estados Unidos.

En este escenario, Apple acaba de publicar su informe. En él España es el país con mayor número de solicitudes de información de enero a junio de este año, exactamente 102, de las que en 19 casos Apple se negó a darlas y en otros 77 casos objetó sin éxito. El número de peticiones desde España solo es superado por Estados Unidos, con un número que va de 1.000 a 2.000 (no se detalla más porque, entre otras cosas, el Gobierno de Estados Unidos impide informar) y el Reino Unido con 127 peticiones. Ya por detrás de España se encuentra Alemania, con 93 solicitudes.

Las empresas tecnológicas, pese a estos informes, tienen prohibido detallar en qué consisten estas peticiones, así como a quiénes ha afectado. Recientemente, las principales tecnológicas remitieron una carta al Congreso de Estados Unidos para que se recortaran las atribucuones de las autoridades en este sentido y que las empresas pudieran publicar claramente los datos solicitados por las diversas agencias de Estados Unidos.

Países como India, Brasil o China han comenzado a planteaarse la creación de una red de servidores propios para garantizrase unas comunicaciones seguras y sin interferencias, al margen de los grandes servicios de correos electrónicos, como Gmail, Yahoo o Hotmail.

Fuente: El País.

Eurodiputados piden mayor protección de los datos 'online'

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La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a una normativa de protección de datos más estricta con la información personal de los ciudadanos europeos, que deberán acatar tanto las administraciones como las empresas, así como las redes sociales.

El paquete legislativo propuesto aprobado por los eurodiputados incluye precisamente el derecho a la supresión de información personal en Internet, un punto contra el que han hecho fuerte presión redes sociales como Facebook, que alegan la imposibilidad técnica de borrar todos los datos cedidos previamente a servidores de Internet.

Los eurodiputados abogan por poner al día la normativa europea en este ámbito, que fue aprobada en 1995, antes del auge de Internet, las redes sociales y las compras 'online'.

El paquete legislativo, elaborado a partir de una propuesta de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, incluye la obligación de disponer de autorización explícita para utilizar datos personales, una línea roja para la Eurocámara tras el escándalo del espionaje de la administración de EEUU a ciudadanos e instituciones europeas.

Además, se incentiva el uso de datos "bajo pseudónimo", encriptados, para tratar con información personal sensible de los ciudadanos.

Por otro lado, los europarlamentarios reclaman que las personas que emprendan acciones contra una empresa en defensa de sus datos puedan hacerlo ante sus propias instancias nacionales, aunque la empresa en cuestión tenga sede en otro país de la UE.

Actualmente y por la fiscalidad societaria beneficiosa, la mayoría de grandes compañías de Internet, de Google a Facebook, tienen su sede en Irlanda.

Para el caso de incumplimiento por las empresas, se prevén multas de hasta 400 millones de dólares (292,2 millones de euros) o el 5% del volumen de negocio de las compañías.

Tras el visto bueno de la comisión parlamentaria, será necesario para su aprobación formal la luz verde del pleno de la Eurocámara así como de los gobiernos de los Veintiocho.

Tanto la Eurocámara como la CE buscan aprobar la normativa antes del fin de esta legislatura, en abril de 2014, un mes antes de las elecciones europeas, para que no se posponga de nuevo la actualización de la protección de datos personales de los europeos.

Tras el voto, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, señaló que el voto "significa un momento cumbre para la democracia europea".

Reding afirmó que el apoyo de la Eurocámara a la nueva protección de datos personales "conseguirá no solo proteger más a los ciudadanos, sino también recortar costes a las empresas".

Precisamente, el coste económico y burocrático de las obligaciones para las compañías que prevé la normativa, que incluye que las grandes empresas tengan una nueva figura de supervisión de datos, es el principal motivo de oposición de algunos socios europeos a la hora de respaldar la propuesta.

Fuente: El Mundo.