¿Qué hacen con nuestros datos en internet?

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• La información personal se ha convertido en un producto más de compraventa. Deambular por los mundos real y virtual tiene cada vez menos de anónimo

Gemma Galdon Clavell 12 JUN 2015 - 00:00 CEST

Todos hemos oído alguna vez decir que cuando un producto es aparentemente gratuito, es probable que en realidad lo estemos pagando con datos. Ocurre con las redes sociales, las tarjetas de fidelización de tiendas o supermercados o con un sinfín de aplicaciones que nos ofrecen servicios más o menos relevantes a cambio, solamente, de nuestros detalles personales.

Pero más allá de intuir que nosotros somos el producto, en realidad desconocemos qué se hace exactamente con nuestra información, o en qué consiste y cómo funciona ese pago con datos. En realidad, no es una cuestión sencilla, y cada aplicación cuenta con sus propios procedimientos y lógicas. En el caso de la navegación por Internet, por ejemplo, las empresas y prestadores de servicios nos ofrecen de forma gratuita sus motores de búsqueda, páginas webs y servicios asociados, para leer la prensa, consultar la previsión meteorológica, o estar en contacto con otras personas a través de redes sociales o foros. No obstante, cada vez que entramos en una web estamos descargando automáticamente una serie de microprogramas conocidos como cookies que recaban información de nuestra actividad online y hacen llegar al propietario de la web visitada información sobre nuestra IP, MAC o IMEI (la matrícula de nuestro dispositivo), el tiempo y forma en que utilizamos un sitio concreto u otros sitios que estén abiertos en el mismo momento, identifica si somos visitantes habituales y qué uso hacemos de la página de Internet, en qué secuencia y cómo accedemos a otros sitios, etcétera. Además, es habitual que diferentes empresas paguen al sitio que visitamos para poder instalarnos sus propias cookies, como también lo es que la empresa utilice los datos no solo para sus estudios internos, sino que los venda a terceros.

En realidad, cada vez que visitamos una página con el ordenador, el teléfono móvil o la tableta, recibimos decenas de peticiones de instalación de cookies. Somos, pues, el producto porque a cambio de la información que obtenemos proporcionamos detalles sobre nuestra actividad online y, a menudo, datos personales como nuestro nombre y ubicación, hábitos, tarjeta de crédito, etcétera, de los que no tenemos forma de controlar dónde acaban. Ante esto, el único recurso de autoprotección es o no aceptar cookies y renunciar al servicio, o borrarlas sistemáticamente de nuestro ordenador, algo tan engorroso como limitadamente útil.

Facebook, una red social utilizada por más de mil millones de personas al mes, dispone de los datos que el usuario deposita voluntariamente en ella, pero también hace inferencias en base a nuestras interacciones con personas e información, las comparte con terceros y elabora un perfil único que le permite determinar qué aparece en nuestro muro, tanto por parte de nuestros amigos como de anunciantes. Todo me gusta o registro a través de Facebook genera información que es analizada y clasificada por algoritmos con el fin tanto de conocernos individualmente como consumidores, como de elaborar perfiles sociales destinados a agencias de publicidad. El registro continúa incluso si hemos cerrado la página: a no ser que salgamos manualmente, las cookies de Facebook continuaran espiando todo lo que hacemos online.

Si, además, hemos instalado Facebook en nuestro teléfono móvil, junto con su aplicación de mensajería, el sistema podrá activar remotamente nuestra cámara o micro, acceder a nuestras fotografías y mensajes, etcétera, y así ir perfeccionando nuestro perfil.

El ejemplo de la navegación web es el más habitual, pero ya no el único protagonista. El mismo despliegue de conexiones no aparentes y de compraventa de datos se produce también cuando utilizamos una tarjeta de fidelización de cliente, que relaciona nuestro patrón de consumo con un nombre, dirección, a menudo unos datos bancarios y las respuestas al cuestionario que habitualmente acompañan la solicitud.

Otro ámbito en el que la recogida de datos es cada vez más relevante es el espacio público. Nuestro incauto deambular por las calles tiene cada vez menos de anónimo, y los sensores que leen los identificadores únicos y la geolocalización de nuestros dispositivos, las cámaras termales y de video vigilancia, las redes wifi, las farolas inteligentes o los sensores de lectura automática de matrículas nos incorporan de forma rutinaria a bases de datos públicas y privadas que en algún lugar le sirven a alguien para obtener un beneficio que ni conocemos ni controlamos.

El ámbito doméstico es quizás el espacio dónde esa monitorización de nuestros movimientos y rutinas para elaborar patrones vendibles aumenta de forma más preocupante: todos los electrodomésticos inteligentes, del contador de la luz al televisor, pasando por la nevera, construyen una red de extracción de datos que quiere perfeccionar la imagen de quiénes somos, qué queremos o qué podemos querer. El reto es ser capaz de adelantarse a nuestras necesidades para tentarnos a adquirir productos o servicios que aún no sabemos que deseamos. Pagamos, pues, dos veces: cuando adquirimos el electrodoméstico o abonamos el recibo de la luz, en euros, y cada vez que le proporcionamos información, con datos personales.

Hay empresas que han empezado a explorar la posibilidad de convertirse en data brokers de los ciudadanos, una especie de corredores de datos que gestionarían nuestra información devolviéndonos una parte del beneficio generado por ella. Que nadie espere hacerse rico: de momento las empresas que intentan abrirse camino en este turbio mundo no dan más que unos cuantos euros al mes a cambio de información tan sensible como datos médicos o bancarios. De momento, el verdadero dinero no se encuentra en la relación entre ciudadanos y servicios que recogen datos. La economía de los datos es aún poco más que una promesa, de la que hasta ahora se benefician muy pocos actores (Facebook o Tuenti, Google, Foursquare, YouTube, etc.), y más por la fiebre inversora que por la cuenta de resultados. Al albor de esta promesa de negocio, eso sí, proliferan los corredores de datos dedicados al cruce de diferentes bases para aumentar el precio de venta de los perfiles generados a partir del cruce de información de actividad online y offline: los informes médicos, por ejemplo, pueden añadir mucho valor a un historial de búsqueda en Internet.

A algunos este escenario no les genera ninguna inquietud. Pagar con información propia abre también la puerta a la promesa de servicios personalizados y atención individualizada. Sin embargo, los corredores de datos no se limitan a cruzar detalles de lo que compramos, con quién interactuamos y qué nos gusta. Este comercio incluye también, y cada vez más, historiales médicos, datos fiscales y de renta o datos bancarios. El tipo de información que puede determinar si se nos concede un crédito, si se nos ofrece un seguro médico más o menos caro o si conseguimos un trabajo. De repente, el precio pagado con información personal emerge como algo totalmente desproporcionado e incontrolable.

Al aceptar nos convertirnos en el producto, pues conviene no olvidar que aceptamos también que se nos pueda acabar apartando del juego, escondidos o ignorados porque nuestro perfil no aporta la solvencia, salud u obediencia esperada.

Gemma Galdon Clavell, doctora en políticas públicas y directora de investigación en Eticas Research and Consulting.

Una vida vigilada

Tecnología y dispositivos que producen o almacenan datos de nuestra actividad cotidiana:

1/6/14. Videovigilancia: las imágenes pueden ser interceptadas.
2. Contadores de luz y termostatos: dan información de hábitos.
3 /4. Televisores inteligentes y consolas: incorporan cámaras y micrófonos.
5. Controles biométricos de entrada y salida.
7. Monitorización remota en el trabajo: capturas de pantalla del trabajador para medir la productividad.
8. Bases de datos personales: pueden contener datos fiscales y de salud de los clientes.
9. Sensores de conteo de personas: monitarizan el flujo de compradores y los tiempos de compra.
10. Tarjetas de fidelización: a cambio de descuentos, crean perfiles del comprador.
11. Ibeacons: envían ofertas a móviles cercanos.
12. Wifi gratuito: se puede ofrecer a cambio de acceso al perfil de Facebook.
13. Abonos de transporte público: tarjetas recargables que producen datos de desplazamientos.
14. Redes de bicicletas públicas: registro de trayectos.
15. Coches: hay sistemas para registrar las matrículas.
16. Telefonía móvil: permite geolocalizar.
17. Cámaras térmicas y sensores sonoros: miden flujo de peatones y niveles de ruido.
18. Mobiliario urbano que detecta presencia de peatones.
19. Sistemas de párking: el pago con tarjeta de plazas azules y verdes genera datos del usuario.

FUENTE: El País.
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• La red social estudia los mensajes que se escriben, pero que no se llegan a enviar

Rosa Jiménez Cano Madrid 19 DIC 2013 - 08:45 CET

Teclear, releer, pero, en el último instante, el arrepentimiento o la duda y el mensaje no se envía. Una rutina muy común para cualquier internauta, pero que en la red social Facebook tiene su eco, aunque sea internamente. La autocensura es el último objeto de análisis por parte del invento de Mark Zuckerberg. Las cosas que no decimos, pero que se piensan primero y se teclean después en la caja dedicada a cambiar el estado, también se registran en Facebook.

Durante el verano de 2012 Facebook guardó todos los ‘estados fallidos’ de 3,9 millones de usuarios. Facebook no oculta, por ejemplo, que recopile muchos otros datos, como las peticiones de amistad que nunca se aceptan. La intención de la red social es conocer mejor a su público, aunque esto signifique registrar lo que nunca se publica, y entre ello se incluye tratar como "error del servicio" que sus usuarios se autocensuren.

Adam Kramer, científico de datos de Facebook, y Sauvik Das, becario durante el verano de 2012, son los autores de un análisis de 15 páginas en el que arrojan algunas conclusiones interesantes. Para empezar, consideraron “autocensura” cualquier actualización de más de cinco caracteres que no se publicó una vez pasados 10 minutos. En el documento insisten en que se puso el foco en el lenguaje HTML y en las interacciones con el formularios, pero no en las palabras clave o en la clase de contenido que nunca salió a la luz. Es decir, no leyeron los mensajes inexistentes.

Durante los 17 días que duró la fase de toma de datos, el 71% de los usuarios estudiados escribieron al menos un estado, un comentario o ambos, y no lo publicaron. De media, 4,52 estados y 3,2 comentarios. Entre los motivos para pensárselo dos veces y no darle al clic, los investigadores encontraron motivos políticos, bien por no encontrar afinidad en la audiencia potencial, o por cuestiones relacionadas con el género.

Descubrieron que las posibilidades para autocensurarse son menores si se trata de un comentario al estado de un amigo, pero mucho más probable si se comienza una conversación en el perfil propio. ¿El motivo? Según los investigadores reside en que se dan respuestas más sucintas y con más conocimiento de la audiencia potencial. Al mismo tiempo, observaron que el nivel de censura era mucho menor en el caso de los grupos de participación restringida, más acotados y con más afinidad entre participantes.

Este estudio es una versión del conocido “abandono del carrito de la compra” en las web de comercio electrónico y ha servido, por ejemplo, para que el servicio de Menlo Park mejore su forma de presentar las noticias. La guerra de la atención y, en consecuencia, la de la interacción, es primordial para el desarrollo de Facebook. "Nuestros resultados indican que el 71% de los usuarios tiene algún nivel de autocensura en el último minuto", señalan los investigadores, que lo achacan a la teoría de la "audiencia percibida" por el que va a enviar su post o comentario. "Las personas con más fronteras en sus temas se censura más; los hombres se censuran más que las mujeres; así como la gente que ejerce mayor control sobre su audiencia, frente a los que tienen una red de contactos más diversa en edad e ideas políticas, que se censura menos". También concluyen que cuanto más jóvenes, menos censura y a más amigos del sexo opuesto, más autocensura.

Fuente: El País.

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• Las redes sociales arrastran a los internautas a dibujar sus perfiles a golpe de clic
• Los expertos coinciden: la privacidad no existe en el ciberespacio y es clave gestionar la imagen y elegir qué enseñar

Alejandra Agudo 17 MAR 2013 - 23:10 CET

 


El 42,5% de los internautas que usan redes sociales en España ha encontrado difícil gestionar la privacidad de su perfil. / Cordon Press

Cuánto se gasta en ropa, qué juegos prefiere, sus creencias religiosas, tendencia política, dónde pasó sus últimas vacaciones, su color favorito, o si es de tomar cerveza, vino o agua en las comidas. Muchos de estos detalles sobre usted están en Internet. Algunos los habrá publicado usted mismo, otros se pueden inferir de su actividad en la Red, qué páginas visita, qué aplicaciones se descarga en el móvil o simplemente de lo que otros dicen de su persona. La información está ahí y no hace falta ser malintencionado para encontrarla, aunque puede ser usada con malas intenciones.

Lo habitual, sin embargo, es que las empresas recaben y crucen datos personales para ofrecer publicidad muy individualizada en función de los gustos de cada uno, incrementando con ello sus posibilidades de venta. Así, la privacidad se ha convertido en la moneda con la que pagamos muchos de los servicios online aparentemente gratuitos. Otras veces, compartimos intimidades simplemente para satisfacer la necesidad humana de comunicarnos, según los sociólogos. Sea de manera intencionada o inconsciente, cada clic de ratón o palabra que escribimos en la blogosfera revela quiénes y cómo somos. Los expertos coinciden: la privacidad en Internet no existe, pero se puede gestionar cuánto enseñamos y qué imagen damos.

Las autoridades de protección de datos del Estado de Schleswig-Holstein (Alemania) prohibieron en agosto de 2011 el uso del botón Me gusta de Facebook porque entendían que violaba la privacidad de los usuarios. Sus sospechas de que esa información podía servir para crear perfiles con hábitos y preferencias de los internautas se han confirmado. Un grupo de investigadores del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge ha desarrollado un modelo matemático que permite deducir con alto grado de acierto la etnia, la orientación sexual, las tendencias políticas y las creencias religiosas de cualquier persona a partir de los Me gusta que ha pinchado en la red social.

Aquella no era la primera vez que Alemania decidía poner coto a la difusión y tratamiento de información personal en la Red. En 2010, el Gobierno de Angela Merkel aprobó una ley que impedía a los jefes husmear en los perfiles en redes de sus trabajadores en busca de datos personales. Tampoco las empresas de reclutamiento podían buscar las vergüenzas online de los candidatos. Los expertos en protección de datos señalan que, en la práctica, este tipo de medidas son muy difíciles de aplicar.

“El único modo de mantener nuestra privacidad online sería no usar Internet en absoluto. Aunque, como es obvio, eso ni es conveniente, ni posible en muchos casos”, opina Ángel Gutiérrez, coautor del libro Comercio electrónico y privacidad en Internet. “Ya no hace falta que revelemos directamente quiénes somos y lo que nos interesa. Los sitios web lo averiguan por lo que hacemos en Internet”, continúa el experto. ¿Para qué? Para ganar dinero. “El negocio es la publicidad”, indica Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad (Apep). Estamos en la era de la publicidad a la carta. Ya lo habrá notado, ayer entró en algunas páginas de automóviles y hoy le persigue por la World Wide Web el anuncio del coche del año. Esta práctica puede ser molesta e invasiva para algunos y una ventaja para otros, porque evita recibir información comercial que no le interesa.

¿No recuerda haber dado permiso para que su actividad online sea rastreada? ¿Tampoco le suena haber autorizado a una aplicación móvil acceder a su libreta de contactos? Seguramente lo hiciera cuando aceptó los términos de uso de los servicios online que utiliza, ya sea un buscador como Google, redes sociales como Facebook o Twitter, o la mensajería instantánea de WhatsApp. Un 42% de internautas no lee la política de protección de datos, según el Eurobarómetro sobre conductas de los internautas en materia de privacidad, de junio de 2011.

“La gente no lee ni configura la privacidad de los espacios online en los que se desenvuelve”, denuncia Martínez. “Lo ponen muy complicado. No solo es que pongan condiciones que no se entienden, sino que además las cambian continuamente. Nos hacen creer que podemos controlar la privacidad, pero no es verdad”, añade Jorge Flores, responsable de PantallasAmigas, web que promueve el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Así, el 42,5% de los internautas que utilizan redes sociales en España ha encontrado difícil gestionar la privacidad de su perfil. Un 7,2% reconoce que ha sido imposible hacerlo, según el estudio publicado en diciembre de 2012 sobre la percepción de los usuarios acerca de su privacidad en Internet elaborado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco).

Más o menos conscientes de los pormenores del contrato, el resultado es que “pagamos los servicios” con datos personales, dice el presidente de la Apep y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Normalmente, esta transacción se produce en términos “acordes a la legalidad”, añade. Aunque no siempre es así. “La ley dice que un sitio web solo puede pedirle a un usuario las informaciones necesarias para poder ofrecerle sus productos. Pero en la mayoría de los casos solicitan informaciones adicionales”, explica Gutiérrez. Javier de Rivera, sociólogo especializado en redes sociales, cree además que los usuarios se sienten abocados a aceptar las condiciones. “Para tener contacto con nuestros amigos y estar socialmente integrado tenemos que renunciar a esa privacidad”, concluye.

Cualquier detalle es, en última instancia, importante y valioso porque permite a las empresas elaborar ofertas a medida. Y no solo en el ámbito comercial. Lo mismo se puede personalizar un anuncio directo al consumidor potencial, que un programa electoral al gusto del elector dudoso. De Rivera recuerda en uno de sus ensayos que en la última campaña electoral en EE UU, el equipo de Obama utilizó las redes sociales, sobre todo Facebook, para identificar a los votantes indecisos, conocer sus inquietudes y así encontrar “el mejor modo de convencerles”. La victoria del reelegido presidente fue, en realidad, el triunfo del data mining (minería de datos), según reflejó la prensa mundial.

Internet es, en efecto, una mina de datos. Una ventana desde la que accedemos al mundo, y por la que el mundo puede entrar en nuestra casa —con o sin invitación— y arramplar con el joyero. “Si ya hubiera existido en la época de George Orwell, no me extrañaría que hubiera incluido Internet en su 1984, como parte del aparato de vigilancia y manipulación del totalitario partido”, apostilla Gutiérrez, experto en privacidad en la Red. Esa ficción no estaría lejos de la realidad. “La información privada es utilizada en Estados totalitarios para identificar disidentes”, alerta Ricard Martínez. Por eso opina que los legisladores “deben proteger la privacidad de los ciudadanos en Internet. Es fundamental para la libertad. Para que no nos manipulen, si tengamos la sensación de que nos están fiscalizando”.

El protagonista del cortometraje Remove lo tiene claro. Para evitar el control y la vigilancia, de empresas o de Gobiernos, rompe con la tecnología. Tira su móvil en un buzón de correos y desenchufa su ordenador. El resultado: desaparece del mapa. “La actitud del personaje es radical pero plantea una cuestión que siempre me ha preocupado como usuario: ¿hasta dónde habría que llegar en el supuesto de querer desconectar, de preservar la privacidad?”, pregunta el guionista y codirector Joan Llabata.

Los riesgos son múltiples, pero se pueden minimizar. “No creo que tengamos que borrarnos de Internet, aunque hay gente que lo hace cuando cambian las condiciones de privacidad”, afirma Eva Sanagustín, autora de Visibilidad. Cómo gestionar la reputación online. “La gente está tomando conciencia de la relevancia de su identidad en la Red, pero todavía no sabe cómo gestionar su privacidad”, opina la escritora. “Hay personas que suben fotos de sus hijos, de menores, o indican constantemente dónde están. Si supieran lo que se hace con esa información no la darían”, señala.

Un estudio de Microsoft, publicado en 2012 con datos de usuarios de EE UU, Canadá, Irlanda, Alemania y España, confirma que los internautas “podrían estar subestimando” el poder (positivo o negativo) de sus acciones online sobre su propia imagen. Por ejemplo, solo un 4% de los adultos encuestados considera que sus opiniones en Twitter son importantes en la formación de su identidad digital. La información que más influye es, de hecho, la que nosotros mismos compartimos deliberadamente, como fotos y comentarios publicados en una red social, subraya el informe. En este sentido, menos de la mitad de los entrevistados (44%) reconoció que pensaba detenidamente las consecuencias de sus actividades en Internet. Aun así, un 67% creía tener el control de sus perfiles en la Red.

Un experimento de la institución belga Safeinternetbanking.be —que promueve la banca online segura—reveló que muchos internautas desconocen, pese a su sensación de control, qué información han compartido en Internet. “El mes pasado te gastaste 300 euros en ropa”. “¿Sabes el número de tu cuenta bancaria? Yo sí. Es el…”. El mentalista Dave adivina estos y otros datos de sus interlocutores, que se muestran atónitos. “Poca gente sabe eso”, responde una joven. A cada acierto, mayor es la sorpresa. El ritual adivinatorio, grabado con cámara oculta y que ahora se puede ver en YouTube, termina con la revelación del truco de Dave. Toda esa información estaba en los perfiles de las redes sociales de las víctimas. La moraleja: un desalmado podría haber limpiado la cuenta bancaria de cualquiera de ellos.

Las alertas sobre las prácticas de riesgo en Internet saltan cuando los afectados por las posibles consecuencias son menores.

“Los adolescentes y jóvenes no tienen consciencia de hasta qué punto revelan cosas sobre sí mismos ni de las consecuencias que eso puede tener”, subraya Ángel Gutiérrez, experto en privacidad. Y, según Martínez, nada impide que se registren en redes sociales aunque tengan menos de 14 años, edad mínima que exige la ley. “No existe un identificador válido para saber que un menor es menor. Es un problema que la industria se tiene que comprometer a resolver”, incide. Esta carencia de control de la edad de los usuarios supone problemas también en términos de publicidad, dice el presidente de la Apep. “Le pueden llegar anuncios a un niño que en el horario infantil estarían prohibidos en la televisión”, explica.

A falta de ese identificador virtual de menores, la educación se alza como la herramienta más potente para que los jóvenes (y los mayores) sepan qué información pueden compartir y dónde es más seguro hacerlo. En este sentido, proliferan las guías, cursos y programas para que los niños 3.0 y sus padres analógicos, tengas las pautas para un uso seguro de Internet. Así, los riesgos asociados a la Red y a las nuevas tecnologías están entre los temas —junto con la violencia de género o las bandas juveniles— que la Policía Nacional imparte en los colegios en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar.

La falta de prudencia no es, sin embargo, exclusiva de los más jóvenes. En España, un 22% de los internautas adultos confiesa haber difundido por error datos privados —información personal, fotos familiares y el número de teléfono móvil (en ese orden)— , según el estudio de Microsoft. Un porcentaje muy similar al de filtraciones no intencionadas que reconocen los chavales entre 8 y 17 años (24%).

Los expertos apuntan que los internautas controlarán cada vez más su actividad online. Pero la identidad y la reputación online no solo depende de lo que difundimos, sino también de lo que otros dicen de nosotros. Del mismo modo que contribuimos a crear la reputación de los demás con nuestras opiniones. En este sentido, el responsable de PantallasAmigas, Jorge Flores, reclama que los proveedores sean más transparentes y protejan la privacidad de sus usuarios. “No es admisible que Facebook siga admitiendo las etiquetas en las fotos”, se queja. “Puedes hacer daño a otros, incluso sin pretenderlo, mostrando imágenes en una situación comprometida para ellos y que deseaban mantener en privado. Muchas veces lo que se sepa de uno depende de las configuraciones de otros”, lamenta.

Flores y el sociólogo de Rivera coinciden en señalar que las redes sociales están diseñadas para que compartas cuanta más información, mejor. Las describen como una suerte de laberintos de me gusta, invita a tal o cuál amigo, comenta una publicación o di lo que estás pensando, retuitea, marca una opinión como favorita o comparte este u otro artículo de la prensa. ¿Has viajado? Pues no te olvides de geolocalizarte y subir una foto. “Cuanto más tiempo pases y más te relaciones, más dices de ti y más publicidad pueden mostrarte”, apunta el responsable de PantallasAmigas.

Las redes tienen también sus ventajas. Así lo cree Eva Sanagustín. La escritora ve en ellas “oportunidades para conocer gente, para encontrar trabajo, para relacionarse”. La experta en reputación online cree, sin embargo, que es necesario cuidar la imagen que se da en ellas. El perfil digital se ha convertido en la nueva tarjeta de presentación. Una primera impresión 2.0. ¿Quién no se ha buscado a sí mismo, a su jefe o hermano en Internet?

Cómo proteger su privacidad ‘online’
- Lea las políticas de uso y privacidad de los diferentes servicios antes de utilizarlos.

- Regístrese solo en aquellos sitios web en los que tenga confianza. Asegúrese de que el sitio web dispone de una política de privacidad donde conste la identidad y dirección del responsable y la finalidad con la que se recaban todos los datos.

- Reflexione antes de publicar datos personales en Internet; una vez lo haga es muy probable que queden fuera de su control.

- Configure las opciones de privacidad de su perfil de manera adecuada. Valore qué información desea revelar y controle quién puede acceder a ella.

-Respete a los demás. No publique datos de terceras personas sin su consentimiento.

- Controle su lista de contactos y, antes de agregar a alguien, asegúrese de su confianza.

- Utilice contraseñas robustas y seguras para que no le suplanten.

- Instale una herramienta antivirus.

- Evite publicar su ubicación física en todo momento.

- Borre periódicamente los archivos temporales y las cookies de su ordenador con objeto de evitar que se pueda realizar un rastreo de su navegación.

- Sea consciente de su reputación online. Valore la relevancia que puede tener ahora y en un futuro la información que publica, ya que le acompañará toda su vida.

Fuente: El País.

Las autoridades de EE UU cada vez solicitan más datos de usuarios de móviles

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Las solicitudes por parte de la policía se han disparado en los últimos cinco años
Cristina F. Pereda Washington 10 JUL 2012 - 01:46 CET

 

Las autoridades han solicitado desde el historial de llamada hasta la localización del usuario en un determinado momento. / ROSLAN RAHMAN (AFP)

Las compañías de telefonía móvil norteamericanas respondieron el año pasado a más de 1,3 millones de solicitudes de las autoridades para que entregaran datos de sus clientes. Se trata de la primera recopilación de este tipo de peticiones, obtenida por el diario The New York Times, a raíz de una petición por parte del Congreso de Estados Unidos.

El informe detalla que las empresas aportaron información como mensajes de texto, el nombre y apellidos del dueño del teléfono móvil o su localización en un determinado momento. En otras ocasiones, se negaron a conceder los datos por considerar que la petición carecía de justificación o porque les parecía dudosa, según informa el diario.

Los congresistas Edward Markey y Joe Barton, demócrata y republicano respectivamente, enviaron la pasada primavera diversas cartas a las compañías norteamericanas solicitando datos sobre su colaboración con las autoridades a raíz de un artículo del Times en el que se denunciaba cómo la policía utilizaba la vigilancia a través de teléfonos móviles para determinar la localización de sospechosos.

“Durante los últimos cinco años, ¿cuántas peticiones ha recibido su compañía por parte de las fuerzas de seguridad en relación al uso del teléfono móvil de uno de sus clientes, incluida su localización, sus llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como el contenido de esas conversaciones?” preguntaba la carta enviada por los políticos a una de las empresas.

En la respuesta de AT&T, por ejemplo, queda registrada la presentación por parte de las autoridades de 131.400 citaciones judiciales -700 al día, el doble que cinco años antes- para entregar datos de un usuario que fuera centro de una investigación criminal. Otra de las empresas, Sprint, detalló que llegó a recibir una media de 1.500 demandas diarias.

La Unión por las Libertades Civiles Americanas, (ACLU, por sus siglas en inglés) también había presentado el año pasado más de 380 peticiones a diversas autoridades locales para que desvelaran hasta qué punto se estaba utilizando la información que contienen los teléfonos móviles. Pocos meses después, el Tribunal Supremo aceptaba un caso que marcaría un nuevo hito en el debate sobre sobre el avance de las nuevas tecnologías y su uso por parte de las autoridades, especialmente cuando esto implica reducir la privacidad de los ciudadanos, cuando se hace en nombre de su seguridad y la de todo el país.

Sería a comienzos de 2012 cuando los jueces del tribunal dieron la razón a un ciudadano que había denunciado a la policía por violar sus derechos al implementar en su vehículo un dispositivo GPS que grabó su localización durante un mes. El Tribunal determinó que esa búsqueda de información había violado la Cuarta Enmienda de la Constitución -que protege a los norteamericanos de búsquedas sin causa justificada- por lo que las autoridades están obligadas desde entonces a obtener el permiso de un juez.

Organizaciones como ACLU equiparan ahora la revelación de datos por parte de las compañías de telefonía móvil con la colocación de un GPS para seguir a un sospechoso. Según han adelantado los diferentes proveedores, en algunas ocasiones proporcionaron a la policía -aunque no contaran con una orden judicial- los datos de todos los números conectados a una determinada antena de telefonía móvil, por lo que la policía tuvo acceso no sólo a la localización de un sospechoso, sino también la de miles de personas cuyo teléfono móvil recibiera cobertura desde ese mismo lugar.

El informe desvelado este lunes demuestra además que las empresas habrían cobrado diferentes cantidades a las autoridades por la entrega de información y con el objetivo, según alegan, de costear la creación de equipos de abogados para determinar la legalidad de las solicitudes, así como el trabajo de los técnicos que llevaron a cabo la recopilación de datos.

Fuente: El País.

Google desafía las peticiones para ocultar datos de España

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Protección de datos le exigió que no difundiera enlaces en 18 resoluciones solo en seis meses El gigante de Internet considera que sería “censura”

Laia Reventós Barcelona 18 JUN 2012 - 16:22 CET




Google se niega a ocultar información. Lo considera censura. Da igual que se lo pidan ciudadanos a quienes les afecta la difusión de sus datos personales en el buscador, y que piden amparo a la Administración.

Google recibió, de julio a diciembre de 2011, 43 solicitudes de organismos gubernamentales, entre ellos la policía, para que eliminaran de sus servicios o resultados de búsqueda 307 contenidos. Destacan las 14 peticiones de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) para que retirase hasta 270 enlaces que, según Google, “vinculan a blogs y medios de comunicación sobre individuos particulares y personajes públicos, como alcaldes y fiscales”. La AEPD, en cambio, asegura que son 18 peticiones.

El buscador se negó a retirar los enlaces porque es “censura”. Tampoco facilita más información sobre los blogs, medios o personas afectadas “para preservar su privacidad”. De las 43 solicitudes totales (18 de ellas con requerimiento judicial), que incluyen también otros nueve vídeos (YouTube), 18 blogs (Blogger) y dos contenidos en Gmail, el buscador ha retirado “total o parcialmente el 37%”, según el Informe de Transparencia publicado el lunes.

El gigante de las búsquedas y el organismo español mantienen una disputa judicial sobre la indexación de datos en Internet. Mientras Google no retira la información de terceros, “porque es de las webs en origen”, la Agencia considera que debería aceptar la capacidad de una persona para bloquear informaciones que afecten a su privacidad o dignidad. Su director, José Luís Rodríguez, recuerda que pide a Google que “frene la difusión, pero no que elimine contenidos. En ninguna resolución exigimos que se altere la hemeroteca, sino que no ofrezcan el resultado de búsqueda cuando no es relevante, carece de actualidad y su difusión lesiona derechos”. El caso, juzgado en la Audiencia Nacional, fue llevado al Tribunal de Luxemburgo. El máximo órgano judicial europeo no ha dictado sentencia, que deberán acatar los países de la UE.

Google habla de 14 peticiones de julio a diciembre de 2011. La AEPD dice que en ese periodo intervino en 26 ocasiones con el buscador de por medio. En 18 se daba la razón al denunciante (y se exigía al buscador la retirada) y en las otras ocho se desestimaron las denuncias “por ser informaciones de relevancia pública o por motivos formales, como no aportar la documentación que la justifique”. Otras nueve no fueron admitidas a trámite. En la búsqueda realizada por EL PAÍS, las resoluciones están disponibles en su página, arroja las mismas 18 resoluciones (seis sobre boletines oficiales, una de la Agencia Tributaria, tres sobre medios, cuatro de blogs, un video en YouTube y otros tres casos varios).

El 13 de diciembre, la Agencia daba la razón a una ciudadana sobre tres vídeos en YouTube, que recogían fragmentos de una conferencia de la denunciante en la Universidad de Alicante. Los dos primeros fueron eliminados durante la tramitación del caso, pero el tercero permanecía. La agencia pidió al buscador que retirara sus datos de los índices que elabora y las imágenes.

El 26 de diciembre, la agencia pedía a Google la retirada de un comentario injurioso contra el demandante, a quién Google le había negado el derecho a cancelación, publicado en Elintegrismoespecado.blogspot.com. El organismo consideró que no se trataba de un personaje público y no había dado su consentimiento previo.

El 30 de diciembre, un ciudadano pidió la retirada de un enlace de Google al BOE en que se publicaba su indulto. La agencia resolvió que el buscador debía adoptar las medidas necesarias para evitar la indexación de los datos. Lo mismo ocurrió en este caso, que también afectaba a Yahoo! y en este otro sobre una notificación de la agencia tributaria.

Otro demandante exigía que las informaciones "lesivas personal y profesionalmente" fueran retiradas de los blogs De pezón a rabo y El caballero negro, ambos alojados en el servicio de Google. Se lo concedieron. Y este otro denunciante exigió que se eliminara su pasaporte digitlizado de un blog. Aunque la agencia reconocía que Google no era el responsable, le exigía que retirara los datos.

El 24 de diciembre de 2011, un ciudadano exigió la eliminación de blogs de sus datos personales, realizado con un caso de corrupción urbanística en Totana (Murcia). En la resolución, anónima por obligación legal, no se puede saber si se trata de un testigo o de un imputado, pero en cualquier caso la agencia le dió la razón al demandante.

La prensa también sale. En esta resolución en la que aparece EL PAÍS, aunque no consta como demandado, la agencia también se posiciona a favor del ciudadano y en contra de Google. Y en esta otra del 22 de agosto, en que el buscador y este periódico comparten acusación, la AEPD exige al primero que evite la indexación de los datos, mientras absuelve a El País, amparado bajo la libertad de expresión.

Finalmente, en la resolución del 30 de noviembre, la primera en que se obliga a Microsoft a acatar el llamado derecho al olvido junto a Google, la agencia obligó a retirar más de 100 enlaces. El demandante era un detenido por corrupción a quien la justicia después absolvió. “En este caso se pedía suprimir 230 enlaces ”, asegura Miguel Cobacho, del bufete SalirdeInternet.com, que lo llevó. Y añade: “El informe de Google miente más que cualquier informe de España, lo que no deja de ser irónico, viniendo de una compañía especializada en la censura. Cualquiera puede acceder a las resoluciones, ver que los datos están sesgados y que inducen voluntariamente a error”.

El director de la AEPD, José Luís Álvarez, lamenta que Google confunda “deliberadamente a la opinión pública mezclando peticiones de Estados autoritarios y solicitudes de organismos independientes de la UE” en un informe de Transparencia.

Ni obsoletos ni falsos

La Agencia de Protección de Datos también rechaza demandas. Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2011. Se alegaba que en los resultados de búsqueda de Google aparecen noticias publicadas por medios donde se encuentran sus datos, sin que haya dado su consentimiento previo, como imputado de una trama de corrupción. La Agencia desestima la petición porque “no se aprecia motivo legítimo y fundado que justifique el derecho de oposición, ya que se trata de un supuesto de relevancia pública en el que no se ha acreditado que los datos, y la información que estos proporcionan sean inexactos o hayan quedado obsoletos”.

En otro caso similar, del 12 de julio, la agencia desestima el asunto por los mismos motivos que el anterior y recuerda que la “publicación de una noticia en la versión digital de un diario está amparado por la Constitución”. Yahoo!, que también fue demandado, sí procedió a retirar los enlaces.

En la resolución del 29 de julio, el denunciante se quejaba de un enlace al boletín oficial de la provincia de Valladolid que, a instancias del Ayuntamiento de Nava del Rey, informaba de un proceso de selección de empleo donde aparecían sus datos personales. La agencia desestimó el caso porque todavía no se podía aplicar el llamado derecho al olvido. El proceso de selección no había terminado cuando se interpuso la denuncia en la que se pretendía cancelar los datos personales.

La petición de retirada del enlace de Google a una noticia publicada en la cadena Ser sobre el presidente de la Fundación Manos Tendidas, también fue rechazada. Lo mismo ocurrió en la resolución del 18 de julio con el enlace al Boletín Oficial del Estado (BOE) que publicaba las listas de la Junta Electoral Central donde aparecían los datos personales del denunciante. Finalmente, en las tres últimas resoluciones tampoco se aceptan las tesis del ciudadano. La primera era un anuncio público, la segunda una copia sin datos personales de un artículo del diario Abc y la tercera incumplía los requisitos formales.

Fuente. El País.

La Cámara Baja de EEUU aprueba el proyecto contra el 'ciberterrorismo' CISPA

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• Permitirá a las compañías dar información confidencial de usuarios al Gobierno.
• El proyecto de ley pasará al Senado y la Casa Blanca amenaza con bloquearla.

Efe | ELMUNDO.es | Washington | Madrid

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó de urgencia un polémico proyecto de ley que permitiría a las compañías de Internet entregar información confidencial de los usuarios al Gobierno de EEUU, pese a la oposición de la Casa Blanca.

Por 248 contra 168 votos y tras más de cinco horas de debate, la Cámara Baja dio el visto bueno al proyecto de ley conocido como CISPA, y que pretende dotar de poderes adicionales al Gobierno de EEUU para proteger sus redes contra ataques cibernéticos y asegurar las patentes y derechos de autor.

Algunos critican que el proyecto contiene nuevas enmiendas introducidas en la Cámara que la hacen incluso más restrictiva, como la número 6, que amplía la definición de la información susceptible de ser interceptada. Si antes establecía como razones conceptos tan amplios como la "seguridad cibernética" o la "seguridad nacional", ahora hay tres nuevas causas: la investigación y persecución de la delincuencia cibernética, la protección de las personas y la protección de los niños.

Además, la 'ciberdelincuencia' se define como cualquier acción que implique interrupción de la Red (como, por ejemplo, un ataque de distribución de servicio), o la llamada 'piratería', además de cualquier violación de la CFAA, la Ley contra el Abuso y Fraude Informático.

La Casa Blanca ha amenazado con vetar la ley, que pasará ahora al Senado, por considerar que permitiría el intercambio de información "sin establecer requisitos para que la industria y el Gobierno minimicen y protejan la información que identifique a las personas".

En cambio, gigantes de Internet como Google y Facebook se han mostrado a favor de la medida, que les dotaría de más libertad frente a las barreras de seguridad.

Adiós a la privacidad

El borrador da permiso a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense para solicitar información sobre usuarios de Internet si un contacto de su directorio de correos electrónicos ha contactado a algún sospechoso de terrorismo.

Además, el texto señala que "pese a cualquier otra provisión de ley", las compañías pueden compartir información sobre los usuarios, hasta el punto de identificarlos con la NSA -el Departamento de Seguridad Nacional- u otras agencias.

Esa cláusula "elimina cualquier ley de privacidad que se haya aprobado jamás por el bien de la 'ciberseguridad'", aseguró en el debate el congresista demócrata Jared Polis.

"Permitir que los militares y la NSA espíen a los estadounidenses en suelo estadounidense va contra cualquier principio sobre el que se fundó este país", añadió Polis.

'Último bastión'

Por su parte, el republicano Mike Rogers, que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, consideró que la ley es "el último bastión de las cosas que debemos hacer para proteger este país".

Rogers insistió en que la medida es necesaria para enfrentar los ataques cibernéticos de Rusia y en especial, de China, cuyo Gobierno "está robando el valor y la prosperidad de Estados Unidos", aseguró.

El congresista republicano Ron Paul, aspirante a la nominación del partido a la presidencia de EEUU, advirtió en cambio de que el proyecto es "un Gran Hermano a gran escala".

De hecho, varias organizaciones y activistas por las libertades en Internet ya han puesto el grito en el cielo. Entre ellas destaca la Electronic Frontiers Foundation (EFF), que en un comunicado anima a los ciudadanos a llamar a los senadores para tratar de frenar el proyecto, por el que considera que peligran las "libertades básicas de leer y hablar 'online' sin la sombra de la vigilancia del Gobierno".

Fuente: El Mundo.