El Gobierno aborda hoy la futura reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

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• Quiere 'afinar el tiro' en la lucha contra las descargas no autorizadas
• Ha sido clave el acuerdo entre Cultura e Industria
• El texto pasará por un periodo de información pública

P. Romero | Agencias | Madrid

El Consejo de Ministros tramitará hoy el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual en primera lectura, que pretende fortalecer los instrumentos para luchar contra la llamada 'piratería' en Internet.

El anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, que estaba previsto que se tramitase el viernes pasado, plantea medidas para reforzar los poderes de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de notificar y en su caso retirar contenidos denunciados por no respetar los derechos de autor, así como para asegurar una mayor transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos como la SGAE.

El acuerdo entre los ministerios de Industria y Educación, Deporte y Cultura, tradicionalmente enfrentados por la lucha contra la 'piratería', ha sido clave para llevar la nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, cuya reforma fue anunciada hace más de medio año, al Consejo de Ministros.

Según informaba la semana pasada El Confidencial, que citaba al subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo, se ha llegado un acuerdo con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) para definir de una manera más clara qué tipo de sitios web se van a perseguir.

Este proyecto cuenta con la oposición de las entidades de gestión, las industrias culturales y otros colectivos, entre ellos abogados, profesores y empresarios de Internet.

Algunos activistas ya han bautizado el proyecto como 'Ley Lassalle' -sucesora de la 'Ley Sinde'- en relación con el secretario de Estado de Cultura y principal impulsor de la reforma, José María Lassalle.

De esta forma, la nueva normativa endurecerá el control sobre los sitios web de enlaces a descargas y sus intermediarios, sean españoles o no, uno de las principales reivindicaciones de la industria cultural, que ha tratado en vano de luchar contra ellas en los tribunales, a pesar de que los tribunales españolescoincidencasi de forma unánime en considerar la actividad de enlazar como algo no delictivo, e incluso lícito). Y esa misma industra ha visto cómo la llamada 'Ley Sinde', una reforma de hace un año diseñada específicamente para actuar contra esta actividad por la vía administrativa, no ha resultado eficaz para frenar estos comportamientos en la Red, a los que achaca gran parte de la culpa de su profunda crisis.

Cortar el grifo económico

Según las últimas filtraciones, el texto propondrá que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda "estrangular económicamente" a las páginas web que tengan contenidos no autorizados, especialmente aquellas que cuenten con enlaces a descargas, que atenten contra la propiedad intelectual. Para ello, está previsto obligar a los anunciantes para que retiren la publicidad, así como a las empresas de pago electrónico para que restrinjan los mismos.

Identificación de los infractores

Asimismo, propondrá hacer que los jueces puedan obligar a proveedores de servicios a identificar a los infractores a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, algo que hasta ahora está reservado para los delitos graves.

Multas y retirada de catálogo
También, establecerá la posibilidad de imponer multas cuando las páginas notificadas incumplan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos denunciados, sanciones administrativas que oscilarían entre los 30.000 y los 300.000 euros. Y de aprobarse, obligará no sólo a la retirada de contenidos específicos, sino a retirar cualquier contenido del catálogo cuyos derechos pertenezcan al solicitante (entidad de gestión, empresa o particular), para lo que los sitios notificados deberán establecer controles. Se trata de esta forma de evitar la reincidencia.

Google se libra

Eso sí, la norma excluirá explícitamente de este procedimiento a los motores de búsquedas como Google, así como a aquellos sitios web que enlacen 'ocasionalmente' a contenidos protegidos. Y las medidas nunca irían dirigidas contra los usuarios finales de Internet.

Copia privada

Además, el proyecto prevé reducir y concretar el concepto de copia privada a aquella realizada sobre un original adquirido de forma comercial. El texto especificaría que esas copias se hagan de un soporte original comprado, lo que podría excluir las obras digitales, las copias de obras alquiladas, o incluso de las prestadas o regaladas.

Nuevo canon

También se creará un nuevo canon compensatorio sobre obras en formato digital que eventualmente suban a la Red las universidades virtuales, que será gestionado por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

Fuente: El Mundo.

El nuevo canon digital ya somos todos

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• El real decreto contempla que la compensación se cargue a los Presupuestos Generales
• La previsión de pago a las entidades será de cinco millones en 2012, frente a los 115 de 2011

Iker Seisdedos / Ana Marcos Madrid 7 DIC 2012 - 13:06 CET

Si se permite el recurso al viejo lema sucesorio, la cosa quedaría así: “El canon digital ha muerto, viva la compensación equitativa por copia privada”. Y si tomamos prestado cierto eslogan de concienciación tributaria, de este otro modo: “El nuevo canon somos todos”. El Consejo de Ministros celebrado ayer sirvió para certificar la defunción del antiguo sistema de remuneración por las copias particulares a las entidades de gestión de derechos de autor (es decir, a creadores, productores, actores...) También, para instaurar un nuevo régimen, según el cual, lo que se deja de cobrar por esas copias privadas se remunerará “a ejercicio vencido” mediante una partida fijada en los Presupuestos Generales del Estado.

En otras palabras, ya no soportan las cargas los que compren dispositivos electrónicos que permitan duplicar contenidos sujetos a la propiedad intelectual, sino que pagaremos todos por igual. ¿Cuánto? Mucho menos que con el viejo y polémico canon digital (las entidades recibieron 115 millones en 2011). En lo que respecta a 2012 se ha calculado que el daño hecho asciende a cinco millones de euros, cantidad ya contemplada en el anteproyecto de la ley presupuestaria presentada el pasado septiembre y que se mantendrá igual en 2013. Dividan entre 46 millones de habitantes si quieren saber a cuánto salen: casi 11 céntimos.Con este anuncio se culmina el proceso iniciado con la decisión, “una de las primeras del Gobierno del PP”, según se recordó ayer, de suprimir el canon, hecho por la misma Soraya Sáenz de Santamaría y en otro día semifestivo, el 30 de diciembre de 2011. “El Real Decreto”, explicó la vicepresidenta, “establece unos principios técnicos que determinan quiénes son los beneficiarios, con cuánto se les compensará y cómo, qué porcentajes se destinarán a los soportes audiovisuales, libros y discos”.

Aún queda por saber de qué modo se repartirán esos cinco millones entre las ocho entidades de gestión, extremo que preocupa mucho a estas y que se fijará por orden ministerial, aunque en el texto aprobado ayer ya se establecen porcentajes de un modo general (ver la ficha), se prevé que se puedan conceder anticipos y se obliga a destinar un 40% del dinero a “la promoción de actividades de carácter asistencial y a la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes” .

Lo que sí se conoce son los métodos empleados para calcular esa cantidad: se ha atendido a “criterios objetivos” (“número de copias realizadas, impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, precio medio y vigencia de los derechos de propiedad intelectual, daño mínimo, aplicación de medidas tecnológicas o el diferente impacto de la vigencia del límite según el carácter digital o analógico de las reproducciones”), así como a estadísticas oficiales: la Encuesta Industrial de la Producción, la Encuesta de Presupuestos Familiares o el dato de consumo cultural en los hogares. También se ha consultado, afirman desde la Secretaría de Estado de Cultura, con las entidades. Con estas herramientas se hace un cálculo del perjuicio que aspira a ser “exacto”.

Se haya o no alcanzado la espinosa exactitud, no sorprendió comprobar después del anuncio de Sáenz de Santamaría y tras una ronda de llamadas, que las entidades de gestión no están precisamente de acuerdo con el nuevo régimen. No es ya que suscribieran un comunicado conjunto en contra hace un par de semanas con motivo de la celebración del 25 aniversario de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual. Es también que CEDRO (algo así como la SGAE del libro) ha denunciado ante la Unión Europea a España “porque la compensación equitativa por copia privada prevista en el sistema no es suficiente, ni adecuada para los titulares de derecho”. La denuncia ha sido secundada posteriormente por todas las entidades.

Quizá no sorprenda, si se tiene en cuenta que en el año transcurrido desde la aniquilación del sistema anterior y la instauración de este, el ministro José Ignacio Wert llegó a prometerles en reuniones a título privado, y según algunas fuentes, que la cuantía ascendería a 40 millones de euros, es decir, ocho veces más de lo finalmente asignado. Tampoco, si se dan por buenos los estudios de parte (en este caso, EGEDA) que aseguran que los fabricantes de los dispositivos afectados por el viejo canon no han bajado los precios desde su supresión.

Nadie niega, con todo, que el canon digital era un asunto tremendamente impopular, además de ilegal: quedó tocado de muerte por las dos sentencias del caso Padawan (llamado así por la tienda de informática barcelonesa que recurrió con éxito el sistema anterior) que lo tumbaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la Audiencia Nacional. No hay que perder de vista, además, que trata asuntos de un mundo analógico (¡CD vírgenes!, ¡fotocopiadoras!) que cada vez suenan más a cosa del pasado.

Muchos de estos intercambios se dirimen ya en eso que se conoce como la nube y denomina un espacio inconcreto de almacenamiento de archivos, también los sujetos a derechos de autor (hablamos de microuniversos como Spotify, iTunes o Filmin). Esas realidades paralelas quedan fuera de este sistema de compensación por copia privada. Su regulación se verá revisada con la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, en la que trabaja el equipo de María Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Al final de ese túnel aguarda el establecimiento de unas nuevas reglas de juego que pasan por el respeto de las licencias digitales y la transparencia en el reparto por parte de las entidades.

¿Cómo lograrlo? Para ello se invoca como un talismán el sistema comenzado a ensayar esta semana en la primera reunión para tratar la reforma de la financiación del Cine, en la que el secretario de Estado, José María Lassalle sentó a todos los interesados. En una esquina, productores, exhibidores, distribuidores y cadenas de televisión. En la otra, los ministerios de Hacienda, Industria, Economía, Vicepresidencia y Presidencia del Gobierno. Eso no garantiza la dirección en la que volarán los golpes en el cuadrilátero. Pero al menos, es un comienzo.

 

Fuente: El País.

El Congreso vota a favor de la supresión del canon digital

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La proposición del PP, respaldada por todos los grupos, no tendrá efectos prácticos inmediatos.

El PSOE apoya la medida pero acusa a los populares de buscar solo el titular

R. MUÑOZ / A. FRAGUAS 12/07/2011

El Congreso de los Diputados tumbó hoy oficialmente el canon digital al votar favorablemente (331 votos a favor, 2 abstenciones) una proposición no de ley que insta al Gobierno a la supresión del polémico gravamen sobre soportes y equipos susceptibles de almacenar y copiar archivos sujetos a derechos de autor. La proposición, presentada por el Grupo Popular, ha sido respaldada por todos los grupos, incluyendo el socialista. No obstante, las consecuencias prácticas que tendrá esta proposición, teniendo en cuenta el calendario parlamentario, no serán muchas ya que no hay tiempo de que se tramite una ley que ponga fin de forma efectiva al canon digital.

La proposición del PP responde al compromiso del Gobierno del pasado mes de enero cuando, a cambio del apoyo parlamentario que recibió de PP y CiU para sacar adelante la Ley Sinde contra las descargas no autorizadas en Internet, de establecer a los tres meses de su entrada en vigor un real decreto, conforme al marco normativo y jurisdiccional de la UE, para modificar la regulación del canon. Como la entrada en vigor de dicha norma, contenida en una disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, se produjo el 5 de marzo pasado, el plazo para que el Ejecutivo cumpliera su compromiso expiraba el 6 de junio del presente año.

Vencido ese plazo y con el canon vigente, el PP ha vuelto a instar ahora al Gobierno a suprimir el canon y a sustituirlo "por otras fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas y, por tanto más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones".

Además, y como ha subrayado en el debate el portavoz del PP, José María Lasalle, el Gobierno está también obligado a modificar el actual modelo del canon digital para adaptarlo a los "reveses judiciales" que ha sufrido por las sentencias de laAudiencia Nacionalcomo la delTribunal de Justicia de la UEque han declarado nula gran parte de sus regulación.

La que dictó el Tribunal europeo el 21 de octubre de 2010 declaraba contrario al derecho comunitario la aplicación del canon digital en España a los soportes de reproducción adquiridos por empresas, administradores y profesionales para fines distintos de la copia privada. El fallo establecía que ese gravamen solo puede cargarse a los soportes que se destinarán a copias privadas por particulares. De esta forma se daba la razón a la empresa catalana Padawan, que comercializa equipos electrónicos, frente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Por su parte, el fallo de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de este año, declaró nula la orden reguladora del canon digital aprobada en junio de 2008 con las tarifas que gravan a los distintos soportes y aparatos, desde móviles, memorias a CD y DVD, entre otros. La Directiva comunitaria

Lasalle, en declaraciones a este diario, explicó que "la compensación por copia está agotada y es ineficiente en términos de compensación económica a los creadores. La compensación por copia debe tener un carácter transitorio que no impida el desarrollo de los nuevos modelos de negocio. Esos modelos de negocio van a permitir que esa compensación no sea por copia privada sino por el acceso a los contenidos en la Red".

Respecto al modelo alternativo que propone, Lasalle no se mostró muy concreto. "No tengo que plantear ahora mismo una sustitución del modelo, lo que digo es que hace falta abrir un debate político que el Gobierno tiene que afrontar en estos momentos".

La postura del Grupo Popular podría ir en la línea de la propuesta de la patronal electrónica Ametic que pide que se incluya un sobreprecio en la obra original, especificando que se debe al canon.

Buscar el titular.

El portavoz socialista, José Andrés Torres Mora, acusó al PP de oportunismo y de buscar solo el titular, aunque justificó su apoyo a la proposición "porque no insta solo a suprimir el canon sino también a sustituirlo por otra fórmula". "El PP no está pensando en legislar esta semana, pero busca lo de siempre, un titular de prensa que diga 'El Congreso vota la supresión del canon digital', y que sea verdad o no les parece un asunto menos importante, porque la verdad es menor importante que el titular", ha defendido.

Torres Mora ha recalcado que en nuestro país, como en la mayor parte de los países europeos, "el derecho de propiedad intelectual tiene un límite en el derecho de la copia privada, que genera un perjuicio objetivo al creador, y hay que compensarle equitativamente". Por eso ha recordado que "un cd virgen cuesta 17 céntimos más de euro".

Desde el PNV, Aitor Esteban ha afirmado que "suprimir es obligado a corto plazo, pero desde luego repensar el sistema es ver cómo vehiculizamos todo el tema de la gestión de derechos y ahí entrarán otras formas de compensación". Montserrat Surroca, de CiU, ha insistido en que el canon "no puede continuar con la regulación actual indiscriminada", por lo que ha pedido al Gobierno que cumpla "de forma inmediata sus compromisos".

Joan Tardá (ERC-IU-ICV), también ha expresado su voto favorable y ha alertado al PSOE de que "ahora le explota todo en la cara al final de la legislatura", mientras que Rosa Díez (UPyD) ha asegurado que está de acuerdo con "acabar con un canon que nunca debió imponerse por ser perjudicial para los objetivos que decía perseguir". Fernando Ríos (CC), apoyó también esta iniciativa por ser "obvio que el canon digital no responde a las exigencias actuales y es desproporcionado", informa Europa Press.

Fuente: El País.

Neri lo "ideó" y Bautista "consintió"

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Ruz dicta prisión bajo fianza de 300.000 euros contra el cerebro de la trama.

El juez señala que el jefe de la SGAE autorizó la red de empresas "parasitarias"

M. ALTOZANO / M. CEBERIO BELAZA - Madrid - 05/07/2011

El presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, autorizó e impulsó, "probablemente", la trama empresarial "parasitaria" utilizada para defraudar millones de euros a la entidad gestora de los derechos de autor en España. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz asegura en el auto dictado anoche -por el que envía a prisión eludible con fianza de 300.000 euros al director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) y presunto cerebro de la trama, José Luis Rodríguez Neri-, que el proyecto habría sido ideado por el propio Neri, pero que Bautista lo habría "autorizado, consentido y también impulsado".

La resolución de Ruz también impone una fianza de 150.000 euros a Rafael Ramos, el director de Microgénesis y amigo personal de Neri. Ambos crearon un entramado o línea de empresas encabezado por esa sociedad en el que aprovechando la posición "preeminente y privilegiada" de Neri como director de la SDAE, dependiente al 100% de la SGAE, se habrían beneficiado de una "contratación exclusiva". Los acusados simulaban que las operaciones eran legales a través de contratos firmados por las diversas partes.

En ese entramado societario participaban varios familiares y amigos de Neri. Además de su compañera sentimental, María Antonia García Pombo, y su cuñada Eva García Pombo -que ayer fueron puestas en libertad provisional por el juez tras tomarlas declaración en la Audiencia Nacional-, entre los supuestos beneficiarios se encuentra también una hermana del director de la SDAE, Juana Cristina Rodrígez Neri. Por su parte la pareja de Ramos, Elena Vázquez, y la hija de estos, Sara Ramos Vázquez, "también tendrían un papel relevante" en la trama investigada.

SDAE, una empresa fantasma

La resolución relata como la SDAE era una empresa fantasma sin trabajadores, financiada íntegramente por la SGAE, y que subcontrataba para la realización de sus servicios con Microgénesis -de la que Rodríguez Neri fue presidente hasta enero de 2003- de forma exclusiva.

Desde ese año, la empresa pasa a ser controlada por su esposa y su cuñada y sus amigos Ramos y Vázquez. Pero el responsable de la SGAE siguió contando con una tarjeta de crédito a su nombre hasta cuatro años después, cuando la canceló, supuestamente, a raíz de la presentación de la denuncia contra él en la Fiscalía Anticorrupción. En solo 12 meses, entre 2005 y 2006, gastó con ella 40.018 euros, según el juez.

El supuesto cerebro de la trama contaba además con un importante sobresueldo que ocultaba a través de otra de las empresas que formaban parte de la trama: Hipotálamo. Entre 2003 y 2010, el director de la SDAE llegó a recibir de esa sociedad de su propiedad 1.227.852 euros que se justificaban con facturas falsas por "hipotéticos servicios de consultoría" a esa compañía y que solo contrataba con la filial digital de la SGAE.

El juez subraya en su auto que tanto Bautista como el resto del cuadro directivo de la SGAE así como el Consejo de Administración de la SDAE, conocieron o cuando menos "asumieron tácitamente" la actividad delictiva de Neri y sus familiares.

Intento de disolución

Algunos de los hilos de la trama que no pudieron escapar al control de Bautista serían la creación del entramado societario fraudulento, los pagos realizados a Hipotálamo y Micromega Consultores, las otras dos empresas ligadas íntimamente al supuesto cabecilla, y el coste que supuso para la SGAE el desarrollo de los proyectos tecnológicos de su filial digital, "de cuya viabilidad y buenos resultados no se ha tenido constancia", asegura Ruz.

Las conversaciones telefónicas intervenidas revelaron además cómo Teddy Bautista; el director financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga; y el director general, Enrique Loras, intentaron en connivencia con Neri disolver la SDAE en los últimos meses. Ese proceso, según Ruz, trató de hacerse "con la mayor celeridad y opacidad posible". Así por ejemplo, en una llamada del pasado 30 de mayo, Neri cuenta cómo ha hablado con Bautista y el resto de la cúpula e indica que a todos "les gustaría que antes del 30 [de junio], antes de las elecciones, esté terminado el asunto este".

Otra conversación de Neri con su compañera María Antonia García Pombo, del 9 de junio, refleja el nerviosismo que produce la operación de disolución. El cerebro de la trama dice que ha hablado con Azcoaga y un abogado y lo que estos le han transmitido. "Queréis montar esto de esta manera que estáis obligados a hacer una publicación en prensa o comunicárselo a todos los acreedores y tú, no sé si lo sabes, pero tienes de acreedor por casi dos millones de euros al Ministerio de Industria". El abogado, según Neri, añadió: "Lo van a recibir en el peor momento, porque están histéricos ahora mismo, van a recibir una carta que les dice que toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira".

Las grabaciones también revelan que Neri trató de beneficiar la candidatura que apoyaba Teddy Bautista en las elecciones a la junta de la directiva de la SGAE que se celebraron el pasado jueves, víspera de la operación que acabó con la detención del presidente del consejo rector. El cerebro de la trama, además, habría dificultado la labor de la candidatura alternativa al impedir a sus miembros el acceso al censo de avales.

"Situación increíblemente difícil"

El departamento de recursos humanos de la SGAE ha remitido hoy a sus trabajadores un comunicado en el que les informa de que todas las investigaciones judiciales se están llevando a cabo en el área de sistemas informáticos y en las empresas SDAE y Microgénesis. Según el escrito, "todas las demás actividades funcionales de la sociedad y sus operaciones corrientes" quedan excluidas de sospecha. 

En el documento ese departamento se solidariza con las personas y familiares de los directivos que, destaca la nota, "afortunadamente han sido puestos en libertad, sin ninguna medida preventiva ni fianza", y pide que se respete la presunción de inocencia "como un derecho constitucional". Además se solicita a quienes conforman la sociedad que trabajen "más que nunca con normalidad absoluta" y les conmina a que hagan un esfuerzo para garantizar "el pleno funcionamiento" de los servicios. "Todos vivimos una situación increíblemente difícil y sentimos mucho lo que el colectivo de los trabajadores está sufriendo", añade el comunicado. Además, el director de servicios jurídicos y la responsable de Recursos Humanos se han comprometido a informar a lo largo del día a los departamentos de la sociedad para ampliarle la información de la que dispongan.

Fuente: El País.