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- Quiere 'afinar el tiro' en la lucha contra las descargas no autorizadas
- Ha sido clave el acuerdo entre Cultura e Industria
- El texto pasará por un periodo de información pública
P. Romero | Agencias | Madrid
El Consejo de Ministros tramitará hoy el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual en primera lectura, que pretende fortalecer los instrumentos para luchar contra la llamada 'piratería' en Internet.
El anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, que estaba previsto que se tramitase el viernes pasado, plantea medidas para reforzar los poderes de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de notificar y en su caso retirar contenidos denunciados por no respetar los derechos de autor, así como para asegurar una mayor transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos como la SGAE.
El acuerdo entre los ministerios de Industria y Educación, Deporte y Cultura, tradicionalmente enfrentados por la lucha contra la 'piratería', ha sido clave para llevar la nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, cuya reforma fue anunciada hace más de medio año, al Consejo de Ministros.
Según informaba la semana pasada El Confidencial, que citaba al subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo, se ha llegado un acuerdo con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) para definir de una manera más clara qué tipo de sitios web se van a perseguir.
Este proyecto cuenta con la oposición de las entidades de gestión, las industrias culturales y otros colectivos, entre ellos abogados, profesores y empresarios de Internet.
Algunos activistas ya han bautizado el proyecto como 'Ley Lassalle' -sucesora de la 'Ley Sinde'- en relación con el secretario de Estado de Cultura y principal impulsor de la reforma, José María Lassalle.
De esta forma, la nueva normativa endurecerá el control sobre los sitios web de enlaces a descargas y sus intermediarios, sean españoles o no, uno de las principales reivindicaciones de la industria cultural, que ha tratado en vano de luchar contra ellas en los tribunales, a pesar de que los tribunales españolescoincidencasi de forma unánime en considerar la actividad de enlazar como algo no delictivo, e incluso lícito). Y esa misma industra ha visto cómo la llamada 'Ley Sinde', una reforma de hace un año diseñada específicamente para actuar contra esta actividad por la vía administrativa, no ha resultado eficaz para frenar estos comportamientos en la Red, a los que achaca gran parte de la culpa de su profunda crisis.
Cortar el grifo económico
Según las últimas filtraciones, el texto propondrá que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda "estrangular económicamente" a las páginas web que tengan contenidos no autorizados, especialmente aquellas que cuenten con enlaces a descargas, que atenten contra la propiedad intelectual. Para ello, está previsto obligar a los anunciantes para que retiren la publicidad, así como a las empresas de pago electrónico para que restrinjan los mismos.
Identificación de los infractores
Asimismo, propondrá hacer que los jueces puedan obligar a proveedores de servicios a identificar a los infractores a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, algo que hasta ahora está reservado para los delitos graves.
Multas y retirada de catálogo
También, establecerá la posibilidad de imponer multas cuando las páginas notificadas incumplan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos denunciados, sanciones administrativas que oscilarían entre los 30.000 y los 300.000 euros. Y de aprobarse, obligará no sólo a la retirada de contenidos específicos, sino a retirar cualquier contenido del catálogo cuyos derechos pertenezcan al solicitante (entidad de gestión, empresa o particular), para lo que los sitios notificados deberán establecer controles. Se trata de esta forma de evitar la reincidencia.
Google se libra
Eso sí, la norma excluirá explícitamente de este procedimiento a los motores de búsquedas como Google, así como a aquellos sitios web que enlacen 'ocasionalmente' a contenidos protegidos. Y las medidas nunca irían dirigidas contra los usuarios finales de Internet.
Copia privada
Además, el proyecto prevé reducir y concretar el concepto de copia privada a aquella realizada sobre un original adquirido de forma comercial. El texto especificaría que esas copias se hagan de un soporte original comprado, lo que podría excluir las obras digitales, las copias de obras alquiladas, o incluso de las prestadas o regaladas.
Nuevo canon
También se creará un nuevo canon compensatorio sobre obras en formato digital que eventualmente suban a la Red las universidades virtuales, que será gestionado por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
Fuente: El Mundo.
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