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- Organizaciones de consumidores denuncian presiones sobre los eurodiputados
Rosario G. Gómez / María R. Sahuquillo Madrid 24 FEB 2013 - 23:39 CET
Los usuarios deberán consentir expresamente si quieren que sus datos sean utilizados para determinados fines. / claudio Álvarez
Si la nueva
legislación sobre protección de datos que se está debatiendo en el
Parlamento Europeo logra ver la luz, los ciudadanos de los
Veintisiete sabrán en todo momento cómo se recoge su información
personal en Internet y qué se hace con ella. Tendrán, además, que
dar su consentimiento expreso a la cesión de sus datos a terceros.
La norma —que unificaría el abanico de legislaciones de la UE—
afectaría a un oceánico número de empresas. Tanto en el plano
organizativo como económico, porque no solo reducirían su beneficio
por la venta de datos para uso publicitario; también tendrían que
reforzar su seguridad y hacer frente a multas si hay grietas en ella.
Bajo el paraguas de la norma estarían todas las empresas que operen
en el mercado europeo. Eso incluye a los gigantes tecnológicos,
tengan o no su sede en la UE. El alcance de la nueva norma y la
magnitud de los sectores implicados ha desatado una campaña de
presión sin precedentes por parte de la industria, que trata de
influir para descafeinar la ley.
“Está
siendo una de las mayores guerras de lobbys de todos los tiempos”,
define la eurodiputada verde Eva Lichtenberger. Las empresas
implicadas, por sí mismas o a través de grupos de presión que
defienden sus intereses, están tratando de influir en parlamentarios
como ella para que introduzcan enmiendas a la ley. No es una campaña
opaca, porque en la UE la mayoría de los lobbys están registrados,
y su actividad, en cierta medida, regulada; pero sí desigual.
Decenas de organizaciones de consumidores y de derechos civiles de
todo el mundo han alzado su voz para destacar que no todos juegan con
las mismas armas y que están en una posición de desigualdad frente
a colosos como Amazon o eBay. Y es que alrededor de la mitad de los
más de 5.000 grupos de presión inscritos en el Registro de
Transparencia de la UE representan a entidades empresariales,
comerciales o profesionales. Su actividad en el último año se ha
intensificado al máximo.
“Los
diputados y los grupos de la sociedad civil están luchando para
lograr una regulación de protección de datos lo más fuerte
posible, pero se enfrentan a una avalancha de grupos de presión bien
financiados cuyo único interés es preservar un sistema de
publicidad digital que fue construido invadiendo la privacidad de las
personas”, dice Jeff Chester, director de Center for Digital
Democracy. Esta y otra decena de organizaciones estadounidenses que
trabajan por la privacidad en la Red, y que ven en la nueva norma un
ejemplo para su país, han enviado una carta a destacadas autoridades
de EE UU en la que, tras reunirse en Bruselas con diputados de todo
color político, denuncian una “campaña sin precedentes” desde
la industria. Una crítica a la que se han sumado otras entidades
europeas, como Privacy Internacional o La cuadrature du net.
“Google,
Facebook, Yahoo y otras compañías pretenden continuar con sus
prácticas de seguimiento de los internautas. Tienen grupos de
presión en toda la UE que trabajan para transformar el proyecto de
privacidad en una propuesta sin dientes que no protegerá al
ciudadano”, insiste Chester. Según estas asociaciones, no son los
únicos que presionan. También, creen, la Administración de Obama
trata de influir.
El
europarlamentario alemán Jan Philipp Albrecht (Los Verdes), ponente
en la Eurocámara del reglamento, subraya el desequilibrio en los
mensajes que les llegan. “Es obvio que hay muchos grupos de interés
activos para influir en los parlamentarios sobre la regulación de
privacidad. Por supuesto, esto es legítimo. Pero en lo que respecta
al objetivo de fortalecer los derechos de los consumidores y la
protección de datos, la influencia es muy parcial a favor de los
intereses empresariales. Especialmente por parte de las compañías
estadounidenses de Internet, que presionan incluso contra las normas
vigentes de privacidad”, dice. “Si tienen éxito, el Parlamento
Europeo habría dejado de salvaguardar los derechos de sus
ciudadanos”, añade.
De momento,
parece que su voz ha sido escuchada. Varias organizaciones de
consumidores han denunciado que parlamentarios británicos han
presentado alegaciones al reglamento que proceden textualmente de los
mensajes que han difundido los grupos de presión de la industria. Un
corta y pega sin tapujos.
El
eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,
incide en que todos sus colegas están estrictamente vinculados a las
reglas de transparencia e integridad. “Cualquier otra cosa sería
fiscalizable”, dice. “No es inverosímil que un europarlamentario
dé por buena una enmienda sugerida. Otra cosa es que tenga un
interés específico que no ha sido comunicado en el registro de
conflicto de intereses”. López Aguilar destaca que el reglamento
es “oportuno y necesario”. Opinión que comparte el director de
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis
Rodríguez Álvarez.
A diferencia
de otros territorios, en la UE la privacidad está considerada como
un derecho fundamental. Pero las normas vigentes (de 1993) han
quedado obsoletas. El nuevo reglamento establece que los datos deben
ser tratados con el consentimiento de la persona interesada; que debe
ser informada por la empresa a la que ha dado permiso del uso que
hará de ellos.
Además,
destaca Rodríguez Álvarez, la nueva regulación pretende armonizar
las legislaciones de los distintos Estados para que en todos se
apliquen los mismos criterios. Actualmente las divergencias son
notables. Eso hace que algunas grandes empresas de Internet, como
Microsoft o Facebook, se hayan ubicado en aquellos países en los que
la legislación es menos garantista para los derechos de los
ciudadanos, como Irlanda o Luxemburgo.
Pero lo que
preocupa a las grandes compañías que operan en el ciberespacio
europeo es que con el nuevo reglamento deberán someterse a la
normativa comunitaria. Esto ocurrirá independientemente de que su
sede esté, por ejemplo, en EE UU. En los conflictos que Google tiene
abiertos en España se ha escudado tradicionalmente en que su sede
está en California y que se rige por las leyes de privacidad
estadounidenses. Eso obliga a los ciudadanos europeos a acudir a los
tribunales de ese país si ven lesionados sus derechos, lo que a la
postre “les condena a la indefensión”, advierte el director de
la AEPD. “Se trata de que todas las empresas, tanto europeas como
americanas que operen en Europa tengan las mismas reglas del juego”,
añade.
Google
declinó hacer comentarios sobre esta reforma. Sin embargo, otros
agentes contrarios a la regulación aseguran que puede ser un freno a
la innovación y un obstáculo para la economía online. Estos son
los argumentos, por ejemplo, de la Industry Coalition for Data
Protecion (una organización que agrupa a multinacionales), creada ad
hoc para expresar los intereses de la industria a raíz de la nueva
regulación.
“Esto solo
se puede defender con una visión cortoplacista. La protección de la
privacidad es una condición necesaria para generar confianza. La
economía online, y también la del mundo offline, tiene que
garantizar que no hará uso indebido de los datos”, enfatiza
Rodríguez Álvarez.
Internet garante
Información sencilla. El nuevo reglamento trata de que las condiciones de uso y todo aquello que el ciudadano tenga que aceptar lo haga de una manera clara e informada; no marcando una casilla con explicaciones confusas.
Sanciones. La normativa, que discute la Eurocámara pero que ha elaborado la comisaria de Justicia, Viviane Reding, establece multas de entre el 0,5% y el 2% de la cifra de negocio de la empresa que incumpla la ley.
Revisión. Recoge que debe haber autoridades independientes que velen por el cumplimiento de la ley. Ahora no todos los países la tienen. España sí: la Agencia de Protección de Datos.
Unitaria. La ley unificará criterios en la UE. En España, si se aprueba, será la primera vez que un reglamento comunitario desplace una ley orgánica en vigor.
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