Mostrando entradas con la etiqueta consentimiento. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta consentimiento. Mostrar todas las entradas

¿Perdemos libertad en internet?

Instituto Europeo Campus Stellae
Formación en Derecho en Internet y Delitos Informáticos
www.campus-stellae.com
info@campus-stellae.com
+0034 981 522 788
 



  • «Cuando accedemos a un determinado servicio en internet aceptamos los términos y condiciones que nos impone la empresa oferente y que en la mayoría de los casos vienen a significar que puede hacer de todo con nuestros datos generados», reflexiona el autor  

David Fernández, abogado especialista en ética y filosofía de la robótica e Inteligencia Artificial

La respuesta rápida debe ser parcialmente positiva. La Red está regulada por normas legales del derecho común y del derecho específico que intentan armonizar la convivencia y la actividad digital. Pero no son estas leyes las que coartan la plena libertad del individuo digital.

Los límites a la libertad se encuentran actualmente en el marco extranormativo. Son esas normas que imponen las empresas o las que fuerzan, mediante una censura más o menos visible, las diferentes presiones para defender lo «políticamente correcto». Es necesario añadir además la vigilancia, en ascenso geométrico, a la que estamos sometidos en cuanto encendemos un dispositivo conectado (e incluso sin encenderlo) y que coarta nuestra intimidad.

Cuando accedemos a un determinado servicio en internet aceptamos los términos y condiciones que nos impone la empresa oferente y que en la mayoría de los casos vienen a significar que puede hacer de todo con nuestros datos generados: borrarlos, modificarlos, compartirlos o utilizarlos para sus variados intereses. Hemos visto a menudo la censura que se aplica en las redes sociales y que entra en colisión con la plena libertad de expresión.

Libertad que debería poder ejercerse siempre que no choque con derechos de terceros. Pero ese posible choque es decidido por las propias empresas según sus criterios subjetivos. Borja Adsuara. Abogado y experto en estrategia digital, hacía hincapié durante el Congreso de ENATIC del pasado 27 de enero, en la excesiva observación y control sobre el usuario que choca habitualmente con su libertad de movimientos y de expresión de ideas.

Pero incluso esas acciones de funcionamiento de un determinado servicio digital están sometidas al escrutinio legal si sobrepasan de forma grave los límites permitidos. Sin embargo, existen coacciones a la libertad por censuras invisibles que responden lo políticamente correcto. Los diferentes grupos y tribus de la Red son cada vez más activos en defensa de sus ideologías, tendencias y derechos, y cada vez más, luchan con más ahínco contra los que opinan y critican en contrario.

De esta forma, se pueden llegar a formar auténticos linchamientos digitales contra el que expresa su propio criterio. La consecuencia es la autocensura por miedo a esa lapidación pública. Se impone el pensamiento único, el correcto o el neutral. Es cierto que la libertad de expresión se confunde muchas veces con el derecho al insulto, a la vejación e incluso al acoso. El supuesto -pero poco real- anonimato e impunidad otorga apariencia de derecho a cualquier acción, insulto o abuso, sin tener en cuenta que la Red es parte de la vida real, y que lo está prohibido (y no haríamos) en la calle, no debe ejecutarse en internet.

La pérdida de intimidad como limitación a la libertad digital El tercer obstáculo a la libertad, después de la censura de los prestadores de servicios y la autocensura por miedo, es la vigilancia tecnológica a la que somos sometidos. Nuestras compras, filias y fobias, movimientos, actividades y relaciones, son escrutadas y almacenadas para crear perfiles comerciales, personales y de seguridad. No pensemos de forma única en las empresas privadas: el propio Estado es un recopilador de datos de sus ciudadanos. Tampoco obviemos el acceso a nuestros datos de forma ilegal.

Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, señalaba en mismo Congreso de ENATIC la creciente importancia que está adquiriendo la llamada observación del comportamiento. Esta recopilación de datos para predecir nuestras próximas acciones limita nuestra elección, y especialmente nuestra privacidad. Datos y perfiles que podrán ser utilizados en el futuro para, por ejemplo, poder contratar un seguro, comprar un coche o viajar a un determinado país.

El usuario medio de la Red no es consciente de todas las limitaciones, recopilación de datos y observaciones a las que es expuesto. La libertad, para disfrutarla, requiere de información y consciencia de los límites a los que se enfrenta. No solo hablamos de los límites presentes, sino también de las consecuencias de nuestros actos digitales para el futuro.

Y las preocupaciones y alertas para ese futuro pueden agrandarse, porque la tecnología avanza. En la actualidad no podemos predecir cómo los algoritmos y la inteligencia artificial serán capaces de gestionar de forma ética y positiva nuestros datos y comportamientos en la Red. La capacidad será cuasi-infinita, esperemos que para bien.

FUENTE. ABC

Apple deberá devolver 24 millones por compras realizadas por menores

Instituto Europeo Campus Stellae
Área NTIC
Formación y Becas de estudio
Máster en Derecho de Internet y NTIC. Becas y prácticas en más de 70 países. Matricula 1200€
www.campus-stellae.com
info@campus-stellae.com
+0034 981522788

Un niño, usando un iPad de Apple.- DAMIEN MEYER (AFP)
Un niño, usando un iPad de Apple.- DAMIEN MEYER (AFP)

  • Tras un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de EEUU, reembolsará el dinero a padres y madres que recibieron facturas de 'apps' compradas por sus hijos sin permiso

EFE Washington (EEUU) 16/01/2014 18:43 Actualizado: 16/01/2014 19:15


Apple reembolsará un mínimo de 32,5 millones de dólares (unos 24 millones de euros) a padres y madres que se quejaron cuando recibieron las facturas de apps compradas por sus hijos sin permiso de los mayores, informó hoy el Gobierno estadounidense.

Bajo los términos de un acuerdo entre Apple y la Comisión Federal de Comercio (FTC), la empresa también cambiará sus prácticas de facturación para asegurar que obtiene el consentimiento expreso e informado de los consumidores, antes de cargarles en la cuenta por compras de aplicaciones para móviles.

"Este acuerdo es una victoria para los consumidores perjudicados por las facturas injustas de Apple, y da una señal a los empresarios: ya sea que haga negocios en el mundo cibernético o en el centro comercial, se aplican las protecciones fundamentales a los consumidores", indicó en una declaración la presidenta de la FTC, Edith Ramírez. "No se les puede cobrar a los consumidores por compras que ellos no autorizaron", añadió.

La querella de la FTC alegó que Apple violó la ley cuando no informó a los padres y madres de que, al ingresar una contraseña aprobaban la compra de una "app" y también 15 minutos de compras adicionales ilimitadas que sus hijos e hijas podían hacer sin otra intervención de los mayores.

Apple ofrece muchos juegos y vídeos para niños en su App Store que permiten que los usuarios incurran en cargos dentro de la aplicación. Muchos de estos cargos son por artículos virtuales o moneda que se usa en un juego. Los cargos van desde los 99 centavos a los 99,99 dólares.

Según la FTC, Apple ha recibido decenas de miles de quejas por compras de apps no autorizadas hechas por los niños.

"Una consumidora se quejó de que su hija había gastado 2.600 dólares en la aplicación 'Tap Pet Hotel', y otros consumidores dieron cuenta de compras no autorizadas, hechas por los niños, por más de 500 dólares en las aplicaciones 'Dragon Story' y 'Tiny Zoo Friends'", señaló la Comisión.

Fuente: Público.

Los colosos de la Red se alían contra la nueva ley de privacidad de la UE

Instituto Europeo Campus Stellae
Área NTIC
Formación y Becas de estudio
Máster en Derecho de Internet. Becas de 4.200€
www.campus-stellae.com
info@campus-stellae.com
+0034 981522788
  • Organizaciones de consumidores denuncian presiones sobre los eurodiputados

Rosario G. Gómez / María R. Sahuquillo Madrid 24 FEB 2013 - 23:39 CET



Los usuarios deberán consentir expresamente si quieren que sus datos sean utilizados para determinados fines. / claudio Álvarez


Si la nueva legislación sobre protección de datos que se está debatiendo en el Parlamento Europeo logra ver la luz, los ciudadanos de los Veintisiete sabrán en todo momento cómo se recoge su información personal en Internet y qué se hace con ella. Tendrán, además, que dar su consentimiento expreso a la cesión de sus datos a terceros. La norma —que unificaría el abanico de legislaciones de la UE— afectaría a un oceánico número de empresas. Tanto en el plano organizativo como económico, porque no solo reducirían su beneficio por la venta de datos para uso publicitario; también tendrían que reforzar su seguridad y hacer frente a multas si hay grietas en ella. Bajo el paraguas de la norma estarían todas las empresas que operen en el mercado europeo. Eso incluye a los gigantes tecnológicos, tengan o no su sede en la UE. El alcance de la nueva norma y la magnitud de los sectores implicados ha desatado una campaña de presión sin precedentes por parte de la industria, que trata de influir para descafeinar la ley.

“Está siendo una de las mayores guerras de lobbys de todos los tiempos”, define la eurodiputada verde Eva Lichtenberger. Las empresas implicadas, por sí mismas o a través de grupos de presión que defienden sus intereses, están tratando de influir en parlamentarios como ella para que introduzcan enmiendas a la ley. No es una campaña opaca, porque en la UE la mayoría de los lobbys están registrados, y su actividad, en cierta medida, regulada; pero sí desigual. Decenas de organizaciones de consumidores y de derechos civiles de todo el mundo han alzado su voz para destacar que no todos juegan con las mismas armas y que están en una posición de desigualdad frente a colosos como Amazon o eBay. Y es que alrededor de la mitad de los más de 5.000 grupos de presión inscritos en el Registro de Transparencia de la UE representan a entidades empresariales, comerciales o profesionales. Su actividad en el último año se ha intensificado al máximo.

“Los diputados y los grupos de la sociedad civil están luchando para lograr una regulación de protección de datos lo más fuerte posible, pero se enfrentan a una avalancha de grupos de presión bien financiados cuyo único interés es preservar un sistema de publicidad digital que fue construido invadiendo la privacidad de las personas”, dice Jeff Chester, director de Center for Digital Democracy. Esta y otra decena de organizaciones estadounidenses que trabajan por la privacidad en la Red, y que ven en la nueva norma un ejemplo para su país, han enviado una carta a destacadas autoridades de EE UU en la que, tras reunirse en Bruselas con diputados de todo color político, denuncian una “campaña sin precedentes” desde la industria. Una crítica a la que se han sumado otras entidades europeas, como Privacy Internacional o La cuadrature du net.

“Google, Facebook, Yahoo y otras compañías pretenden continuar con sus prácticas de seguimiento de los internautas. Tienen grupos de presión en toda la UE que trabajan para transformar el proyecto de privacidad en una propuesta sin dientes que no protegerá al ciudadano”, insiste Chester. Según estas asociaciones, no son los únicos que presionan. También, creen, la Administración de Obama trata de influir.

El europarlamentario alemán Jan Philipp Albrecht (Los Verdes), ponente en la Eurocámara del reglamento, subraya el desequilibrio en los mensajes que les llegan. “Es obvio que hay muchos grupos de interés activos para influir en los parlamentarios sobre la regulación de privacidad. Por supuesto, esto es legítimo. Pero en lo que respecta al objetivo de fortalecer los derechos de los consumidores y la protección de datos, la influencia es muy parcial a favor de los intereses empresariales. Especialmente por parte de las compañías estadounidenses de Internet, que presionan incluso contra las normas vigentes de privacidad”, dice. “Si tienen éxito, el Parlamento Europeo habría dejado de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos”, añade.

De momento, parece que su voz ha sido escuchada. Varias organizaciones de consumidores han denunciado que parlamentarios británicos han presentado alegaciones al reglamento que proceden textualmente de los mensajes que han difundido los grupos de presión de la industria. Un corta y pega sin tapujos.

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, incide en que todos sus colegas están estrictamente vinculados a las reglas de transparencia e integridad. “Cualquier otra cosa sería fiscalizable”, dice. “No es inverosímil que un europarlamentario dé por buena una enmienda sugerida. Otra cosa es que tenga un interés específico que no ha sido comunicado en el registro de conflicto de intereses”. López Aguilar destaca que el reglamento es “oportuno y necesario”. Opinión que comparte el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez.

A diferencia de otros territorios, en la UE la privacidad está considerada como un derecho fundamental. Pero las normas vigentes (de 1993) han quedado obsoletas. El nuevo reglamento establece que los datos deben ser tratados con el consentimiento de la persona interesada; que debe ser informada por la empresa a la que ha dado permiso del uso que hará de ellos.

Además, destaca Rodríguez Álvarez, la nueva regulación pretende armonizar las legislaciones de los distintos Estados para que en todos se apliquen los mismos criterios. Actualmente las divergencias son notables. Eso hace que algunas grandes empresas de Internet, como Microsoft o Facebook, se hayan ubicado en aquellos países en los que la legislación es menos garantista para los derechos de los ciudadanos, como Irlanda o Luxemburgo.

Pero lo que preocupa a las grandes compañías que operan en el ciberespacio europeo es que con el nuevo reglamento deberán someterse a la normativa comunitaria. Esto ocurrirá independientemente de que su sede esté, por ejemplo, en EE UU. En los conflictos que Google tiene abiertos en España se ha escudado tradicionalmente en que su sede está en California y que se rige por las leyes de privacidad estadounidenses. Eso obliga a los ciudadanos europeos a acudir a los tribunales de ese país si ven lesionados sus derechos, lo que a la postre “les condena a la indefensión”, advierte el director de la AEPD. “Se trata de que todas las empresas, tanto europeas como americanas que operen en Europa tengan las mismas reglas del juego”, añade.

Google declinó hacer comentarios sobre esta reforma. Sin embargo, otros agentes contrarios a la regulación aseguran que puede ser un freno a la innovación y un obstáculo para la economía online. Estos son los argumentos, por ejemplo, de la Industry Coalition for Data Protecion (una organización que agrupa a multinacionales), creada ad hoc para expresar los intereses de la industria a raíz de la nueva regulación.

“Esto solo se puede defender con una visión cortoplacista. La protección de la privacidad es una condición necesaria para generar confianza. La economía online, y también la del mundo offline, tiene que garantizar que no hará uso indebido de los datos”, enfatiza Rodríguez Álvarez.

Internet garante

Información sencilla. El nuevo reglamento trata de que las condiciones de uso y todo aquello que el ciudadano tenga que aceptar lo haga de una manera clara e informada; no marcando una casilla con explicaciones confusas.

Sanciones. La normativa, que discute la Eurocámara pero que ha elaborado la comisaria de Justicia, Viviane Reding, establece multas de entre el 0,5% y el 2% de la cifra de negocio de la empresa que incumpla la ley.

Revisión. Recoge que debe haber autoridades independientes que velen por el cumplimiento de la ley. Ahora no todos los países la tienen. España sí: la Agencia de Protección de Datos.

Unitaria. La ley unificará criterios en la UE. En España, si se aprueba, será la primera vez que un reglamento comunitario desplace una ley orgánica en vigor.

Fuente: El País.