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El Tribunal Supremo confirma la anulación del canon digital

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Efe | Madrid

El Tribunal Supremo ha rechazado resolver el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el canon digital, por estar derogada la norma previamente, de modo que sus efectos ya son firmes, según ha informado la Asociación de Internautas en una nota.

Según los internautas, el Alto Tribunal ha alegado la "pérdida sobrevenida del objeto" del recurso de casación para dejar de conocer el fondo del asunto, porque la norma que regulaba la compensación equitativa por copia privada fue derogada por la Disposición Adicional Décima del Real Decreto ley 20/2011, de forma que la Sentencia de la Audiencia Nacional queda firme.

La sentencia del TS, además, sostiene que el Supremo "no está para prevenir agravios futuros o hacer declaraciones doctrinales, sino para tutelar intereses actuales, ciertos y concretos".

La Audiencia Nacional anuló en 2011 la Orden Ministerial 1743/2008 que aprobaba nuevas tarifas para el canon digital y los nuevos productos que quedaban gravados con el mismo.

La norma no cumplía los requisitos formales necesarios para entrar en vigor, por lo que se declaró que era un acto administrativo "nulo de pleno derecho" y que sus efectos debían retrotraerse al momento en que se dictó el acto viciado, invalidando todo lo que se hubiera realizado al amparo de esa norma ilegal.

"Judicialmente se confirmaba que el canon digital era un completo abuso, esta vez, por una cuestión de formas", entiende la Asociación de Internautas.

La situación ahora

En ese sentido, añade la nota, se demuestra que "todo da igual y las millonarias cantidades que se cobraron a costa de ese concepto aún siguen en manos de quienes lo exigían a favor de la cultura, que son los mismos que ahora lo quieren sustituir por un nuevo disparate, mayor aún si cabe: el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado".

Por ello, la Asociación de Internautas recuerda que "en su momento" ya advirtió de lo que pasaría si, como ha sucedido hoy, la sentencia de la Audiencia Nacional se volvía firme, como que "el canon se recaudó durante años sin respetar las excepciones previstas por la Ley de Propiedad Intelectual".

"El Gobierno -añaden- utilizó un sistema de aprobación de normas que era ilegal para evitar tener que incluir los supuestos en que, según la Ley, ni personas jurídicas, ni personas físicas, debían pagar canon digital".

También consideran que el canon "debe ser reintegrado, en primer lugar, a todas las personas jurídicas que lo pagaron y, en segundo, a las personas físicas que pagaron más de la cuenta o en productos que no tienen canon".

"La Audiencia Nacional anula radicalmente una normativa y eso implica que recuperar lo cobrado indebidamente en concepto de 'compensación equitativa' es un derecho, aunque sea competencia de los Juzgados mercantiles y civiles", afirman los internautas. Y apuntan que, en su opinión, "el canon deberá ser regulado respetando lo dispuesto por la jurisprudencia, tanto en el fondo, como en la forma".
Los presupuestos

"Los límites están muy claros", consideran los internautas, y añaden que en su opinión "no coinciden" con los que marcan los Presupuestos Generales del Estado.

Estos, agrega la nota, "no respetan ninguno de los límites impuestos por la jurisprudencia a cobros desproporcionados, ni los impuestos por la propia Ley de Propiedad Intelectual para las personas jurídicas, que van a pagar con impuestos, o quienes, aunque no usen materiales protegidos, también lo paguen con sus impuestos".

Por último, indica la nota de los internautas, "el canon exige explicaciones del Ministerio de Cultura y precisa la admisión de responsabilidades por los abusos cometidos y permitidos durante años en esta materia".

Desde su punto de vista, "una forma positiva de empezar a responder sería no aprobar otra chapuza en relación con este tema de la copia privada, y escuchar a la sociedad civil".

Fuente: El Mundo.

La Asociación de Internautas pide al Supremo la suspensión de la 'Ley Sinde Wert'

En relación a las nuevas leyes sobre piratería y descargas ilegales, que estudiamos en el módulo de Propiedad Intelectual del Máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, os acercamos esta noticia sobre la impugnación de la Ley Sinde.



Efe | Madrid

La Asociación de Internautas ha impugnado ante el Tribunal Supremo el Reglamento que desarrolla la parte de la Ley de Economía Sostenible conocida como 'Ley Sinde, o 'Ley Sinde Wert', en una iniciativa en la que solicita su suspensión cautelar.

Además, la Asociación de Internautas ha hecho un llamamiento a las comunidades virtuales para que suscriban esta demanda y solicita "solidaridad económica" para sufragar los gastos que este proceso legal conlleva.

Según un comunicado remitido por esta asociación , con esta iniciativa tratan de recoger "las protestas" de la Red y de la calle, que les han llevado a impugnar el Reglamento que desarrolla las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual por considerar que atribuye a un órgano administrativo "competencias asignadas a los jueces por Ley".

En su opinión, este Reglamento estable, además, "infracciones difusas" y, sanciones "sin la habilitación legal precisa", lo que crea -añaden- una "notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos", en concreto, puntualizan, la libertad de expresión y la libertad de información (artículo 20 CE).

La Asociación de Internautas afirma que aunque la ley Sinde modificaba sustancialmente leyes como la de Comercio Electrónico, la de Propiedad Intelectual o la de la Jurisdicción Contenciosa, al desarrollarlas, el Reglamento "contradice" sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional "que interpretan los límites que ha de tener en su alcance una norma de este tipo".

Así, por las "graves consecuencias" que para los derechos fundamentales puede tener la puesta en marcha de una "Comisión de Censura en estas condiciones, sin que sus límites estén perfectamente definidos", la asociación considera imprescindible suspender la puesta en práctica de la norma aprobada por el Gobierno el pasado 30 de diciembre "hasta que exista una opinión judicial que la avale".

Este colectivo ofrece su iniciativa ante el Tribunal Supremo a organizaciones, comunidades virtuales, sitios web y personas físicas "que compartan y quieran respaldar esta petición", y les invita a suscribir un apoyo expreso "para impedir que esta Ley liberticida prospere".

Fuente: El Mundo.


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