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La ley antidescargas en Japón cumple un año sin detenciones

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La venta de discos a través de Internet se han disparado en un 50%

Efe | Tokio

Un año después de Japón aprobara una férrea ley contra las descargas ilegales por Internet no se han registrado por el momento detenciones ni se han experimentado incrementos significativos en la venta de discos o DVD, según informa la cadena pública NHK.

La ley, que entró en vigor a primeros de octubre de 2012, estipula penas de cárcel de hasta 2 años y multas de 2 millones de yenes (unos 15.000 euros) por violar los derechos de autor, una norma que supuso un gran cambio al introducir por primera vez en el código penal nipón sanciones penales a esta práctica.

Según los datos que maneja NHK, la norma sí ha tenido repercusión en el uso de los programas para descargar archivos 'online' más utilizados en Japón, 'Winny' y 'Share', cuyo tráfico ha descendido en este último año aproximadamente en un 40%.

Mientras, aunque las ventas de discos y DVD en Japón se han incrementado un 5% interanual durante el periodo de octubre de 2012 a julio de este año, de enero a agosto de 2013 el sector ha experimentado un descenso interanual del 7%.

"Se nota que ha habido un efecto por la ley, pero más que la venta de discos lo que se ha incrementado es el alquiler", detalló a NHK el director de la Asociación Japonesa de Discográficas, Kenji Takasugi, lo que hace prever que los usuarios continúan 'pirateando' a través de copias físicas en lugar de digitales.

En este sentido, la venta de discos a través de Internet se han disparado en un 50% desde que se aplicó la nueva ley antipiratería.

"Tratamos de concienciar para evitar las descargas ilegales por Internet en el objetivo de mejorar las ventas de la industria, los servicios y producir mejores discos", añadió Takasugi.

Fuente: El Mundo.

Google se niega a retirar de su buscador los sitios web de descargas

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Portaltic/EP | Madrid

La compañía Google se ha negado a retirar de su buscador los resultados que llevan a los usuarios a sitios web de descarga de archivos. La compañía estadounidense asegura que estar haciendo cambios para reducir la piratería pero que la vigilancia en la red y eliminar sitios web va en contra de la filosofía de Google.

Los titulares de derechos de autor y Google vuelven a iniciar una batalla entre ellos por culpa de la piratería. Ambos siguen sin llegar ya que los primeros quieren que la compañía de Internet elimine de sus resultados aquellas web que lleven a los usuarios a páginas de descarga de contenido que incumple las leyes de copyright, sin embargo la compañía de Mountain View se niega a ello.

Según recoge TorrentFreak, Google está haciendo cambios para reducir la piratería pero la vigilancia de la red y eliminar sitios web, va en contra de la filosofía que tienen en la empresa. Durante años, los grupos de la industria de entretenimiento han exigido que Google tome medidas sobre los sitios piratas que aparecen en sus resultados de búsqueda.

Durante este tiempo, la compañía estadounidense ha respondido a estas preocupaciones mediante la adopción de una serie de medidas encaminadas a reducir la infracción de derechos de autor. La compañía retiró términos y búsquedas en sus servicios Google Instant y búsquedas sugeridas y más tarde comenzó a eliminar sitios web en función del número de solicitudes que reciben por parte de la DMCA.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, los titulares de derechos de autor quieren que Google intensifique su lucha contra la piratería. La RIAA ha señalado en varias ocasiones que los resultados de búsqueda piratas son mayores que los resultados de páginas con contenidos legítimos.

Pero el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, ha dicho en una rueda de prensa en la conferencia de Allen & Co. esta semana que "la industria quiere que se nos permita editar la web, y literalmente, eliminar sitios va en contra de nuestra filosofía".

Google es consciente de la existencia de infracciones de los sitios y los esfuerzos antipiratería de la compañía han reducido el tráfico de datos.

Fuente: El Mundo.

Francia deja de cortar Internet como sanción por las descargas ilegales

En cuatro años solo hubo una desconexión a la Red cuando se preveían millón y medio

Javier Martín Madrid 10 JUL 2013 - 11:19 CET

Consulta de páginas de descargas de archivos. / CLAUDIO ÁLVAREZ

El ridículo ha muerto. El actual Gobierno socialista francés ha acabado con la ley Hadopi, una de las leyes estrella del anterior Gobierno conservador de Sarkozy. Nacida para acabar con las descargas ilegales de Internet, la ley Hadopi facultaba a los jueces a dejar a un hogar sin comunicación a Internet si persistía, después de tres avisos oficiales, en la descarga ilegal de contenidos.

En 2009, la entonces defensora de la ley, la ministra Christine Albanel, anunció que gracias a la nueva legislación se ordenarían al día un millar de desconexiones domésticas, es decir, 365.000 al año, casi millón y medio en este periodo de cuatro años. La avalancha de burocracia obligaría a crear un centenar de empleos en los juzgados, de los que una cuarta parte serían jueces especializados. La realidad es que en cuatro años solo ha habido un corte de la conexión a Internet.

El martes, la posibilidad de dejar a un hogar sin conexión a la Red quedó anulada por una reforma del Gobierno, publicada en el Diario Oficial de Francia.

Hacía un mes que la actual ministra, Aurelie Filippetti, había anunciado la muerte de Hadopi: “Para los internautas no habrá más cortes de Internet decididos por un juez”, porque supone un “atentado grave contra una libertad [la del acceso a Internet] reconocida por el Consejo Constitucional”, declaró.

La ley Hadopi, junto a otras similares que se desarrollaron o se intentaron desarrollar hace unos años, como las norteamericanas SOPA y PIPA, fueron muy criticadas por el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, que, en una carta a la revista Scientific American, llegó a acusar a estos países de coartar la libertad de las personas como hacen China y otras dictaduras.

La eliminación de la ley Hadopi llega tras el informe de Pierre Lescure, expresidente de Canal+, que promueve nuevas sanciones en el campo audiovisual.

El informe plantea mantener las cartas de advertencia e incluso las multas, pero no la privación de conexión a los hogares. Además, anima a reducir sensiblemente las sanciones económicas, pasando del tope de 1.500 euros de la Hadopi a un máximo de 60 euros.

La ley española similar, conocida con los nombres de sus ministros de Cultura, Sinde-Wert, no contempla la desconexión de los hogares, es decir del destino de los archivos, sino de su fuente: los sitios de almacenamiento de contenido sin derechos de reproducción.

Los cuatro años de la ley Hadopi han sido decepcionantes en todos los sentidos. Hasta ahora, la pena máxima por descarga ilegal era de 1.500 euros de multa y un mes sin acceso a Internet. En la práctica, las sanciones se habían reducido a tres en cuatro años que, tras diversos recursos, se quedaron en una, en septiembre de 2012: 15 días sin Internet y 150 euros de multa por la descarga de canciones de Rihanna.

El balance cuatrienal se completa con un gasto anual de 40 millones de euros, 1,6 millones de correos eletrónicos enviados, 147.000 órdenes expedidas, 30 denuncias en los juzgados y cuatro personas juzgadas, de las que fueron condenadas tres, aunque solo dos con penas.

La ley Hadopi tampoco ha conseguido que mejorara la industria cultural. El pasado año, el mercado musical francés cayó un 4,5%; el público del cine, un 11%; las ventas de DVD, un 8,7%, y el vídeo por demanda, un 16%. Solo suben los abonos a la música en streaming de sitios como Spotify o el local Deezer.

Por eso, el informe Lescure aconseja un impuesto para fabricantes y vendedores de ordenadores, tabletas, móviles inteligentes y teles con conexión a Internet. La tasa serviría para alimentar “una cuenta de apoyo a las industrias creativas que crean empleo en Francia”, según la ministra, que anuncia nueva ley tras el verano.

Fuente: El País.

El fundador de Megaupload propone un acuerdo para ser juzgado en EE UU

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En relación a los contenidos estudiados en el Máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, os acercamos esta noticia sobre el juicio contra Dotcom.

El creador de Megaupload pide a cambio que descongelen el dinero de sus cuentas y la libertad condicional

EFE Sidney 11 JUL 2012 - 03:10 CET

Una imagen de KIm Dotcom en febrero. / MICHAEL BRADLEY (AFP)

El fundador del portal Megaupload, Kim Dotcom, propuso hoy ir voluntariamente a Estados Unidos para ser juzgado por supuesta piratería informática y otros delitos a cambio de que descongelen el dinero de sus cuentas y de que se le otorgue la libertad condicional en ese país.

'Nosotros iremos a los Estados Unidos. No hay necesidad de una extradición. Queremos libertad condicional y que descongelen las cuentas para los abogados y los costes de vida', comentó Dotcom en Twitter.

Dotcom también comentó que él y los tres ejecutivos de Megaupload, que aguardan en libertad condicional en Nueva Zelanda el proceso de extradición, están dispuestos a ir a EEUU si se les garantiza un juicio justo, así como el acceso al dinero depositado en sus respectivas cuentas corrientes.

Pero 'ellos nunca aceptarán esto porque ya saben que no pueden ganar este caso', comentó Dotcom en declaraciones publicadas por el diario New Zealand Herald (NZH).

Esta propuesta surge un día después de que se aplazara el inicio del proceso sobre la petición de extradición a EEUU, que estaba programado para el mes próximo, hasta el 25 de marzo de 2013 por la polémica legal en torno al caso contra Dotcom.

A finales de junio, la presidenta del Alto Tribunal, Helen Winkelmann, determinó que las órdenes utilizadas en el asalto policial realizado el pasado enero contra la mansión de Dotcom, en las afueras de Auckland, eran demasiado amplias y no especificaban adecuadamente los delitos atribuidos y, por lo tanto, eran ilegales.

El fallo de Winkelmann siguió a un dictamen previo del juez David Harvey que determinaba que los abogados de Dotcom debían obtener las copias del material confiscado. Pero la justicia neozelandesa todavía no se ha pronunciado sobre el destino de las pruebas confiscadas ni sobre el acceso al material decomisado.

Dotcom confesó al NZH que las batallas y demoras en el caso afectan a su capacidad para afrontar el pago de las 'millonarias' facturas de los 22 abogados que defienden su inocencia en diversos casos en varios países.

'Ellos saben que por cada movimiento que hagan tengo que enviar a mis abogados. Lo hacen para que no tenga la oportunidad de defenderme a largo plazo', enfatizó. EEUU quiere juzgar a un total de siete directivos de Megaupload, entre ellos a los cuatro que fueron detenidos en Nueva Zelanda por supuestos delitos relacionados con la piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.

A Megaupload se le atribuye haber causado más de 500 millones de dólares (408 millones de euros) en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares (142 millones de euros).

Fuente: El País.

El rechazo de ACTA, una mala noticia o un 'triunfo para la democracia'

Efe | ELMUNDO.es | Bruselas | Madrid

Mientras grupos de activistas de Internet y algunos políticos celebraban el rechazo de la Eurocámara al Acuerdo multilateral Comercial contra la Falsificación, conocido como ACTA, las industrias manufactureras y creadoras de Europa se lamentaban porque el "no" a este pacto causará, según ellas, perjuicios a la propiedad intelectual europea, a sus empleos y a su economía.

En un comunicado conjunto (PDF), la Federación Internacional de Productores Discográficos (IFPI, en sus siglas inglesas), la Federación de Editores Europeos (FEE), la Federación Internacional de Actores (FIA) y otros organismos internacionales del sector cultural y manufacturero han calificado de "oportunidad perdida para la UE" en materia de protección de las industrias creadoras europeas y aquellas que apuestan por la innovación.

El acuerdo pretende luchar contra la 'piratería' en Internet pero también contra las falsificaciones de productos comerciales de marca y medicamentos ilegales.

"ACTA es una importante herramienta para la promoción de la propiedad intelectual y los empleos europeos. Desgraciadamente, el tratado siguió un camino equivocado en el Parlamento, y los méritos reales y considerables del tratado no pudieron prevalecer" dijo Anne Bergman-Tahon, directora de la FEE, uno de los miembros de una coalición que reúne más de 130 organizaciones que apoyan el acuerdo.

'Que ACTA siga avanzando'

El director general de IFPI, Frances Moore, espera ahora la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, al tiempo que pidió al Parlamento Europeo que haga la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual una alta prioridad de la política comercial. "Esperamos que ACTA seguirá avanzando al margen de la UE, lo que significa una pérdida significativa para los 27" afirmó Alan C. Drewsen, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés).

Según Thomas Boué, director de Asuntos Gubernamentales de la región Europa, Medio Oriente y África de la organización Business Software Alliance (BSA), "la violación de los derechos de propiedad intelectual constituye un problema de relevante importancia en Europa y es clara la necesidad de mejorar las normas y prácticas a nivel internacional, para lograr una protección más efectiva" y ACTA habría supuesto "un paso adelante de gran importancia".

"Vemos con satisfacción los esfuerzos que hace el Parlamento por ser percibido como receptivo a las preocupaciones de la población, pero las organizaciones que representan a los sectores que dan empleo a más de 120 millones de trabajadores en Europa reclamaban la adopción de ACTA", declaró por su parte Jeffrey P. Hardy, director de Acción para Frenar las Falsificaciones y la Piratería de la Cámara de Comercio Internacional.

'Triunfo de la democracia'

En el otro extremo, grupos activistas y ciudadanos celebraban el veto de la eurocámara a ACTA, un hecho que el movimiento internacional Avaaz calificó de "triunfo para la democracia en Europa".

Avaaz afirmó que el voto de los eurodiputados es una "victoria histórica para el poder ciudadano", ya que considera que responde a la petición firmada por 2,8 millones de personas a través de su página web para pedir que no se ratificara ACTA.

Diputado de LosVerdes. | Efe

"Se trata de la mayor campaña 'online' de la historia dirigida al Parlamento Europeo y su fuerza ha sido reconocida por destacados políticos en Bruselas, empezando por Martin Schulz", presidente de la Eurocámara, aseguró Avaaz en un comunicado.

El director de campañas en Avaaz, Alex Wilks, señaló que este "hachazo a ACTA representa una victoria histórica para el poder ciudadano frente al control de las grandes corporaciones" y felicitó a los eurodiputados que han respaldado el rechazo al acuerdo.

"En el futuro, la UE debe involucrar a los ciudadanos y al Parlamento desde el inicio, en lugar de tratar de imponer este tipo de tratados como una apisonadora", recalcó.

Para el Grupo de Los Verdes en el PE, el rechazo a ACTA es "una victoria para la democracia y la ciudadanía europeas". "El no a ACTA demuestra que la cultura, el conocimiento, la agricultura, la salud y las libertades civiles pueden ganar a los intereses privados", ha señalado el eurodiputado de esta formación Raül Romeva.

Para el grupo Socialista, "ACTA era erróneo desde el comienzo", pues "se negoció en secreto y junta en un mismo texto cosas que no se pueden comparar, como la falsificación de bienes y el 'copyright' en la Red", ha señalado en un comunicado.

Por su parte, el Partido Popular Europeo (PPE) lamentó que la Eurocámara rechazase posponer la votación a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia, tal y como el grupo había propuesto. "La decisión de rechazar ACTA tiene serias consecuencias y es irresponsable", ha señalado en nombre de la formación Christofer Fjellner.

Bruselas insistirá

En cualquier caso, la Comisión Europea aseguró que seguirá buscando fórmulas para la defensa a escala global de la propiedad intelectual. "Con el rechazo de ACTA la necesidad de proteger la columna vertebral de la economía europea en todo el globo: nuestra innovación, nuestras creatividad, nuestras ideas -nuestra propiedad intelectual- no desaparece", ha subrayado en un comunicado el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht.

Bruselas, que hizo campaña hasta el último momento en favor del texto vetado por los eurodiputados, ha reconocido la decisión del Parlamento Europeo, pero ha dejado claro que seguirá trabajando con sus socios internacionales para tratar la defensa del 'copyright'.

En este sentido, De Gucht ha explicado que la Comisión continuará adelante con la consulta que ha planteado al Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si ACTA podría afectar algún derecho fundamental de los ciudadanos. "Los europeos han planteado esta preocupación y ahora tienen derecho a recibir respuestas. Debemos respetar ese derecho", ha subrayado.

Una vez conocida la opinión de la Corte, la CE tiene previsto consultar con sus socios internacionales para ver "cómo se puede avanzar" en el asunto de la propiedad intelectual.

El acuerdo ACTA ha sido negociado por los veintisiete países de la UE, Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Para su entrada en vigor necesita la ratificación de, al menos, seis países. En el caso europeo, su aplicación ha quedado frenada con el "no" de la Eurocámara, que lo rechazó con 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones.

Decisión meditada de la Eurocámara

"La decisión de rechazar ACTA no se ha tomado a la ligera. Sigue a un debate intensivo, inclusivo y transparente con la sociedad civil, organizaciones empresariales, parlamentos nacionales y muchos otros actores", ha explicado tras el voto el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

Según el político alemán, la Eurocámara no está en contra de la defensa de la propiedad intelectual, pero cree que ACTA no es la solución adecuada al ser "demasiado vago" y dejar la puerta abierta a "abusos".

Además, según Schulz, el texto plantea "preocupación por su impacto en la privacidad y las libertades civiles de los consumidores, en la innovación y en el libre tráfico de información".

Fuente: El Mundo.

La primera resolución de la Ley Sinde obliga a retirar enlaces sin posibilidad de alegar

El sitio web deberá controlar enlaces infractores 'presentes y futuros'
Si desobedece podría ser multado con hasta 600.000 euros
Cultura anuncia que ha iniciado procedimiento en ocho solicitudes de momento
Los detractores de la Ley Sinde ponen en marcha el hashtag #sindefensa

Pablo Romero | Madrid

La primera resolución de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI) contra un sitio web confirma las sospechas de algunos expertos contrarios a la Ley Sinde: se utiliza la normativa contra el sitio web de almacenamiento (el servicio de 'hosting') y se considera al sitio de enlaces como un mero intermediario, por lo que deberá retirar los enlaces en 72 horas desde que se le notifique la resolución y sin posibilidad de alegar.

A raíz de una solicitud presentada por AGEDI el pasado día 2 de marzo de 2012 contra el sitio web de enlaces bajui.com, la Sección Segunda"identifica" a la empresa suiza responsable del servicio de almacenamiento web uploaded.com como responsable de la vulneración de los derechos de opropiedad intelectual de la obra de Luz Casal 'Un Ramo de Rosas'. Mediante una notificación, requiere a esta compañía la retirada de esos contenidos señalados en 48 horas.

Mientras, el dueño de bajui.com ha recibido esta notificación en la que se le informa de la apertura del procedimiento contra uploaded.com, pero en la que se le presupone conocimiento efectivo (a través de un buzón electrónico en https://notificaciones.060.es) y por la que se le obliga a suprimir o inutilizar el enlace correspondiente en el plazo de 72 horas desde se notifique.

Dicha obligación, sostiene la Sección Segunda, se "extiende a otros enlaces presentes y futuros a las mismas obras objeto de este procedimiento", y así interpreta el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Es decir, en este caso bajui.com se verá obligado a vigilar cada uno de los enlaces que suministra, aunque sean subidos de forma automática o por terceros, para detectar y eliminar aquellos que apunten a la descarga de 'Un Ramo de Rosas'.

David Bravo, abogado del responsable de bajui.com, comenta que la sección Segunda "alega una doctrina del Tribunal Supremo que no existe y que obligaría a todos los sitios web a realizar un seguimiento permanente y continuo en busca de enlaces infractores, algo contra lo que sí se ha pronunciado el propio Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", que eximen de responsabilidad a los dueños de sitios web por contenidos de terceros. "Imagina, sitios como Menéame o la Wikipedia no existirían porque se basan en las aportaciones de los propios usuarios", comenta.

Obligado sin posibilidad de alegar

En este caso el dueño del sitio web bajui.com participa en este procedimiento administrativo como mero intermediario, ya que el procedimiento se abre contra uploaded.com.

Es decir, al no ser parte en el procedimiento, bajui.com deberá limitarse a retirar los enlaces sin poder alegar nada y como prestador de servicio de intermediación, si desobedece incurriría en una infracción muy grave, con multa de 150.001 euros a 600.000 euros, en virtud del artículo 38.2.b de la LSSI.

De hecho, Bravo anuncia que pedirán, de entrada, la nulidad de la notificación que, en su opinión, "vulnera el derecho de defensa". "La Ley Sinde se hizo para ir contra los sitios web de enlaces, como nos han repetido por activa y por pasiva", recuerda el abogado. "Ahora vemos que el denunciado es una empresa suiza, pese a que el objeto era bajui.com, y no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de presentar alegaciones en el procedimiento".

Cabe destacar que en la notificación no aparecen los nombres de los miembros de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, tan sólo el de Teresa Lizaranzu, como presidenta de dicha comisión en lugar del secretario de Estado de Cultura.

En una nota, la Secretaría de Estado de Cultura afirma que ha la Sección Segunda de la CPI ha "iniciado procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet en ocho solicitudes" y tras desestimar 243. "El resto de solicitudes presentadas hasta hoy, hasta un total de 326, se encuentran en fase preliminar", añade.

Según dicha nota, "los solicitantes, los responsables de la página web objeto de la solicitud y los intermediarios de la sociedad de la información han recibido la correspondiente notificación". Añade además que "los responsables de los servicios de la sociedad de la información notificados tienen un plazo de 48 horas para llevar a cabo la retirada voluntaria de los contenidos señalados que pudieran resultar ilícitos (...) o, en su defecto, la presentación de alegaciones y la propuesta de pruebas que estimen oportunas".

'Fraude de ley'

El abogado y experto Carlos Sánchez Almeida considera que esta resolución es prácticamente un "fraude de ley", ya que "el Ministerio considera que el infractor es el sitio de 'hosting' y no el sitio de enlaces, al que otorga un papel de intermediario y saca del procedimiento pero obliga a eliminar enlaces".

Hace un año, el propio Almeida adelantaba la posible "trampa" que escondía el reglamento que desarrolla la Sección Segunda. Dicha trampa" consiste en considerar a los sitios web de enlaces -contra las que teóricamente iba a actuar la llamada Ley Sinde- como meros servicios de intermediación de la sociedad de la información.

Así, estos sitios web no serían parte del procedimiento administrativo, pero sí estarían obligados a la ejecución forzosa de la resolución de retirada de contenidos en cuanto ésta les sea notificada, tal y como ha sucedido con bajui.com.

De esta manera, si sitios com SeriesYonkis, Menéame o incluso Google son 'denunciados', podrían ser considerados no como servicio vulnerador de propiedad intelectual sino como un servicio de intermediación del que se valen -valga la redundancia- los vulneradores de la propiedad intelectual. Así, estos sitios deberán eliminar enlaces sin posibilidad de alegar nada ya que sólo se les notificaría la resolución en vía de ejecución forzosa. Si desobedecen y no retiran los enlaces, se exponen a una cuantiosa multa.

Por su parte, varios detractores de la Ley Sinde han puesto en marcha en Twitter la etiqueta ('hashtag') #sindefensa, para comentar la resolución en el sitio web de 'microblogging'

Fuente: El Mundo.

Megaupload afronta la primera demanda civil por piratería en Estados Unidos

Megaupload, el portal de descargas fundado por Kim Scmitz o 'Dotcom' y clausurado por las autoridades estadounidenses, afronta la primera demanda civil en Estados Unidos por supuesta piratería informática, informaron medios neozelandeses.

La cadena de televisión neozelandesa TVNZ informó que la empresa Microhits demandó en un tribunal de Justicia del estado de Virginia a Megaupload por una suma no especificada.

Microhits, propietaria de los derechos de canciones de artistas como Billy Holiday y Frank Sinatra o de espectáculos protagonizados por Denzel Washington y Jackie Chan, considera que Megaupload ha "diseminado copias sin autorización de trabajos que tienen derechos de autor", según el informe del Hollywood Reporter citado por TVNZ.

El fundador de Megaupload fue detenido el pasado 20 de enero junto a tres directivos de este portal en las afueras de la ciudad neozelandesa de Auckland como parte de un operativo internacional contra la piratería informática que incluyó el cierre de la empresa, la incautación de sus bienes y detenciones en Europa.

Actualmente, 'Dotcom' y los tres directivos se encuentran en Nueva Zelanda en libertad condicional con vigilancia electrónica y tienen prohibido el empleo de Internet, a la espera de que comience en el tribunal el proceso de extradición que se prevé arrancará el próximo agosto.

Estados Unidos quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload, entre ellos a 'Dotcom' por piratería informática, crimen organizado blanqueo de dinero y otros supuestos delitos.

Las autoridades de Estados Unidos acusan al portal de descargas de daños a la propiedad intelectual superiores a 500 millones de dólares (375 millones de euros) y de haber conseguido de manera ilícita ingresos de más de 175 millones de dólares (131 millones de euros).

Según la defensa legal de Dotcom, Megaupload dispone de correos electrónicos con lo que puede demostrar que varios estudios de Hollywood persiguieron formalizar acuerdos comerciales con este portal y de miles de funcionarios y soldados que también utilizaron los servicios de esta empresa informática.

Fuente: El Mundo.