Un tribunal de EEUU prohíbe la reventa de música digital

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 Sede de Capitol Records en Hollywood. | Reuters

• La sentencia acota la llamada 'doctrina de primera venta', una de las limitaciones legales que existen para el 'copyright' en Estados Unidos

Afp | ELMUNDO.es | Washington | Madrid

La reventa de la música digital, es decir, la actividad de sitios que se dedican a vender música 'de ocasión' mediante su descarga, viola las leyes de derechos de autor y su reproducción podría ser ilegal, según una sentencia (PDF) un tribunal federal de EEUU. Es decir, según esta sentencia, un archivo MP3 comprado legalmente no podría ser 'revendido' sin infringir la ley.

La decisión del juez Richard Sullivan del distrito de Nueva York, publicada el pasado viernes, resuelve de este manera una demanda del sello discográfico Capitol Records interpuesta en 2012 contra el sitio web ReDigi, que pretende ser "el mayor mercado del mundo de música digital de ocasión".

La decisión judicial, que podría tener un gran impacto en la reventa de la música digital, dice que ReDigi no vende productos usados sino que comercializa copias ilegales. Con esta decisión, el juez aclara la llamada 'doctrina de primera venta', una de las limitaciones legales que existen para el 'copyright' en EEUU y que permite -con limitaciones- la venta de productos físicos una vez adquiridos. Es decir, supone una excepción de la aplicación del 'copyright' entre el vendedor y el primer comprador.

Al amparo de esta doctrina han florecido negocios con un pie en el mundo físico y otro en el digital, como las tiendas de videojuegos o de discos de segunda mano.

Ahora, esta sentencia viene a limitar esa excepción en lo que respecta a la música digital por Internet. "Es simplemente imposible trasferir esa doctrina a Internet", afirma el juez en una decisión de 18 páginas. Dado que ReDigi hace una copia de las canciones en cuestión, el juez consideró que la empresa estaba violando los derechos de autor del demandante.

"Los derechos de reproducción se aplican cuando una obra es reproducida en un nuevo objeto material, y como las telecargas de música digital deben de ser reproducidas en un nuevo objeto material, el tribunal estima que la descarga de música en un disco duro es una reproducción según determina la ley de derechos de autor", dice el fallo.

"Capitol no aprobó la reproducción o distribución de sus grabaciones protegidas por derechos de autor en el sitio web ReDigi. Por lo tanto, si los archivos de música digital están 'reproducidos' y 'distribuidos' en el sitio web ReDigi, dentro del significado de la Copyright Act, entonces hay una violación de derechos de autor de Capitol Records".

Por lo tanto, las regulaciones de derechos de autor que permiten la reventa de libros usados ​​"no protegen a ReDigi con respecto a la distribución de las obras realizadas por Capitol", dice la resolución.

Capitol Records, filial de Universal Music Group (Vivendi), es propietaria de los derechos entre otros, de 'Come Fly With Me' de Frank Sinatra y 'Yellow Submarine' de los Beatles.

Según The Verge, esta se aplica únicamente a la jurisdicción de Nueva York de momento, pero podría servir de modelo para otros estados.

En un comunicado, ReDigi, que anuncia un recurso, muestra su "decepción" por la decisión y aclara que afecta a la versión 1.0 del servicio "que ha sido reemplazado por ReDigi 2.0". Ésta última versión incorporará dos patentes -pedientes de aprobación- llamadas "Direct to Cloud Technology" y "Atomic Transfer Technology", las cuales "el tribunal declaró que no se verán afectadas por su reciente fallo".

"El caso tiene amplio alcance y tiene serias implicaciones que afectan al modo en que nosotros, como sociedad, utilizaremos los bienes digitales", añade el comunicado. "La sentencia es sorprendente a la luz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Kirtsaeng v Wiley & Sons, que reafirmó la importancia y 'aplicabilidad' de la 'doctrina de la primera venta' en Estados Unidos", así como recuerda que "El Tribunal Europeo de Justicia ha subrayado la importancia de la 'primera venta' o el 'agotamiento de derechos de autor' y la aplicación directa de esta doctrina a las transacciones digitales".

Fuente: El Mundo.

Enemigos de Internet: Siria, China, Irán...

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• Reporteros Sin Fronteras publica su informe anual en el Día Mundial contra la Cibercensura

Javier Martín Madrid 12 MAR 2013 - 08:54 CET

Siria, China, Irán, Bahrein y Vietnam están entre una docena de países enemigos de Internet por sus políticas de espionaje online, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras que ha publicado hoy martes coincidiendo con el Día Mundial contra la Cibercensura.

El informe de este año, del que ha desaparecido Cuba como uno de los países que más espía a sus ciudadanos, también incluye a un grupo de países "bajo vigilancia" y, aunque hay una mayoría de países árabes y dictatoriales, también se encuentran en ese capítulo Australia y Francia por sus leyes de filtraje de contenidos y cierre de cuentas de particulares por motivos de copyright. En ese sentido, RSF señala: "Francia no debe sacrificar la libertad de expresión en Internet y la neutralidad de la Red por razones de seguridad o de protección del copyright".

En ese sentido, también critica el anuario leyes aprobadas recientemente por países democráticos, "leyes potencialmente liberticidas que permitirían la instalación de una vigilancia generalizada. Ejemplos de ellos son la FISAA y CISPA, en Estados Unidos, la British Communication Data Bill, en Reino Unido, la Wetgeving Bestrijding Cybercrime, en los Países Bajos, y tantos textos que sacrifican la libertad de expresión en Internet, alegando luchar contra los delitos informáticos".

El informe Enemigos de Internet señala a cinco empresas "mercenarias" que venden sus servicios a los gobiernos para ayudar técnicamente a la opresión de sus ciudadanos. Estas empresas son Gamma, Trovicor, Hacking Team, Amesys y Blue Coat, todas ellas radicadas en países occidentales.

Un total de 22 periodistas y 18 internautas fueron a la cárcel el pasado año en Siria por culpa del ciberespionaje que ejerce el Gobierno a través de sus organismos de telecomunicaciones que controlan a cinco millones de ciudadanos. Incluso bloquean datos encriptados y el intercambio de correos electrónicos con el extranjero.

En el caso de Irán, el Gobierno ha optado por crear su propio sistema local de Internet. Ha encarcelado a 20 internautas y matado a uno de ellos. Pero en términos de gente afectada, según el RSF el número uno es para China, ya que individuos y empresas tienen que pasar por el lazo del Gobierno o una compañía estatal para acceder a Internet, además de soportar un filtro a las webs extranjeras. Por motivos de Internet, el Gobierno encarceló el pasado año a más de un centenar de  ciudadanos, una treintena de ellos periodistas. El mismo control gubernamental existe en Bahrein (77% de penetración de Internet) y en Vietnam.

RSF pide que se deje de vender material informático a esos países, ya que actualmente la Unión Europea o Estados Unidos están ayudando, con sus suministros, a la censura y represión.
Fuente: El País.

Europa se rearma para blindar el copyright

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Sarkozy convoca una cumbre de empresarios para discutir "reglas" contra la piratería. Bruselas propone la colaboración entre empresas proveedoras de conexión y sociedades de gestión de derechos

DANIEL BASTEIRO CORRESPONSAL EN BRUSELAS 25/05/2011 08:00

En liza hay dos libertades. La expresión cultural y el acceso a la información. El campo de batalla es la red, convertida en oxígeno para ambas. Ese es, a grandes rasgos, el parte de guerra que ayer hicieron público dos centros de poder global, el G-8 y la Comisión Europea. Según Nicolas Sarkozy, presidente de turno del primer foro, y Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, la única manera de lograr una tregua para que sobrevivan ambas es imponer la vigilancia reforzada sobre internet. ¿El objetivo? Detectar y castigar cualquier violación de las leyes de propiedad intelectual.

Sarkozy inauguró ayer un foro de empresarios y expertos especializados en internet del que espera recoger ideas para debatir en el G-8, que mañana reúne a ocho grandes economías en la ciudad de Deauville. "Hay que comprender que hay un conjunto mínimo de reglas, de valores que respetar para continuar evolucionando", aseguró el presidente.

Sarkozy reclamó que los gobiernos, "únicos representantes legítimos de la voluntad general", deben trasladar esos valores a internet hasta hacerla "civilizada" y "responsable". Su Gobierno aprobó la llamada "ley de los tres avisos" o ley Hadopi, por la cual una empresa que ofrece conexión a internet puede, tras tres avisos, desconectar a un usuario si viola las reglas de propiedad intelectual. "Más que darles a los creadores los derechos de propiedad de sus obras, les ha garantizado su independencia, les ha regalado la libertad", aseguró Sarkozy.

Sin embargo, como reconocerían más tarde los representantes de grandes multinacionales culturales, la moralización de internet no es gratuita. Se abre camino desde las instituciones como consecuencia de la pérdida de ingresos del modelo de negocio tradicional. Desde Bruselas, su antiguo ministro y ahora comisario de Mercado Interior publicó un documento avanzando parte de las medidas que la Comisión Europea pondrá sobre la mesa en los próximos meses. Los planes de Barnier se basan en dos ejes. El primero pasa por favorecer la cooperación entre las empresas que suministran la conexión a internet y las sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, para que detecten violaciones del copyright a través del intercambio de archivos o el visionado online de películas o series.

Según Bruselas, nadie mejor que las compañías que garantizan la conexión a internet está en condiciones de indagar en las actividades de los usuarios. Según el comisario, esta colaboración, puesta en marcha en Holanda, constituye "un buen modelo". La idea bebe del acuerdo contra la piratería internacional ACTA, pendiente de firma. El pacto, negociado en secreto, fue contestado por el sector de las telecomunicaciones, que interpretó que su rol podría pasar de suministrar infraestructura a fiscalizar su uso.

Contra The Pirate Bay

El otro eje de la propuesta de Barnier también incluye a los teleoperadores, pero en vez de dirigirse al usuario pretende "cerrar" las webs que "faciliten la piratería". La propuesta todavía no ha tomado forma, pero recuerda a la conocida como ley Sinde, que permite iniciar un proceso administrativo contra una web a partir de una denuncia de violación del copyright. Fuentes del equipo del comisario aseguraron que la meta es luchar contra "webs como The Pirate Bay, que facilitan multitud de enlaces a obras protegidas".

La Comisión también anunció ayer que estudiará la armonización del canon digital, que se aplica de forma muy dispar en una multitud de países de la UE. Por último, Bruselas pretende dotar al Observatorio europeo sobre Falsificación y Piratería de competencias para llevar a cabo "campañas de concienciación, educación para las autoridades que hacen cumplir la legislación, investigación para innovar en la aplicación de la ley" y cooperación con otros países.

La apuesta de Bruselas comenzará a concretarse a la vuelta del verano y será objeto de discusiones entre los estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo, que en el pasado se ha mostrado muy crítico con las intenciones de la industria. La Eurocámara ha recordado en varias ocasiones que toda intervención de internet no puede violar los derechos fundamentales de la legislación europea.

"Nadie puede controlar o limitar internet", aseguró ayer Sarkozy, defendiéndose de las críticas. Según Barnier, "la intención no es criminalizar a nadie". No lo ven así las asociaciones de internautas, que consideran foros como el del G-8 una "cortina de humo", un "pretexto" para "controlar un poco más internet", según Jérémie Zimmermann, portavoz de la asociación La Quadrature du Net. "No somos ladrones", advirtió durante una de las ponencias, en referencia a los que utilizan servicios de intercambios de archivos.

"Romper internet"

Según la industria, la piratería ha costado al sector europeo de la música, el cine y la televisión 10.000 millones de euros y más de 185.000 puestos de trabajo sólo en 2008. Como contraposición, las asociaciones de usuarios recuerdan que el modelo de negocio ha evolucionado y que los artistas ganan ahora grandes sumas de dinero gracias a conciertos o a través de webs que facilitan archivos de vídeo de calidad a precios asequibles.

Para John Perry Barlow, fundador de la Electronic Frontier Foundation, el debate se centra en "imponer las prácticas de negocio que vienen de otra época". En su opinión, las medidas son "draconianas" y buscan salvar un negocio que ha perdido su razón de ser. Y es necesario "comprometerse con la audiencia" para buscar soluciones que se puedan rentabilizar, en vez de "romper internet" violando la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios.

Con la legislación próximamente en vigor en España, las sociedades de derechos de autor hacen sus planes. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos trabaja ya en un "paquete" de denuncias "contundente", según Andrés Dionis, director de la organización. La Coalición esperará a que la ley Sinde se haya desarrollado totalmente para presentar un informe donde identificará a las webs que, según él, amenazan tanto a su negocio como al porvenir de la creación misma.

Fuente: Público