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- España está lejos de grandes mecas como EE UU o Reino Unido, pero comienza a incorporar la tecnología al mundo de las leyes
Retrasos de las aerolíneas, facturas de teléfono pese a que te habías cambiado de compañía, divorcios, cláusulas suelo de las hipotecas, contratos laborales… Situaciones convencionales que requieren de la actuación de la Justicia –siempre que quieras resolverlas–. Y en muchas de ellas piensas que el abogado te va a costar un ojo de la cara o, directamente, que no sabes ni cómo gestionarlas. Las llamadas iniciativas legaltech aseguran ser la solución en este tipo de situaciones no demasiado complicadas en las que no se requiere la intervención judicial.
Alejandro Elduayen, director de marketing de Rocket Lawyer, define este nuevo término: “Refleja un nuevo comportamiento dentro del sector jurídico en el que las compañías que prestan un servicio legal adaptan o crean sus negocios mediante la tecnología, independientemente de dónde provenga esta tecnología”. Es decir, los usuarios pueden resolver sus conflictos legales a golpe de clic.
Esta revolución, en expansión en España desde hace dos años, ha propiciado que surjan nuevas empresas dispuestas a solucionar problemas legales cotidianos sin necesidad de acudir a un bufete. Una de ellas es iUrisfy. Creada en 2015 por tres socios, se trata de una app para asesorar y tramitar divorcios de mutuo acuerdo. Carmen Cabalga, una de las cofundadoras, afirma que no dudó en dar el salto digital tras más de 15 años ligada al Derecho tradicional. “La aplicación permite desarrollar toda la negociación entre las dos partes de la pareja para que puedan comunicarse cuando lo necesiten y generar el documento legal del divorcio”, expone Cabalga.
Pablo Rabanal es otro exponente de cómo acercar la justicia al ciudadano. Es CEO y fundador de elreclamador.es, una web que tramita gratuitamente las reclamaciones por retrasos en los vuelos o el cobro abusivo de las cláusulas suelo hipotecarias. A diferencia de otras legaltech, Rabanal fue casi un insensato en este negocio porque lleva desde 2012 en este mercado y sin ninguna relación con el mundo del Derecho. “Yo no soy abogado, pero por un problema que tuve con una compañía de teléfonos entendí que los abogados no entran en causas pequeñas pese a que muchos usuarios sí quieren que les defiendan sus derechos”, argumenta.
En elreclamador.es trabajan bajo el lema de que si no ganan el caso, no cobran. Una suerte para ellos –y para quienes recurren a ellos– porque ya han salido victoriosos en el 98% de los 28.000 procesos que han tramitado. Rabanal tiene claro que Internet es lo que les ha propiciado atender tantas quejas. “Una legaltech, en comparación con los bufetes tradicionales, te permite dar servicio online. Es decir, puedes acceder a más público y más barato”, añade.
Muchas de estas compañías dicen estar impregnadas por el espíritu de Robin Hood, aunque sin robar a los ricos (desde luego, no viven en el bosque de Sherwood, sino en los móviles o en la Red). Repiten que quieren democratizar la justicia y no dejar sin derechos a quienes cuentan con menos recursos. “Muchos abogados no están acostumbrados a estos nuevos canales”, argumenta Elduayen. “Los servicios legales están dejando de ser un lujo y ya no se consumirán de la misma forma en que lo venían haciendo”, zanja Rabanal.
Las legaltech han conseguido que evolucione un sector reticente a los cambios. Cuatrecasas, un despacho de abogados fundado en 1917, ha entendido este nuevo escenario. O se imbuía de la innovación o de nada le iba a servir su gran tradición como firma legal. Francesc Muñoz, director de innovación del bufete, comenta que desde hace un año han puesto en marcha un programa para acelerar start-ups relacionadas con el Derecho. “Explicamos a nuestro presidente que este tipo de empresas estaban revolucionando el mercado en Estados Unidos. Tras un viaje a Nueva York y Silicon Valley, confirmamos la tendencia y nos convencimos de que había que apostar por esto. Nosotros queremos aprender con ellas en legaltech para mejorar la gestión”, concluye Muñoz.
Tal y como detalla Cabalga, la relación entre abogados y clientes va a cambiar y los precios se van a abaratar –según sus datos, un divorcio costaba 1.000 euros en un despacho y con la app de iUrisfy 380–. “Ocurrirá lo mismo que con la banca electrónica. Al final, cada ciudadano se gestionará a través de su ordenador o teléfono todo lo relación con el ámbito jurídico”.
El abaratamiento de los costes o procesos legales en los que las firmas tradicionales no se involucraban avalan el crecimiento de las legaltech. España está lejos de las grandes mecas de Estados Unidos o Reino Unido, pero, poco a poco, ha incorporado la tecnología al mundo de las leyes.
Es difícil predecir el siguiente paso de la tecnología en el sector. Muñoz aporta algunas ideas que están investigando, aunque reitera que todavía falta mucho camino por recorrer. “Inteligencia artificial para leer documentos o contratos inteligentes que se van a cerrar entre máquinas sensorizadas. Esto tiene que madurar e ir creciendo. Lo que está claro es que surgirán start-ups que reten a las grandes corporaciones de la información jurídica”, precisa.
FUENTE: Jorge G. García. El País.
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