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La venta ‘online’ es la forma más habitual de fraude por Internet

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Teclado de ordenador con el simbolo en uno de ellos del carro de la compra.
  • El comercio electrónico desbanca al timo en páginas de loterías y casinos

Virginia López Enano Madrid 16 FEB 2015 - 16:58 CET

El comercio electrónico sube un escalón y se convierte en la forma más habitual de fraude online en España, según el Estudio sobre la ciberseguridad y confianza de los hogares españoles que se ha publicado este lunes y que han elaborado el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). La estafa en páginas de venta online desbanca al timo en webs de loterías y casinos, que baja un 5% con respecto al último estudio, del año pasado.

El 48% de los usuarios ha sufrido alguna vez un intento de fraude en la Red, según los nuevos datos. El 26,9% de las estafas se perpetró a través de plataformas de venta online. En segundo puesto se sitúan ahora las webs de juego en Internet, cuya caída tiene que ver con que son páginas demasiado llamativas que hacen sospechar al internauta, según explica Héctor Suárez, técnico de ciberseguridad del Incibe. “En general, han bajado los porcentajes de todas las modalidades de fraude en Internet”, matiza Suárez, que lo atribuye a que el internauta es ahora un poco más consciente del peligro que puede acechar en la Red.

“Si algo es demasiado bueno, hay que desconfiar”, aconseja el técnico, que explica que el principal atractivo de estas páginas fraudulentas de venta es que ofrecen productos de calidad (desde aparatos electrónicos a coches y viajes) a un precio muy atractivo. Pero moverse en cifras monetarias bajas tiene también otra ventaja para el estafador ya que la sustracción no violenta de bienes por un valor inferior a 400 euros no se considera delito, sino una falta. Por eso en el 65,5% de los fraudes online se estafaron menos de 100 euros.

Es muy habitual, sobre todo en las webs de venta online, que los defraudadores hagan uso de una figura que recibe el nombre de mulero. Son unos intermediarios que sin ser conscientes hacen desaparecer el rastro del estafador. “Suele ser un usuario al que le llega una oferta de empleo con muy buenas condiciones: un buen sueldo y horarios reducidos. El empleador les paga por transferir dinero de unas cuentas a otras y así, sin saberlo, está eliminando el rastro de la compra fraudulenta”, explica el técnico de ciberseguridad.

Los consejos para evitar ser estafado son muchos, pero Suárez enumera las precauciones que más se deben tener en cuenta. “Hay que desconfiar de las ofertas demasiado buenas, evitar las operaciones por transferencia que no dejen rastro y que soliciten el dinero por adelantado. Nunca se deben dar datos personales y es muy útil revisar los datos legales de la empresa en la que queremos realizar la compra”, aconseja el técnico. Pero, a pesar de que ahora el usuario es más consciente del riesgo de usar estas plataformas de venta, la mayoría de los usuarios siguen dando más confianza al trato personal para realizar estas operaciones.

El televisor que no llega

No todos los regalos llegaron a su destino estas navidades, algunos dejaron con su ausencia un hueco debajo del árbol. Más de un centenar de usuarios que compraron objetos electrónicos en la plataforma online España PC entre el 29 de diciembre de 2014 y el 19 de enero de 2015 invirtieron sus ahorros en una cámara de fotos o un televisor que nunca llegó a manos del obsequiado. Ahora los afectados investigan si se trata de una estafa e intentan, al menos, recuperar su dinero.

Entre el 29 de diciembre y el 19 de enero esta web de venta registró cerca de 300 pedidos, una tienda de electrónica, informática y pequeños electrodomésticos de la que encontraron buenas referencias en Internet. Jaime Carrión, que ahora está al frente de la plataforma de afectados, realizó una búsqueda para comprobar la fiabilidad de la página y vio incluso que España PC había colaborado con otras webs de confianza en el sector durante varios años.

Todo parecía estar en orden y, además, el precio de los productos que ofertaba la plataforma era muy atractivo. Con todas las precauciones que pudo adoptar, Carrión compró un televisor que le costó poco más de 300 euros con gastos de envío incluidos. La primera sospecha se produjo justo en el momento de efectuar la compra. "Me pareció un poco raro que el pago se efectuara en mi cuenta en el momento en el que acepté, eso no suele pasar", recuerda Carrión.

Puesto ya sobre aviso vigiló el estado del pedido día a día, pero el televisor no llegaba. Como otros usuarios, trató de ponerse en contacto con la empresa y al principio esta respondía. "Nos decían que estuviéramos tranquilos, que había un retraso en los pedidos pero que los recibiríamos en un plazo de tres días", cuenta el afectado. Pero el 23 de enero cayó la web, en la que actualmente sólo se puede leer que está cerrada temporalmente por mantenimiento, y el teléfono de contacto de la empresa dejó de atender llamadas.

Ahora, centenares de personas esperan aún recibir el televisor o la cámara de fotos que adquirieron. El caso está siendo investigado por la Guardia Civil y el valor total de los productos que compraron los usuarios asciende a 100.000 euros, según cálculos de los afectados. “Todo apunta a que hubo intención de engañar a los consumidores. Nos queda por saber si fue alguien que hackeó la página o si es la propia empresa la que está detrás de esto”, afirma Diego Sarabia, abogado que lleva el caso.

FUENTE: El País.

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Cryptolockes, el ébola de los virus informáticos

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  • Todavía no hay herramientas informáticas que puedan eliminarlo desde que fue detectado en 2013.
  • Encripta el disco duro de los ordenadores "secuestrando" la información de bancos, multinacionales y particulares.

Un peligroso y sofisticado virus informático tiene en alerta a policías y expertos de todo el mundo porque encripta el disco duro de los ordenadores y es capaz de "secuestrar" la información de un banco, una multinacional e incluso poner en jaque a todo un país.

Fuentes policiales han confirmado que este virus tipo "malware", para el que, al igual que ocurre con el virus del ébola, todavía no hay herramientas informáticas que puedan eliminarlo, es una gran "estafa" que empezó a detectarse en 2013 en empresas y ya ha infectado por primera vez el ordenador portátil de un particular, un ciudadano vasco.

La Ertzaintza ha recibido esta semana su portátil y se ha implicado en la investigación de este caso, en la que también participan expertos en delitos informáticos de cuerpos policiales de varios países que, con la ayuda de las mejores empresas internacionales antivirus, tratan de "reventar" este código maligno.

Expertos en seguridad de sistemas informáticos y electrónicos de la empresa Control System Araba (CSI-CSA), una firma que desde hace 16 años aporta soluciones a grandes multinacionales, organismos estatales, pymes y usuarios, trabajan en la red para detectar estafas y acabar con este tipo de virus.

El llamado "cryptolockes" se ha ido mejorando desde que se detectó en 2013 y en sus nuevas versiones encripta el disco duro y cualquier unidad de almacenamiento, de forma que toda la información que contiene queda bloqueada o secuestrada.

Rescate de la información secuestrada

La víctima recibe al cabo de un tiempo un "pantallazo" en el que el "secuestrador" pide un rescate de entre 500 y 6.000 euros para recuperar la información perdida, dinero que debe pagarse mediante divisas llamadas Bitcoin, una moneda virtual que se utiliza exclusivamente en internet de forma que no se puede rastrear.

Aunque hay ya "miles" de afectados que han pagado, según los expertos en seguridad informática y electrónica, no se debe incurrir en ese "error" porque el "cracker" nunca va a mandar la clave para poder recuperar el ordenador porque sería descubierto.
Algoritmo militar

Esa clave o código es un algoritmo "de grado militar", con más de 30 caracteres, que utiliza desde el cirílico hasta el chino, y su sofisticación hace pensar a la Policía que ha sido creado por auténticos expertos que actúan en grupo.

Desde 2013 este virus ha infectado ordenadores de empresas, que con seguridad han pagado para recuperar datos valiosos o sensibles, pero por primera vez se ha detectado en el portátil de un particular, un vecino de Vitoria que ha recurrido a la empresa CSI-CSA y ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza.

El "cryptolockes" se pudo "colar" en su PC de muchas maneras: al descargar una canción, una película o al abrir un correo electrónico.

Los informáticos de esta empresa han hecho una copia del disco duro para investigar este software que, al parecer, procede de Rumanía, aunque puede que éste sea "un país de pasarela" y salga de otro lugar.
Estos "crackers" que, a diferencia de los "hackers", se dedican a "hacer el mal", a diseñar virus o pinchar teléfonos para obtener dinero, se sienten por el momento intocables porque saben que para que prospere una orden de la Interpol el "papeleo" previo es muy largo, se requiere autorización judicial y el proceso puede durar más de un año, explica el experto informático de CSI-CSA, quien desvela que "hay mucha gente trabajando en ello" y quizás "en dos o tres meses" se pueda desactivar.

El grupo internacional Kaspersky Lab, con sede en Moscú y presencia en 200 países, logró con sus potentes antivirus detectar las primeras versiones del "cryptolockes", aunque no eliminarlo, pero ahora se ha perfeccionado.

"Esto es muy serio. Es un problema mundial. Los que manejen este virus tienen un poder muy grande" y no se sabe "cuál puede ser su objetivo", porque si atacan por ejemplo a un banco y encriptan todas sus cuentas los clientes no podrían sacar su dinero hasta que se restablecieran las copias de seguridad y "caería en picado en la Bolsa. Sería como un 'corralito'", comenta el experto.

Si se vendiera en el mercado negro podría servir también para que una empresa hundiera a la competencia. De hecho algunas firmas han tenido que empezar de cero tras un ataque de este virus, que, incluso, "puede parar un país", alerta.

Impotentes ante el alcance de esta estafa, los informáticos aconsejan a los usuarios de internet tener instalados antivirus y "firewall" de pago actualizados al cien por cien y hacer copias de seguridad de todos los ficheros que tengan valor.

FUENTE:
Público.

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Las víctimas del 'phishing': personas mayores, discapacitadas y 'muleros'

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Susana López Casas | Barcelona




Un ciudadano de edad avanzada sufre un grave accidente, a resultas del cual queda discapacitado en silla de ruedas. Al volver a su domicilio tras un largo periodo de hospitalización, descubre con estupor que su cuenta corriente ha sido vaciada. Se pone en contacto con su sucursal bancaria, que no asume ninguna responsabilidad: las transferencias se han producido por vía electrónica con arreglo a lo dispuesto en la letra pequeña del contrato. Tras denunciar los hechos, la policía detiene a los receptores de las transferencias, que afirman haber remitido las cantidades a un país del este de Europa, con arreglo a un contrato de trabajo que les ofrecieron por Internet.

Lo anteriormente descrito podría ser un caso de 'phishing' cualquiera, de los muchos que ocurren a diario en nuestra geografía nacional. Muchos más de los que informa la prensa, que dedica mucho más espacio informativo a presuntos delitos contra la propiedad intelectual: según la memoria de 2012 de la Fiscalía General del Estado, los casos de estafa por Internet suponen el 64,36% de los procedimientos por 'ciberdelito', frente a un escaso 0,47% de los casos de propiedad intelectual. ¿Por qué este apagón informativo? A intentar responder esta pregunta, así como a ofrecer alternativas de justicia material para las distintas víctimas del 'phishing' dedicaré el presente artículo.

La culpa de la actual situación es penal y civil: penal de los 'cibercriminales', civil de los bancos. Los verdaderos responsables penales del 'phishing' difícilmente son condenados por la justicia: acostumbran a ser organizaciones criminales situadas en el extranjero, que mediante diferentes estratagemas consiguen hacerse con las claves de acceso a la banca electrónica, habitualmente de personas vulnerables por edad, discapacidad o escasa formación.

Estas mafias son las que reclutan por Internet lo que se conoce como 'muleros', personas a las que se les engaña mediante una oferta de trabajo, a las cuales se les encarga que reciban la transferencia en el país de la víctima defraudada, reteniendo una pequeña comisión, enviando el importe principal a las cuentas de los defraudadores, mediante sistemas de pago como Western Union MoneyGram. En múltiples ocasiones, el 'mulero' es tan víctima del 'phishing' como la persona a la que le vacían la cuenta.
 
Los bancos como acusación particular

Los bancos intentan evitar su responsabilidad civil mediante una simple estratagema: comparecer como acusación particular. Lo cierto es que con arreglo al Código Civil y Código de Comercio, el banco tiene la obligación de reembolsar al depositario las cantidades por éste ingresadas, sin que pueda responsabilizarlo de accesos ilícitos por parte de terceras personas.

En la práctica, las investigaciones policiales se quedan en España, los verdaderos criminales no son detenidos, el cliente del banco se queda sin su dinero, y el que acaba sentado en el banquillo es un 'mulero', convertido en cabeza de turco por el abogado del banco y el Ministerio Fiscal. Afortunadamente, las sentencias todavía las ponen los jueces, y no los ejecutivos de banca, y son múltiples los casos de absolución, como los que a continuación comentaré.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 29 de julio de 2010 absolvió a un 'mulero' acusado de blanqueo de capitales y estafa, considerando que es inadmisible imponer a los ciudadanos un deber de investigación sobre las actividades económicas ajenas para determinar si los bienes que manejan han sido generados o no en actividades ilícitas. En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 4 de marzo de 2011, al no estar el Tribunal convencido de que el acusado obrase con conciencia de la ilicitud de su actividad. Del mismo modo, sentencia de la Audiencia Provincial de León de 29 de julio de 2011, y de la Audiencia Provincial de Soria de 27 de febrero de 2012. Esta última sentencia refleja especialmente el patetismo de la situación:

"...estimamos que el acusado fue un mero instrumento, una víctima de los verdaderos defraudadores que le engañaron haciéndole creer que se trataba de una oferta de trabajo legal'.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de marzo de 2013, explica la historia de Olga, presunta 'mulera' acusada por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Transcribo a continuación el relato de hechos probados, que es en sí mismo un ejemplo paradigmático del engaño a que son sometidas personas de escasa formación que buscan desesperadamente trabajo:

"La acusada, Olga -mayor de edad y sin antecedentes penales-, respondiendo a una oferta de trabajo vía internet, suscribió un contrato de empleo, con efecto de vigencia a partir del día 9 de marzo de 2010, de prestación de servicios con una persona que dice representar a la mercantil Exact Building Company S.A.", domiciliada en Illinois (Estados Unidos de América) y con sede en Londres, Towe, 4225 Old Broad ST. La señalada trabajaría como 'agente de inversiones' con funciones resolutivas de cuestiones de organización (búsqueda de nuevos clientes, recepción de información abierta de las organizaciones sobre sus servicios); visita y estudio de la situación de los objetos de la compañía; preparación de informes después del cumplimiento de las tareas; recepción del pago por parte de clientes y rendición de cuentas al manager mayor, percibiendo como contraprestación un sueldo fijo durante el periodo de prueba de 1.335 euros mensuales, más una comisión.

Así las costas, Olga recibió en una libreta de ahorro de las que es titular en la Caja Vital, nº NUM000 , a través de internet, los días 14 y 15 de abril de 2010, tres transferencias por importe de 1500, 1500 y 100 euros respectivamente procedentes de la cuenta corriente de la anteriormente citada entidad, nº NUM001 , titulada a favor de Aida , quien ni las dispuso ni autorizó. Dichas transferencias habían sido acordadas presuntamente por terceras personas a quienes no afecta la presente resolución, en la medida de que no han sido avocadas al proceso por acusación alguna, y detectada las irregularidades por el departamento correspondiente de la Caja Vital, conociendo las mismas la acusada esta procedió de continuo a denunciar, también los hechos participados por sentirse del mismo modo perjudicada y engañada. La acusada extrajo, en las mismas fechas de ingreso en su cuenta el importe total, legalmente transferido de 4000 euros, cantidad que remitió con destino fuera de España, previo descuento de una pequeña comisión, siguiendo las instrucciones telefónicas de su superior en empresa que la había contratado".

La suerte de Olga fueron unos magistrados que hicieron más caso a su abogado de oficio que al abogado del banco. Los razonamientos de Perfecto Andrés Ibáñez, ponente de la sentencia en el Tribunal Supremo, son impecables:

Podrá argumentarse, como en efecto se hace, que la manera de actuar a que Olga se había comprometido, al contratar a través de Internet con la entidad de nombre Exact Building Company SA, de forma que las supuestas inversiones, también supuestamente captadas, pasarían por su cuenta o libreta, era francamente extraña al modo de operar de las entidades financieras convencionales. Pero lo cierto es que, como, con patente rigor, razona la sala, nada indica que la acusada, por su cultura y experiencia, tuviera que haber sido consciente y ni siquiera albergado una sospecha al respecto. De ahí la conclusión, que se expresa claramente en los hechos, en el sentido de que en ningún momento del desarrollo de la actividad ilegal descrita en los mismos, aquella actuó con el propósito de defraudar y tampoco de enriquecerse ilegítimamente a costa de otro.

Como moraleja de cuanto he expuesto, por parte de las autoridades estatales y bancarias -que a veces parecen ser las mismas- deberían invertirse más recursos financieros en información a usuarios y público en general sobre los peligros de las transferencias electrónicas y ofertas de trabajo por Internet, y centrarse en la persecución internacional, a través de Interpol, de los verdaderos criminales que permanecen con su botín a buen recaudo. El delito de blanqueo de capitales por imprudencia, recogido en el artículo 301.3 del Código Penal, no es precisamente algo que conozcan todos los mortales sin una formación adecuada: hasta las infantas que trabajan en banca pueden ser acusadas por él, a poco que se despisten.

Fuente: El Mundo.