13 de octubre de 2014

Adiós a la ventanilla, hola a los trámites en ‘la nube’

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Un hombre observa el monitor de un ordenador. EFE/Archivo

  • De un plazo medio de 16 días por trámite se pasa a unos segundos
  • Los ahorros económicos que genera la administración electrónica se elevan a 16.600 millones

Raquel Díaz Guijarro. Madrid


Seguro que aún recuerdan cuando había que acudir con la fotocopia de la declaración de la renta a varias ventanillas en varios días diferentes para, por ejemplo, solicitar una beca o cualquier subvención pública. Uno siempre se preguntaba aquello de: “pero es que Hacienda no sabe cuánto gano”. Eso ya se ha acabado, pero, aunque parezca mentira, no hace tanto tiempo. Y es que hasta que el sector público no ha tenido que reducir sus gastos de manera drástica, acuciado por un déficit y una deuda galopantes, parece que la implantación de la administración electrónica podía esperar.

Sin embargo, la necesidad de ahorrar y el hecho de que España siempre fuese señalada en los estudios internacionales como uno de los países donde era más complicado, entre otras cosas, crear una empresa han acelerado la transformación. Así, para numerosos trámites se ha pasado de las tradicionales ventanillas y el vuelva usted mañana a una administración abierta las 24 horas, siete días a la semana y 365 días al año.

Algo tan sencillo como comunicar un cambio de domicilio hoy puede ser resuelto entrando en una dirección de internet de la Administración General del Estado: https://cambiodomicilio.redsara.es. A partir de ese momento, será la Administración la encargada de informar a todos los organismos por usted: Agencia Tributaria, Tráfico, Seguridad Social, Dirección General de la Policía, entre otros. Se ahorra de este modo que el contribuyente deba comunicar su nueva dirección a cada uno de esos u otros organismos.

Fuentes de Hacienda sostienen que mientras el coste medio de un servicio de manera presencial es de unos 80 euros, si el trámite se realiza de forma telemática, es de apenas cinco euros. Esta espectacular reducción de costes explica que en los últimos dos años, ciudadanos y empresas hayan ahorrado 16.600 millones de euros.

Y aunque esa cifra se antoja abultada, lo cierto es que para llegar a ella se han tenido en cuenta los ahorros de tiempo que se obtienen, que como es lógico se traducen en dinero. Así, de un tiempo medio de 16 días para hacer que los cambios y notificaciones lleguen a su destino, se pasa a un espacio de apenas unos segundos. Además, del coste que solía conllevar la gestión ante un mostrador y el papel de los métodos tradicionales, se ha pasado a una transacción que solo cuesta unos 10 céntimos, puesto que desaparecen labores como el empaquetado, los servicios postales, archivos, fotocopias o sellados.

Por lo tanto, toda la documentación que ya obre en poder de la Administración, desde un título académico, el volante de empadronamiento, pasando por estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria o los certificados que emiten los registros civiles y con el consentimiento previo del ciudadano, será remitida de manera telemática allí donde corresponda, por ejemplo, si se solicita una subvención pública. Es la llegada de lo que podría denominarse la Administración en la nube o la e-Administración.

¿Qué trámites concretos se pueden realizar ya de manera plenamente electrónica? Quizás los más conocidos sean la declaración de la renta, la búsqueda de trabajo o el reconocimiento de las prestaciones por desempleo. Pero también es posible ya crear una empresa con plenas garantías jurídicas, presentar una denuncia ante la Policía Nacional, declarar el IVA por parte de empresas y autónomos, solicitar la situación de los pagos a la Seguridad Social o pedir una beca. Asimismo, se puede obtener el certificado de vida laboral, nacimiento, matrimonio o defunción, consultar los datos catastrales de inmuebles rústicos o urbanos e incluso solicitar formar parte del programa de vacaciones para mayores dentro del programa social de turismo destinado a personas mayores.

Esta transformación ha empezado ya a dar sus frutos. En un reciente informe de la ONU, España ha pasado a ocupar este año el puesto 12 en el mundo (antes el 23) por el grado de implantación de la administración electrónica. En el uso de los servicios públicos, se ha mejorado desde el puesto 31 al 19.

Se acaban las facturas en los cajones

Dentro de la extensión de la e-Administración, uno de los hitos más importantes es la implantación de la factura electrónica. Con ella, se constituye un punto único de la Administración General del Estado en internet para la remisión de facturas de proveedores a organismos del sector público.

Pretende ser un registro contable único que destierre de una vez por todas la práctica hasta hace muy poco habitual de guardar facturas en el cajón sin control (baste recordar las deudas pendientes que tenían las administraciones, que hubo que pagar con los planes de pago a proveedores).

“Se mejora de este modo el control interno de la facturación, se reduce el fraude fiscal y se fomenta la transparencia en las cuentas públicas, según el plan de erradicación de la morosidad”, recuerdan desde Hacienda. Cada factura ahorra 3,48 euros, 0,70 al emisor y 2,78 al receptor.

FUENTE: Cinco días.

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3 de octubre de 2014

Digital vs Humano: ¿La tecnología causa una involución humana?

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¿Qué clase de mundo dejaremos a las generaciones venideras? Esa es una pregunta clásica del argumentario ecologista y también de los científicos del Panel del Cambio Climático en relación al calentamiento global y sus consecuencias. Los científicos y alguna figuras públicas que han tenido un enorme éxito en este discurso, como Al Gore, que ganó un Oscar con su documental Una verdad Incómoda, llevan ya décadas alertando de que, a este paso, nuestra generación dejará un planeta condenado para los que vendrán tras nosotros. Esa velocidad tiene que ver con el aumento de emisiones mundiales de CO2 a un ritmo muy alto, debido a la acción humana. Sin embargo hay otras cosas en la evolución global que van mucho más aceleradas, como aquellas que son impulsadas por la evolución de la era digital.

La diferencia del ritmo de cambio de lo digital con el ecosistema terrestre es de enorme magnitud. Así lo deja patente Nicholas Carr, el antiguo editor ejecutivo de la prestigiosa revista Harvard Business Review, que en su ya famoso último libro La jaula de cristal se pregunta: «¿Qué clase de mundo estamos construyendo para nosotros mismos?»

Sus críticos acusan a Carr de seguir una línea crítica con las tecnologías por motivos comerciales, ya que su mensaje está llegando al gran público y está haciendo que el debate entre en la agenda e incluso en la corriente principal (mainstream) de los debates mundiales centrales sobre la globalización tecnológica. Los argumentos de las anteriores fases de este debate tenían que ver con la dependencia de la economía y las empresas de la tecnología digital y de los ordenadores, pero Carr que, es justo decirlo, siempre ha sido crítico con los efectos de la tecnología digital, prefiere ahora centrar sus tiros en la automatización generalizada como el ejemplo esencial del cambio.

En 2004, publicó en su revista un artículo sobre su primer libro que ya era crítico con el discurso generalizado sobre la tecnología como paradigma de la mejora y el crecimiento de las empresas. Aquel libro dejaba clara su postura desde el mismo título: Las tecnologías de la información... ¿son realmente una ventaja competitiva?


El intelectual norteamericano Nicholas Carr en una visita reciente a España. SERGIO ENRÍQUEZ

El argumento sobre el que se sostiene dicho título y sobre todo la pregunta es que la apropiación generalizada de las tecnologías digitales por la gente, especialmente a causa de su abaratamiento, estandarización y también por la disminución de la curva de aprendizaje, las hace menos decisivas para la competitividad empresarial. Naturalmente, las ideas del libro contrariaron a la plana mayor de la industria de la tecnología digital. Directivos de Intel, Microsoft, y Hewlett-Packard y otras más salieron a la palestra para negar la mayor a Carr y defender la idea generalizada que crea una asociación automática entre tecnología y progreso de la sociedad: el nivel tecnológico de una sociedad es el índice por el que se puede medir su progreso.

En este discurso la industria tecnológica había cosechado gran éxito mostrando las evidentes ventajas de la tecnología para la gente, pero siempre había tratado de esconder sus inconvenientes -que como toda herramienta las tiene- bajo la alfombra. En 2004, Tim O'Reilly formuló la Web 2.0 que dio lugar a la explosión del Social Media y que es la prueba de que lo que Carr hablaba para la competitividad de las empresas en su primer libro se había transformado en un asunto universal.

Un año después, Carr fijó el punto de mira de sus criticas en la segunda generación de Internet, sobre todo algunos de sus símbolos paradigmáticos. Ese año publicó en su blog un ensayo titulado: «The amorality of Web 2.0» y se atrevió a criticar a uno de las paradigmas de la Web 2.0: Wikipedia. Llamó despectivamente a su editores wikicrats (wikícratas) y señaló algunos artículos concretos de la enciclopedia libre de Internet con acusaciones tan argumentadas que el mismo fundador Jimmy Wales, tuvo que admitir que los artículos de Wikipedia criticados por Carr eran «una vergüenza terrible» y le pidió incluso consejos que ayudaran a mejorar la calidad de Wikipedia.

Nicholas Carr evolucionó su critica natural en el dominio empresarial de la Harvard Business Review y cambió de registro, y con ello, de dimensión sus criticas. Por una parte hizo un libro de transición entre el ámbiro empresarial y las consecuencias para las personas. Publicó en enero de 2008 The Big Switch: Reconectar el mundo, de Edison a Google, seguramente sabiendo que implicaría a cientos de millones de personas que lo estaban usando. También apoyándose en datos científicos -sus criticas están siempre sustentadas en datos- publicó en 2008, en la prestigiosa revista The Altantic un artículo de éxito global, por su controvertida posición, ya desde el mismo título que salió en la portada del anuario de la revista: «¿Está Google haciéndonos estúpidos?». Esta vez, ya no criticaba a la industria informática o tecnológica, sino al más grande gigante de Internet. Desarrollaba una crítica, a través del ejemplo de Google, al uso universal de Internet. Carr afirmaba en el artículo que el recurso constante a Internet puede tener efectos perjudiciales para nuestro sistema cognitivo y, según sus datos, daña la capacidad humana de concentración y contemplación, es decir, que podría provocar una involución mental y cognitiva en la gente. Dada la universalización del uso de internet (solo la red Social Facebook llegó a tener 1.100 millones de usuarios), los corolarios de la argumentación de Carr son obvios y desde el mundo de las ciencias cognitivas, pasando por la educación hasta las empresas tecnológicas se encendió un debate que aún continúa.

La siguiente vuelta de tuerca de Carr sobre el tema sucede en 2010. Publica en EEUU el libro The Shallows (en su titulo español: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?) que llega a finalista del Pulitzer y se convierte rápidamente un betseller: Afirma sin ambages que los cambios causados por Internet en el mundo, afectan a miles de millones de personas y que eso significa que está sucediendo aceleradamente una reestructuración física del cerebro humano. Además explica el paradigma de la neurociencia más general hoy en día: «La neuroplasticidad cerebral».


Medidor de emociones del Affective Computing MIT Media Lab. A. P.

En este mismo momento, Nicholas Carr ha lanzado otra carga de profundidad con su nuevo libro The Glass Cage (La caja de Cristal: Automatización y nosotros, y se une a otro de los debates del mainstream: la automatización, que han puesto en la palesta global dos profesores de la MIT Sloan, la escuela de negocios del MIT, Andrew McAfee y Erik Brynjolfsson, al lanzar este otro debate: «Hombre versus La Máquina», primero con su libro Race Against the Machine, How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, y después con The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies.

El nuevo libro de Carr unido a los de Andrew McAfee y Erik Brynjolfsson, combinan los dos facetas del debate global intelectual más importante que existe ahora mismo, y que está centrado en dos preguntas:

a) ¿Cómo las tecnologías digitales e Internet y la automatización (cibernética) afectan a la condición humana (la cognición la función intelectual, la inteligencia y sus extensiones)? Es decir cómo nos afectan como personas.

b) ¿Cómo afectan al trabajo humano y por tanto a las profesiones, a profesiones y por tanto a las formas de educación, y a los empleos, a las empresas, a las economías y por extensión a las formas de sociedad y de organización social de esta mundo global?

Estas dos cuestiones son ahora mismo el centro de uno de los principales controversias globales. Son cuestiones a reflexionar a las que nadie hoy puede ser ajeno. De sus detalles seguiremos en la siguiente entrega el próximo viernes.

FUENTE: El Mundo.

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-Máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones.

22 de septiembre de 2014

Así afectará a Internet la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

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¿Por qué es importante para los usuarios de Internet la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ahora en trámite parlamentario? ¿Qué significa que la 'Ley Sinde' sale reforzada y endurecida? ¿O que se cree un 'canon' por citar a los editores de publicaciones (la llamada 'tasa AEDE')? ¿En qué afectará a los usuarios de Internet?

Este es el texto que irá al Senado (PDF).

En los últimos 15 años, más o menos, cualquier iniciativa para regular la actividad en Internet, [tanto de usuarios como de empresas] ha sido acompañada de duras polémicas, cruces de acusaciones e incluso descalificaciones entre patronales, sectores de la industria de contenidos y de las telecomunicaciones, asociaciones de usuarios, activistas y políticos de uno y otro color. No es nada nuevo.

Ahora bien, ¿cuáles son las claves de esta nueva reforma que se plantea y que el Congreso aprobó en la Comisión de Cultura, con carácter de urgencia? ¿Por qué es (otra vez) tan polémica?

Sobre todo, hay dos aspectos de esta reforma planteada afectan a los usuarios de Internet: el refuerzo de la llamada 'Ley Sinde' y el conocido como 'canon AEDE' o 'Tasa Google'. En cuanto a la primera, hay que recordar que el origen de la reforma conocida como 'Ley Sinde' -modificaciones de varias leyes, como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), incluídas en la Ley de Economía sostenible (LES)- buscaba crear un arma administrativa para 'restablecer la legalidad' en los casos de una violación de derechos de autor en la Red, de una forma ágil y rápida. Ahora se modifica y refuerza este instrumento legal, después de comprobar su limitadísima eficacia.

REFUERZO DE LA 'LEY SINDE'

En segundo lugar, la limitación del derecho de cita ha copado los titulares al hilo de esta reforma, sobre todo por la creación de una compensación irrenunciable o canon en favor de los autores de contenidos con "finalidad informativa" y a pagar por los agregadores de contenidos.

Extensión del concepto de 'infractor'

Con el texto de la reforma en la mano, prácticamente todos los usuarios activos de Internet -es decir, quienes producen contenidos bien completamente originales pero que permiten la participación de otros, o bien a partir de los contenidos de otros- podrían ser potencialmente infractores de derechos de propiedad intelectual.

La norma propuesta, tal y como está redactada (Art 158 ter. 2. A y B), abre la puerta a estirar el concepto de 'infractor' (de 'pirata') prácticamente a cualquier ciudadano que disponga de un sitio web y facilite enlaces a contenidos no autorizados, incluso si no los ha colocado el responsable del sitio (o sea, si aparecen en comentarios de sus lectores, que permanentemente deberá vigilar). Aunque la norma se ha pensado para actuar contra sitios tipo 'Series Yonkis', lo cierto es que se ha eliminado del texto el requisito de 'daños significativos'. Cualquier daño, por tanto, se puede considerar como 'infracción'. La norma prevé que se atienda "al nivel de audiencia en España [del sitio presuntamente infractor], al número de obras y prestaciones protegidas, indiciariamente no autorizadas, a las que es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio".

Notificación (Eh, me estás 'pirateando')

Parece que los dueños de sitios web de contenidos, sean cuales sean, van a tener que estar muy pendientes de cualquier posible notificación de una vulneración de propiedad intelectual de cualquiera: para arrancar el proceso administrativo uno sólo tiene que demostrar que ha intentado ponerse en contacto con el presunto infractor.

Para pedir amparo a la Sección Segunda, aquel que considere que un sitio ha vulnerado sus derechos de propiedad intelectual debe 'demostrar' que antes ha tratado de avisar al supuesto infractor y que éste no le ha hecho caso. Para demostrarlo, basta con que el agraviado mande un correo al presunto 'infractor'. Incluso si éste no contesta, se da por notificado. Si no se facilita una cuenta de correo, este requisito ni siquiera es necesario. (Art 158 ter. 3.). En tales casos bastará con la publicación del aviso en el BOE.

La Sección Segunda actúa

Con las herramientas para 'salvaguardar los derechos de propiedad intelectual', sigue quedando en manos de un órgano administrativo establecer si alguien comete una infracción de derechos de propiedad intelectual, es decir, el Gobierno podrá decidir y en su caso castigar a quien él mismo considere que es un 'pirata'. Hay que recordar que ahora la Sección Segunda puede actuar no sólo contra los que vulneren la propiedad intelectual sino "contra quienes faciliten la descripción o localización de las obras" (excepto aquellos prestadores que realicen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos, o sea, Google).

El órgano administrativo llamado Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual está formado (Art. 158. 4), bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura (o persona en la que éste delegue), por dos vocales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un vocal del Ministerio de Industria, un vocal del Ministerio de Justicia, un vocal del Ministerio de Economía y un vocal del Ministerio de la Presidencia. Decide si admite a trámite o no las reclamaciones, decide también si hay una infracción -antes de la llamada 'Ley Sinde' eso sólo lo podía decidir un juez- y puede actuar en consecuencia. Ahora, además, el procedimiento puede iniciarse contra aquellos sitios web que "facilitan la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización [...] .

En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio". Es decir, se introduce en el art. 158 ter 2. B un precepto que está pensado específicamente para actuar contra los sitios web de enlaces a descargas.

En este sentido, conviene recordar una sentencia reciente de la Audiencia Nacional tras un recurso de 'Quedelibros' contra una resolución de la Sección Segunda, y en la que considera que los sitios de enlaces, como intermediarios, no vulneran la propiedad intelectual. La Audiencia Nacional establece que no se puede actuar solamente contra un sitio 'facilitador', sino conjuntamente cuando se actúe contra un servicio 'vulnerador', y recuerda que el procedimiento que prevé la Ley de Propiedad Intelectual "tiene como finalidad el restablecimiento de la legalidad", no sancionador. Lo primero que hay que hacer es avisar al supuesto infractor.

Localizar al infractor (y de paso a los usuarios)

Hasta la fecha, todos los Gobiernos que han tratado de luchar contra la 'piratería' aseguraban que jamás se actuaría contra los usuarios de Internet. No obstante, esta reforma abre una puerta a la posibilidad de identificar a un usuario de Internet por la vía civil, aunque no haya cometido un ilícito grave, para poder reclamar por la vía civil indemnizaciones por los archivos que compartan los usuarios.

La reforma plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 'a medida' no sólo para dar una herramienta más para localizar a los supuestos infractores responsables de sitios web de enlaces -el objetivo del Gobierno cuando plateó la reforma- sino a los prestadores de servicios de la sociedad de la información relacionados con ellos, e incluso a cualquier usuario de dichos servicios "sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta" material protegido por derechos de autor.

Esta reforma da la posibilidad, en definitiva, de identificar a cualquier usuario activo de Internet por la vía civil, aunque no haya cometido un ilícito grave. Tal y como explica el abogado especializado David Maeztu en su blog, la reforma del artículo 256 de la LEC incluye la posibilidad de que "el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo" pueda pedir a "un prestador de servicios de la sociedad de la información" que "aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios".

Tras las enmiendas aceptadas en el Congreso, ni siquiera es necesario que dicho usuario esté difundiendo "a gran escala", sino que tan sólo se tendrá en cuenta "el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas". Una más completa explicación se puede leer en el blog del citado abogado experto.

El supuesto infractor borra los contenidos. O no

Si uno se niega a retirar contenidos, será sancionado por 'pirata', sin perjuicio de otras vías civiles y penales que quedan abiertas contra el infractor. Pero si uno accede y retira los contenidos, también es un 'pirata' porque conlleva implícito un reconocimiento de ello, sin perjuicio de otras vías civiles y penales que quedan abiertas contra el infractor.

Si el responsable del sitio web 'denunciado' accede a retirar los contenidos a petición de la Sección Segunda (por la razón que sea), el texto prevé que esta "retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendrán valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de propiedad intelectual". Es decir, si uno retira los contenidos o enlaces 'vulneradores' voluntariamente, uno reconoce que además ha cometido una ilicitud. Hay que recordar que hace un año el Tribunal Supremo tumbó precisamente un precepto similar en el reglamento de la llamada 'Ley Sinde' por ser contrario a derecho, tal y como recuerda el abogado Javier Maestre de Bufet Almeida Abogados.

Si el supuesto infractor se niega a retirar contenidos, en estos casos la Sección Segunda va a poder echar mano de una serie de herramientas que 'refuerzan' su poder. En caso de un incumplimiento 'reiterado' (que aparezcan los enlaces a obras no autorizadas dos o más veces) los responsables se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros (Art. 158 6). La Sección Segunda puede pedir también a intermediadores, servicios de alojamiento web, de pago y de publicidad su colaboración para suspender su colaboración con un sitio declarado infractor o 'asfixiarle' económicamente (Art. 158 5).

Por último, se mantienen dichas conductas declaradas 'infractoras', se podrá ordenar el bloqueo del sitio web a las empresas proveedoras de conexión a Internet, eso sí, previa autorización judicial. En este caso, cabe recordar que el juez se limita a autorizar o no dicho bloqueo sin atender si el sitio web es infractor en un proceso con todas las garantías judiciales. Y si el sitio web dispone de una dirección bajo el dominio nacional '.es', la Sección Segunda puede además ordenar a la autoridad registradora de dominios responsable (RED.es) que cancele dicho dominio por un plazo de, al menos, seis meses.

El canon digital desaparece... y la copia privada, casi
Olvídese del llamado 'canon digital por copia privada'... De hecho, olvídese de la 'copia privada' tal y como la conocíamos hasta ahora, ya que queda estrictamente delimitada: sólo se permite copiar para uso privado un material en un soporte físico y comprado a través de los cauces lícitos exclusivamente.

QUÉ ES EL 'CANON AEDE'

Una de las banderas de esta reforma que ha enarbolado el Gobierno es la desaparición del controvertido 'canon digital', es decir, de la compensación por copia privada que tenían que pagar los fabricantes a las entidades de gestión de derechos de autor por cada dispositivo capaz de grabar y reproducir contenidos (CD, DVD, memorias USB, reproductores de MP3, etc.). Al final, como siempre sucede en estos casos, el sobreprecio lo terminaban asumiendo los consumidores.

La Justicia europea se encargó de decir, hace cuatro años, que la aplicación de este canon no era conforme a derecho porque, en la práctica, era 'indiscriminado' (Caso Padawan). En la anterior reforma, el Gobierno estableció que el estado tenía que pagar esa compensación vía Presupuestos Generales del Estado (es decir, no sólo los consumidores, sino todos los ciudadanos) y se rebajó dramáticamente la cuantía liquidada (antes la establecían las entidades de gestión, ahora el Ministerio de Cultura). Con la reforma prevista, se acota radicalmente el concepto de 'copia privada' (Art. 31.2) sólo a aquélla que se realiza a partir de un soporte original comprado. ¿Se excluyen las obras digitales sin soporte ('streaming', por ejemplo), las copias de obras alquiladas, o incluso de las prestadas o regaladas? Tal y como está redactada la norma, sí.

El texto propuesto considera copia privada no sujeta a la autorización de un autor aquella que lleve a cabo una "persona física exclusivamente para su uso privado", que además "se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita", "comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil" o "a través de un acto legítimo de comunicación pública". Introduce una excepción sobre aquellas obras "puestas a disposición del público [...] de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra". De alguna manera, las obras con licencias libres o menos restrictivas (como las licenciadas mediante Creative Commons) podían encajar aquí. Por otro lado, el artículo 25.2 declara "irrenunciable" el derecho al cobro de la compensación por copia privada "para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes".

El nuevo 'derecho de cita' es uno de los puntos que más polémica han despertado. La norma propuesta modifica el artículo 32.2 de la actual ley, e indica textualmente: "La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa".

En primer lugar, tal y como recuerda el profesor y experto Borja Adsuara, "no es correcto decir que el 'canon' sea por 'enlazar', sino por 'comunicar públicamente' (un fragmento de) un contenido". Con esta interpretación, podrán eludir el pago de esa compensación los sitios en los que los usuarios no copien y peguen extractos literales de sitios informativos, sino que generen un resumen original y luego el enlace a la fuente original.

Por un lado, se considerará 'cita' cualquier extracto literal de una obra republicada en otro sitio, incluso de aquellas obras producidas por medios de comunicación. Parece que la publicación de cualquier fragmento (por pequeño que sea, si nos ceñimos literalmente al texto) puede dar lugar a la compensación equitativa. Y está aún por ver qué se entiende por "publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento" ¿Hablamos de medios tradicionales con sitio web? ¿Hablamos de nuevos medios? ¿Hablamos de blogs, de cuentas informativas en Twitter, Facebook y otras redes sociales?

La norma no especifica claramente quién es el que pagará y quién es el que recibirá la compensación. Y sin embargo, por las afirmaciones del Gobierno, parece que quien cobrará esa compensación serán los medios de comunicación tradicionales (de ahí que se ha bautizado este 'canon' con el nombre de la Asociación Española de Editores, AEDE), mientras que deberán pagar los agregadores de contenidos sociales como Menéame o Google News. Y por supuesto habrá que tener en cuenta el límite que se establece en el artículo 40 bis de la LPI, que excluye del 'derecho de cita' (o de agregación, en este caso) las actividades que "causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran".

El artículo habla de "prestadores de servicios electrónicos". Adsuara, en su post, sostiene que según la LSSI se considera "prestadores de servicios" aquellos que desarrollan una actividad económica, "lo que excluiría a quienes realizan esta actividad sin ánimo de lucro". Además, el citado experto cree que se "excluye a aquellos prestadores de servicios (electrónicos) cuyos servicios no consisten en agregar y ofrecer los fragmentos de contenidos, como las redes sociales, en las que son los usuarios los que utilizan y comparten los titulares o fragmentos no significativos de contenidos de la prensa". Adsuara habla, por tanto, de 'derecho de agregación', no 'de cita'.

Además, el texto establece que los dueños de los derechos (editores u "otros titulares", lugar en el que, según Cultura, podrán ir enmarcados los periodistas) tienen también un 'derecho irrenunciable' a cobrar una compensación equitativa. Dice textualmente: "Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual". Adsuara carga contra esa irrenunciabilidad: "No hay que olvidar que los derechos de propiedad intelectual son individuales y los titulares de los derechos deben poder hacer con su obra lo que quieran: cobrarla, regalarla o, incluso, destruirla". Asimismo, los legisladores y el propio Gobierno parecen ignorar que los autores normalmente se ven obligados a ceder por contrato todos sus derechos económicos a los editores a cambio de una cantidad, que en el caso de los periodistas suele ser parte del salario.

La misma norma establece que la recaudación, gestión y reparto de ese dinero 'irrenunciable' recaerá en las entidades de gestión de derechos de autor, muy probablemente CEDRO, que es la encargada de gestionar la mayoría de los derechos de autores y editores de libros y publicaciones periódicas en España.

Este 'canon' fue inicialmente bautizado como 'tasa Google', a pesar de que la norma excluye expresamente a los buscadores. En el segundo párrafo del art. 32.2 establece que los buscadores (con Google claramente a la cabeza en España) no tendrán que pedir permiso a los autores ni pagarles el 'canon' "siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia [las búsquedas de Google tienen una finalidad comercial, no obstante, aunque indirecta, mediante la publicidad de AdSense] y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos".

El artículo también regula extensamente el canon por cita en la enseñanza, especialmente en la universitaria, y establece que los centros han de liquidar las compensaciones a los autores citados. Se trata de una medida que tendrá un impacto profundo en el mundo académico -son muchos los autores dedicados a la investigación que quieren que sus obras sean ampliamente difundidas y denuncian que este derecho irrenunciable a un canon puede frenar dicha difusión- y por supuesto tendrá impacto en las maltrechas cuentas de las universidades españolas. No obstante, en este resumen nos hemos centrado al impacto que la nueva reforma podría tener en Internet.

FUENTE: El Mundo.

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