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La venta de programas copiados ilícitamente es sólo 'la punta del iceberg'
Pablo Romero | Madrid
La lucha
contra la 'piratería' informática va más allá del control sobre
la venta de programas copiados sin autorización. El uso de programas
propietarios sin el pago de la correspondiente licencia se extiende a
empresas que usan dichos programas para producir sus bienes o
servicios. ¿Qué consecuencias tiene esta práctica? ¿Merece la
pena el riesgo que se asume?
El portavoz de la Business Software Alliance (BSA) y director de marca de SAGE, Juan Luis Ramos, comenta al Navegante que "la venta de 'software pirata' es sólo la punta del iceberg". "Hay muchas compañías de ingeniería, de consultoría, industriales... firmas que hacen un uso intensivo de tecnología y que utilizan 'software' sin pagar las correspondientes licencias", se lamenta.
Entre los meses de enero y junio de este año, la BSA llevó a cabo un total de 189 acciones judiciales al respecto. La industria estima que el valor comercial del 'software' sin licencia instalado en los ordenadores ascendió, el pasado año y según sus propios cálculos, a 874 millones de euros (PDF).
Esta cifra sale de los cálculos de IDC, que proyecta sobre los equipos vendidos qué programas son los necesarios y compara ese dato con el uso real de dichos equipos, así como con los resultados de miles de encuestas en todo el mundo. En cualquier caso, dicho dato es complicado de contrastar ya que cada programa tiene una licencia concreta, de modo que en algunos casos un mismo programa puede utilizarse en vayas máquinas con una sola licencia, por ejemplo.
Carlos Pérez, de Écija Abogados (firma que lleva los asunto legales de la BSA en España), confirma que el mayor propblema de la industria es el uso copias no autorizadas de programas. La propia BSA se encarga de denunciar este hecho tras recibir 'soplos' que en un 75% de los casos provienen de ex empleados descontentos. Encabezan los registros tras conseguir una orden judicial.
El portavoz de la Business Software Alliance (BSA) y director de marca de SAGE, Juan Luis Ramos, comenta al Navegante que "la venta de 'software pirata' es sólo la punta del iceberg". "Hay muchas compañías de ingeniería, de consultoría, industriales... firmas que hacen un uso intensivo de tecnología y que utilizan 'software' sin pagar las correspondientes licencias", se lamenta.
Entre los meses de enero y junio de este año, la BSA llevó a cabo un total de 189 acciones judiciales al respecto. La industria estima que el valor comercial del 'software' sin licencia instalado en los ordenadores ascendió, el pasado año y según sus propios cálculos, a 874 millones de euros (PDF).
Esta cifra sale de los cálculos de IDC, que proyecta sobre los equipos vendidos qué programas son los necesarios y compara ese dato con el uso real de dichos equipos, así como con los resultados de miles de encuestas en todo el mundo. En cualquier caso, dicho dato es complicado de contrastar ya que cada programa tiene una licencia concreta, de modo que en algunos casos un mismo programa puede utilizarse en vayas máquinas con una sola licencia, por ejemplo.
Carlos Pérez, de Écija Abogados (firma que lleva los asunto legales de la BSA en España), confirma que el mayor propblema de la industria es el uso copias no autorizadas de programas. La propia BSA se encarga de denunciar este hecho tras recibir 'soplos' que en un 75% de los casos provienen de ex empleados descontentos. Encabezan los registros tras conseguir una orden judicial.
Último registro
Uno de los casos más recientes en España es el de la compañía Peter Taboada SL, afincada en Vigo y dedicada al tratamiento de agua. A través de un correo electrónico, el Navegante tuvo conocimiento hace días de un registro ordenado por un juez y que tuvo lugar el pasado día 25 de octubre en su sede, cercana al aeropuerto de Vigo.
La BSA -que tiene como socios, entre otros, a Adobe, Apple, Autodesk, Microsoft, PTC, Siemens y Symantec- ha confirmado la acción judicial contra dicha empresa, tras detectar 'software' sin licencia. El asunto ha terminado en un acuerdo por el cual Peter Taboada SL pagará una indemnización por daños -no especificada oficialmente- y su compromiso de 'regularizar' la situación del uso de dicho 'software'.
Se trata de una compañía con más de 30 años de experiencia en el tratamiento y purificación de agua, con varias patentes nacionales e internacionales en su haber, varios reconocimientos oficiales (Obtuvo el Premio Galicia a la Innovación Empresarial en 2002) y cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 expedido por Lloyd's Register Quality Assurance.
Entre sus clientes, nombres de compañías como Acciona, Inditex, Zeltia, incluso la Guardia Real. Incluso suministra material para futuros submarinos militares clase S-80 y para los Buques de Acción Marítima (BAM), fabricados por Navantia para a Armada española. El dueño de la compañía es miembro fundador del Club Financiero de Vigo, entre otros.
¿Cómo es posible que una empresa que invierte en I+D, con una importante cartera de clientes y con una certificación de calidad esté envuelta en un caso semejante?
Difícil control
Hablamos con Pedro Taboada, presidente de la compañía en cuestión, para aclarar cuál es su situación en concreto. "Efectivamente se presentaron en la compañía, y de forma muy correcta y amable nos explicaron que tenían que hacer un registro", afirma. Declara que la compañía cuenta con 21 ordenadores, de los 44 ordenadores que hablaba el registro,
"Tras el registro se comprobó que faltaban las licencias de tres Autocad (de siete con los que cuenta la empresa) y de parte de algún paquete de Office, por lo que abonamos 5.000 euros por sus licencias, y acordamos una indemnización de unos 20.000 euros", asegura. Todo el 'software' restante tenia su correspondiente licencia, asegura.
"Nosotros siempre hemos trabajado con programas con sus correspondientes licencias, pero es cierto que a veces es complicado controlar lo que se pasan los compañeros de trabajo en el día a día", justifica. Y confiesa que el denunciante fue efectivamente un ex empleado, con acceso a todos los equipos informáticos, "que no se tomó especialmente bien su despido".
Otros casos
Según datos de la propia BSA, en lo que va de año, cuatro empresas gallegas han sido 'pilladas' en el uso de 'software' no autorizado, Las otras tres son Gaelsa Consultora Gallega de Electrificaciones SL, Iceacsa Consultores SL y Comercial Maquinaria F3 SL. "Los daños totales causados a los miembros de BSA por estas empresas se ha valorado en una cantidad global total de aproximadamente 655.000 euros", reza una comunicación oficial de dicha asociación. Lejos de los 20.000 euros por daños que pagó Peter Taboada.
El abogado de la BSA Carlos Pérez rehusó comentar las cifras del acuerdo. No obstante, recordó que los acuerdos suelen constar de dos partes, por un lado el borrado del 'software pirata' (y el pago de la correspondiente indemnización por su uso ilegal) y por otro la compra de las licencias de los programas que la compañía necesita.
Fuera de Galicia, también han sido objeto de registros tras una denuncia de la BSA Hipsitec SA, Sedein SL, Autowalker Valencia SL y Cerámica Meridiano. Pérez apunta que durante este este año dos empresas, una de León y otra de Barcelona, usaban cada una 'software' sin licencia valorado en más de medio millón de euros, mientras que el récord lo tiene una constructora andaluza que tenía en su poder programas 'piratas' por valos de 2,3 millones de euros.
"Lo importante aquí son las cifras del 'software' que se tiene y se usa pero que no se necesita", comenta Pérez. "Casi siempre sucede que las empresas no compran las licencias de todos los programas 'pirata' que tienen que borrar".
"Se pone de relieve que existe poco respeto por la propiedad intelectual", afirma Juan Luis Ramos desde la BSA, quien asegura que "existe mucha permisividad a la hora de no respetar las licencias, aunque también depende del contrato de licencia de cada programa y en cada empresa", puntualiza.
Consecuencias
La industria del 'software' trabaja contra el uso de copias no autorizadas de programas. El abogado de la BSA en España recuerda que las empresas que realizan esta práctica "puede llegar a pagar el doble si son descubiertas, por las indemnizaciones". Existe además un riesgo informático añadido, por la falta de actualizaciones o de soporte oficial.
Carlos Pérez afirma además que la responsabilidad penal, si la hubiera, podría extenderse del adeministrador a la propia compañía, tras la reforma que incluyó en el Código Penal la responsabilidad penal corporativa.
No obstante, el abogado clama contra la circular 1/2006 de la Fiscalía (PDF), famosa por su aplicación en temas de P2P. "Nos está machacando, ya que al considerar que en el uso de programas 'piratas' no hay ánimo de lucho, estas prácticas no encajan en el delito contra la propiedad intelectual", lamenta. "Estamos tratando de convencer a la Fiscalía que modifique su criterio, ya que a la vista están las cifras del valor del 'software' pirateado", apunta.
Fuente: El Mundo.
Uno de los casos más recientes en España es el de la compañía Peter Taboada SL, afincada en Vigo y dedicada al tratamiento de agua. A través de un correo electrónico, el Navegante tuvo conocimiento hace días de un registro ordenado por un juez y que tuvo lugar el pasado día 25 de octubre en su sede, cercana al aeropuerto de Vigo.
La BSA -que tiene como socios, entre otros, a Adobe, Apple, Autodesk, Microsoft, PTC, Siemens y Symantec- ha confirmado la acción judicial contra dicha empresa, tras detectar 'software' sin licencia. El asunto ha terminado en un acuerdo por el cual Peter Taboada SL pagará una indemnización por daños -no especificada oficialmente- y su compromiso de 'regularizar' la situación del uso de dicho 'software'.
Se trata de una compañía con más de 30 años de experiencia en el tratamiento y purificación de agua, con varias patentes nacionales e internacionales en su haber, varios reconocimientos oficiales (Obtuvo el Premio Galicia a la Innovación Empresarial en 2002) y cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 expedido por Lloyd's Register Quality Assurance.
Entre sus clientes, nombres de compañías como Acciona, Inditex, Zeltia, incluso la Guardia Real. Incluso suministra material para futuros submarinos militares clase S-80 y para los Buques de Acción Marítima (BAM), fabricados por Navantia para a Armada española. El dueño de la compañía es miembro fundador del Club Financiero de Vigo, entre otros.
¿Cómo es posible que una empresa que invierte en I+D, con una importante cartera de clientes y con una certificación de calidad esté envuelta en un caso semejante?
Difícil control
Hablamos con Pedro Taboada, presidente de la compañía en cuestión, para aclarar cuál es su situación en concreto. "Efectivamente se presentaron en la compañía, y de forma muy correcta y amable nos explicaron que tenían que hacer un registro", afirma. Declara que la compañía cuenta con 21 ordenadores, de los 44 ordenadores que hablaba el registro,
"Tras el registro se comprobó que faltaban las licencias de tres Autocad (de siete con los que cuenta la empresa) y de parte de algún paquete de Office, por lo que abonamos 5.000 euros por sus licencias, y acordamos una indemnización de unos 20.000 euros", asegura. Todo el 'software' restante tenia su correspondiente licencia, asegura.
"Nosotros siempre hemos trabajado con programas con sus correspondientes licencias, pero es cierto que a veces es complicado controlar lo que se pasan los compañeros de trabajo en el día a día", justifica. Y confiesa que el denunciante fue efectivamente un ex empleado, con acceso a todos los equipos informáticos, "que no se tomó especialmente bien su despido".
Otros casos
Según datos de la propia BSA, en lo que va de año, cuatro empresas gallegas han sido 'pilladas' en el uso de 'software' no autorizado, Las otras tres son Gaelsa Consultora Gallega de Electrificaciones SL, Iceacsa Consultores SL y Comercial Maquinaria F3 SL. "Los daños totales causados a los miembros de BSA por estas empresas se ha valorado en una cantidad global total de aproximadamente 655.000 euros", reza una comunicación oficial de dicha asociación. Lejos de los 20.000 euros por daños que pagó Peter Taboada.
El abogado de la BSA Carlos Pérez rehusó comentar las cifras del acuerdo. No obstante, recordó que los acuerdos suelen constar de dos partes, por un lado el borrado del 'software pirata' (y el pago de la correspondiente indemnización por su uso ilegal) y por otro la compra de las licencias de los programas que la compañía necesita.
Fuera de Galicia, también han sido objeto de registros tras una denuncia de la BSA Hipsitec SA, Sedein SL, Autowalker Valencia SL y Cerámica Meridiano. Pérez apunta que durante este este año dos empresas, una de León y otra de Barcelona, usaban cada una 'software' sin licencia valorado en más de medio millón de euros, mientras que el récord lo tiene una constructora andaluza que tenía en su poder programas 'piratas' por valos de 2,3 millones de euros.
"Lo importante aquí son las cifras del 'software' que se tiene y se usa pero que no se necesita", comenta Pérez. "Casi siempre sucede que las empresas no compran las licencias de todos los programas 'pirata' que tienen que borrar".
"Se pone de relieve que existe poco respeto por la propiedad intelectual", afirma Juan Luis Ramos desde la BSA, quien asegura que "existe mucha permisividad a la hora de no respetar las licencias, aunque también depende del contrato de licencia de cada programa y en cada empresa", puntualiza.
Consecuencias
La industria del 'software' trabaja contra el uso de copias no autorizadas de programas. El abogado de la BSA en España recuerda que las empresas que realizan esta práctica "puede llegar a pagar el doble si son descubiertas, por las indemnizaciones". Existe además un riesgo informático añadido, por la falta de actualizaciones o de soporte oficial.
Carlos Pérez afirma además que la responsabilidad penal, si la hubiera, podría extenderse del adeministrador a la propia compañía, tras la reforma que incluyó en el Código Penal la responsabilidad penal corporativa.
No obstante, el abogado clama contra la circular 1/2006 de la Fiscalía (PDF), famosa por su aplicación en temas de P2P. "Nos está machacando, ya que al considerar que en el uso de programas 'piratas' no hay ánimo de lucho, estas prácticas no encajan en el delito contra la propiedad intelectual", lamenta. "Estamos tratando de convencer a la Fiscalía que modifique su criterio, ya que a la vista están las cifras del valor del 'software' pirateado", apunta.
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