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- El real decreto contempla que la compensación se cargue a los Presupuestos Generales
- La previsión de pago a las entidades será de cinco millones en 2012, frente a los 115 de 2011
Iker Seisdedos / Ana Marcos Madrid 7 DIC 2012 - 13:06 CET
Si se permite el recurso al viejo lema sucesorio, la cosa quedaría así: “El canon digital ha muerto, viva la compensación equitativa por copia privada”. Y si tomamos prestado cierto eslogan de concienciación tributaria, de este otro modo: “El nuevo canon somos todos”. El Consejo de Ministros celebrado ayer sirvió para certificar la defunción del antiguo sistema de remuneración por las copias particulares a las entidades de gestión de derechos de autor (es decir, a creadores, productores, actores...) También, para instaurar un nuevo régimen, según el cual, lo que se deja de cobrar por esas copias privadas se remunerará “a ejercicio vencido” mediante una partida fijada en los Presupuestos Generales del Estado.
En otras palabras, ya no soportan las cargas los que compren dispositivos electrónicos que permitan duplicar contenidos sujetos a la propiedad intelectual, sino que pagaremos todos por igual. ¿Cuánto? Mucho menos que con el viejo y polémico canon digital (las entidades recibieron 115 millones en 2011). En lo que respecta a 2012 se ha calculado que el daño hecho asciende a cinco millones de euros, cantidad ya contemplada en el anteproyecto de la ley presupuestaria presentada el pasado septiembre y que se mantendrá igual en 2013. Dividan entre 46 millones de habitantes si quieren saber a cuánto salen: casi 11 céntimos.Con este anuncio se culmina el proceso iniciado con la decisión, “una de las primeras del Gobierno del PP”, según se recordó ayer, de suprimir el canon, hecho por la misma Soraya Sáenz de Santamaría y en otro día semifestivo, el 30 de diciembre de 2011. “El Real Decreto”, explicó la vicepresidenta, “establece unos principios técnicos que determinan quiénes son los beneficiarios, con cuánto se les compensará y cómo, qué porcentajes se destinarán a los soportes audiovisuales, libros y discos”.
Aún queda por saber de qué modo se repartirán esos cinco millones entre las ocho entidades de gestión, extremo que preocupa mucho a estas y que se fijará por orden ministerial, aunque en el texto aprobado ayer ya se establecen porcentajes de un modo general (ver la ficha), se prevé que se puedan conceder anticipos y se obliga a destinar un 40% del dinero a “la promoción de actividades de carácter asistencial y a la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes” .
Lo que sí se conoce son los métodos empleados para calcular esa cantidad: se ha atendido a “criterios objetivos” (“número de copias realizadas, impacto sobre la venta de ejemplares de las obras, precio medio y vigencia de los derechos de propiedad intelectual, daño mínimo, aplicación de medidas tecnológicas o el diferente impacto de la vigencia del límite según el carácter digital o analógico de las reproducciones”), así como a estadísticas oficiales: la Encuesta Industrial de la Producción, la Encuesta de Presupuestos Familiares o el dato de consumo cultural en los hogares. También se ha consultado, afirman desde la Secretaría de Estado de Cultura, con las entidades. Con estas herramientas se hace un cálculo del perjuicio que aspira a ser “exacto”.
Se haya o no alcanzado la espinosa exactitud, no sorprendió comprobar después del anuncio de Sáenz de Santamaría y tras una ronda de llamadas, que las entidades de gestión no están precisamente de acuerdo con el nuevo régimen. No es ya que suscribieran un comunicado conjunto en contra hace un par de semanas con motivo de la celebración del 25 aniversario de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual. Es también que CEDRO (algo así como la SGAE del libro) ha denunciado ante la Unión Europea a España “porque la compensación equitativa por copia privada prevista en el sistema no es suficiente, ni adecuada para los titulares de derecho”. La denuncia ha sido secundada posteriormente por todas las entidades.
Quizá no sorprenda, si se tiene en cuenta que en el año transcurrido desde la aniquilación del sistema anterior y la instauración de este, el ministro José Ignacio Wert llegó a prometerles en reuniones a título privado, y según algunas fuentes, que la cuantía ascendería a 40 millones de euros, es decir, ocho veces más de lo finalmente asignado. Tampoco, si se dan por buenos los estudios de parte (en este caso, EGEDA) que aseguran que los fabricantes de los dispositivos afectados por el viejo canon no han bajado los precios desde su supresión.
Nadie niega, con todo, que el canon digital era un asunto tremendamente impopular, además de ilegal: quedó tocado de muerte por las dos sentencias del caso Padawan (llamado así por la tienda de informática barcelonesa que recurrió con éxito el sistema anterior) que lo tumbaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la Audiencia Nacional. No hay que perder de vista, además, que trata asuntos de un mundo analógico (¡CD vírgenes!, ¡fotocopiadoras!) que cada vez suenan más a cosa del pasado.
Muchos de estos intercambios se dirimen ya en eso que se conoce como la nube y denomina un espacio inconcreto de almacenamiento de archivos, también los sujetos a derechos de autor (hablamos de microuniversos como Spotify, iTunes o Filmin). Esas realidades paralelas quedan fuera de este sistema de compensación por copia privada. Su regulación se verá revisada con la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, en la que trabaja el equipo de María Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Al final de ese túnel aguarda el establecimiento de unas nuevas reglas de juego que pasan por el respeto de las licencias digitales y la transparencia en el reparto por parte de las entidades.
¿Cómo lograrlo? Para ello se invoca como un talismán el sistema comenzado a ensayar esta semana en la primera reunión para tratar la reforma de la financiación del Cine, en la que el secretario de Estado, José María Lassalle sentó a todos los interesados. En una esquina, productores, exhibidores, distribuidores y cadenas de televisión. En la otra, los ministerios de Hacienda, Industria, Economía, Vicepresidencia y Presidencia del Gobierno. Eso no garantiza la dirección en la que volarán los golpes en el cuadrilátero. Pero al menos, es un comienzo.
Fuente: El País.
